Ante el veto de la Audiencia Nacional, partidos vascos, convocan marcha en Bilbo por los pres@s

Después de que Audiencia Nacional española prohibiese la convocada por Etxerat, representantes de partidos vascos, entre los cuales no figura ni PNV ni la izquierda alternativa de IU, han anunciado la convocatoria de otra marcha en Bilbo, también en defensa de los pres@s y sus derechos.
Los partidos convocantes, EA, Aralar, Ezker Abertzalea, Alternatiba y Abertzaleen Batasuna han comparecido en una rueda de prensa en Donostia para anunciar la convocatoria de una nueva marcha en Bilbo bajo el lema "Por los derechos que les corresponden, euskal presoak Euskal Herrira". La manifestación partirá a las 17.30 horas del Sagrado Corazón.

Peio Urizar, Jon Abril, Tasio Erkizia, Jon Lasa y Mertxe Colina han subrayado que el veto dictado por el tribunal especial español supone "un ataque directo a la libertad de expresión y reunión" y "a la sociedad vasca", porque "conculcar los derechos de los presos también supone ir contra la sociedad vasca".

Han subrayado que "la sociedad vasca tiene que impulsar el fin de la conculcación de los derechos básicos" y ha instado a "impulsar una gigantesca ola para que concluyan estas vulneraciones".

"Debemos dejar claro que ir en contra de los presos y sus familiares supone ir en contra de la sociedad vasca", han constatado, antes de apostillar que "con el compromisos de todos, conseguiremos dejar sin efecto la política penitenciaria criminal" en la manifestación del sábado en Bilbo.
El sindicato LAB ha hecho pública su adhesión a la convocatoria y llama a la clase trabajadora a secundar la marcha.

Subraya que "más que nunca es preciso hacer un frente social amplio, progresista, democrático, que ponga freno a tanta arbitrariedad y devuelva a la sociedad vasca la dignidad y el protagonismo que le quieren arrebatar".

El sindicato abertzale considera que la prohibición de la movilización de Etxerat es "un ataque frontal al legítimo derecho de manifestación y a la libertad de expresión".

Afirma que "impedir que familiares de presos denuncien públicamente las arbitrariedades y vulneraciones de derechos que se producen al amparo de la política penitenciaria es un paso más en una estrategia calculada para que la sociedad ignore las prácticas que desarrolla el Estado".