El Pacto de Toledo, lobby de los intereses privados, hace oídos sordos a la calle

Saquearon el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y los bancos siguen sin devolver 42.000 millones

 El acuerdo amplio del Pacto de Toledo continuará dejando a la mitad de las y los pensionistas de Hego Euskal Herria bajo el umbral de la pobreza y potenciará el sistema privado desde la negociación colectiva, siguiendo los pasos de las EPSV vascas. La realidad es que han saqueado el Fondo de Reserva, que en 2011 alcanzó los 65.830 millones, pero el año pasado a penas tenía 2.153 millones, insuficientes para atender las necesidades de los pagos necesarios, que han tenido que transferirse desde otros capítulos de las cuentas públicas. 

Sin embargo, los bancos todavía no han devuelto los más de 42.000 millones que recibieron de ayudas desde las arcas públicas tras la crisis de 2008. Organizaciones de pensionistas están impulsando una auditoria real de lo que ha pasado, porque entienden que esos fondos se detrajeron para otros usos, nada que ver con el pago de las pensiones para lo que estaba previsto.

La lucha semanal prolongada de los pensionistas ha llevado a las calles la reivindicación de pensiones dignas. Solo se pierde aquella lucha que se abandona. En este caso, siguen en pie, pero el problema de las pensiones no se circunscribe solo a las personas mayores, sino que apela a toda la sociedad. Junto a las pensiones dignas, por tanto, hay que reivindicar empleos de calidad con salarios adecuados para sostener el sistema público. Hoy se ve que el mercado laboral se está resquebrajando, se está convirtiendo en un sistema de relación mercantil donde el empresario se desliga de responsabilidades.

En agua de borrajas

Las principales reivindicaciones de los pensionistas han quedado en agua de borrajas en el reciente acuerdo de Pacto de Toledo, negociado por los partidos políticos del Congreso español. No establece una pensión mínima de 1.080 euros ni el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 1.200 euros al mes, con el objetivo de cumplir los compromisos de la Carta Social Europea.

Sí consolida la edad de jubilación a los 67 años, al contrario de lo que piden los pensionistas para mantenerla en 65 años; eleva los años de cotización para el cálculo de la pensión, ni tampoco elimina los coeficientes reductores de la jubilación anticipada con 40 años cotizados.

Tampoco termina con la brecha de género en salarios y pensiones, ni reconoce el derecho subjetivo de las mujeres a una pensión digna y que se complemente la pensión de viudedad hasta el 100% de la base reguladora.

El acuerdo del Pacto de Toledo de octubre de 2020 no contempla la derogación de las dos últimas reformas del PSOE y el PP, que elevan la edad de jubilación y recortan con distintos mecanismos el cobro del 100% de la pensión y aunque, sí contempla una revalorización de las pensiones de acuerdo al incremento de la vida, en la letra pequeña se mantiene la posibilidad de la vuelta al pacto de sostenibilidad de las últimas reformas antisociales.

Y, entre otros defectos, este acuerdo no habla para nada de la desregulación creciente del mercado laboral, que está provocando una caída de las cotizaciones y un futuro bastante incierto para los más jóvenes en el ámbito de las pensiones públicas. Es decir, el Pacto de Toledo, verdadero lobby de los intereses privados, se ha tapado los oídos en cuanto a las reivindicaciones de la calle y ha atendido los intereses de la élite económica. No garantiza un sistema público, sólido y suficiente de las pensiones.

Fondos de pensiones en convenio

Tras cinco años de reuniones, la revisión del Pacto de Toledo ahonda en el modelo neoliberal y bajo la excusa del modelo vasco de previsión social voluntaria (EPSV) pretende privatizar las mismas desde las empresas con apoyo público con desgravaciones o reducciones en el IRPF que pagaremos todos en beneficio de unos pocos, no de todos. Ya anticipó esta posibilidad el presidente de la Federación de Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) y miembro del PNV, Ina Etxebarria, quien hace a penas dos años pidió al Pacto de Toledo que “hay que imponer que los fondos de pensiones de empleo sean obligatorios en la negociación colectiva”.

Por lo tanto, no ahonda en un sistema público, sólido y universal, aunque el celofán en que envuelven las recomendaciones pretende que nos creamos esa historia. En realidad, el Pacto de Toledo desde su creación en 1995 ha ejercido de lobby de las pensiones privadas en manos de aseguradoras y bancos.

La realidad es tozuda. De hecho, en 1995 los fondos de pensiones controlaban 12.822 millones, sin embargo se han multiplicado casi por nueve veces y en junio de 2020 superan ya los 111.828 millones en 49 fondos. Ese patrimonio está en manos de bancos y aseguradoras. Caixabank (29.059 millones), BBVA (21.646 millones) Santander (12.998 millones), Bankia (7.980 millones) e Ibercaja (6.604 millones) son los principales. Kutxabank posee un patrimonio de 1.409 millones y Laboral Kutxa, 258 millones, por citar a los más cercanos.

Desde 1985 las reformas y modificaciones de la Ley de la Seguridad Social han sido intensas. Han aumentado los años mínimos de cotización para ceder a una pensión, se ha ampliado el período de cómputo, los años de cotización y se ha elevado hasta los 67 años la edad de jubilación, poniendo ya más trabas para la jubilación anticipada. Todo con el objetivo de que pensemos en entrar en los sistemas privados, aunque con la calidad del empleo y los salarios existentes es una operación harto difícil para una parte muy importante de las personas que integran el mercado laboral.

Por lo que han decidido seguir los pasos de la previsión social voluntaria de la CAV y aplicarla desde las empresas. Significará detraer salario, por lo que se producirán, entre otras, dos situaciones: bajarán los salarios o no subirán lo que podrían y te impedirán hacer con tu dinero lo que quieras, porque tendrás que cotizar al sistema público y al privado. En las actuales EPSV es voluntaria la entrada, pero el Pacto Toledo avanza en ese terreno y lo extiende. Así lo explicó el ministro español de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la presentación reciente de los presupuestos de su departamento para el próximo año.

Fondo de pensiones de empleo de gestión privada

Las cuentas de 2021 contemplan “una revisión del sistema de previsión social complementaria. El actual, con gran peso de los planes de pensiones individuales y un bajo porcentaje de población cubierta, no cumple con su principal objetivo: incentivar el ahorro”, según Escrivá, quien indica que da “dos pasos de gran calado para revisar este modelo”. En primer lugar, “existe un desplazamiento de las ventajas fiscales hacia los planes colectivos” y, en segundo lugar, “contempla la creación, por parte del Ministerio de Inclusión, de un fondo de pensiones de empleo de carácter abierto, que se desarrollará en el marco de la negociación colectiva”.

El fondo promovido por el ministerio será gestionado por una entidad seleccionada por concurso abierto y custodiado por una depositaria independiente. Por lo tanto, es un fondo privado de pensiones de titularidad pública y gestión privada. “Una de sus principales ventajas -según explicó Escrivá- es que en ese concurso público se limitará la comisión que puede cobrar la entidad, “lo que lo abaratará respecto a los estándares actuales del mercado”. Por ello, el ministro espera que pueda extender la cobertura a sectores como los trabajadores autónomos o de pymes, que “habitualmente quedaban fuera de estos productos”.

Geroa: 185 €uros 

 El caso más cercano en el que podernos mirar es Geroa Pentsioak EPSV, que se creó en Gipuzkoa en 1999 con la colaboración empresarial y sindical. Como indica, “es un sistema en el que los trabajadores, mediante pequeños esfuerzos compartidos con sus empresas durante toda la vida laboral, construyen su propia pensión complementaria”.

La memoria de Geroa de 2019, última disponible, indica que “el importe de las aportaciones y el número de trabajadores continúa su senda alcista, lo que demuestra la consolidación de la recuperación económica” y advierte que en lo relativo a las prestaciones a quienes ya se han jubilado y que en ese momento son los que más han cotizado a la entidad, “las nuevas prestaciones de jubilación abonadas en forma de renta ha alcanzado en 2019 un importe medio de 185,60 euros”. Ese es el modelo que quieren extender. Si falla la pensión pública, ¿se podría vivir con ese complemento? La respuesta es fácil.

En la Comunidad Autonómica Vasca existe, además, otra entidad similar que agrupa a los funcionarios públicos como es Itzarri. 

El patrimonio de la Previsión Social (EPSV) se acerca a los 26.000 millones en la CAV y representa más del 32,72% de su PIB, porcentaje muy superior a los sistemas del Estado español (8,8%) y algo inferior a la media de la eurozona, del 35%. 

Tienen implantación porque esas pensiones también las pagado tú, mediante desgravaciones o reducciones en la declaración de la renta. Tienen una desgravación fiscal que no tienen en todo el Estado español. A la gente que invierte en una EPSV de la declaración de la renta el primer año están devolviéndole casi el 40% de lo que han metido hasta un máximo de 14.000 euros, por distintas vías.

Pero, ¿quien tiene para invertir esa cantidad? Si casi un tercio de las personas que realizan la declaración de la renta en la CAV declara ingresos para poder vivir inferiores a esa cuantía.

Se esfuman 980 millones 

Las deducciones por EPSVs son, por otra parte, muy superiores a lo que se destina para pagar la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), para quienes se encuentran en la pobreza y exclusión social, o lo que se destina en política de vivienda . Es decir, recibe menos la gente que no tiene nada que la gente que tiene mucho y mete dinero en estos sistemas privados de pensiones para su jubilación. 

Con datos del último informe público de las haciendas vascas, el volumen de las aportaciones a EPSV superó los 670 millones y fueron realizadas por el 30,8% de los contribuyentes. “La aportación media fue de 1.949,8 euros, aumentando respecto del año anterior; variando entre los 1.315 euros como aportación media de los niveles bajos de renta hasta 30.000 euros de base liquidable, donde sólo el 23,8% de los contribuyentes realizan aportaciones, pasando por los 2.630 euros de aportación media de contribuyentes con bases entre 30.000 y 90.000 euros, donde el 49,4% de los contribuyentes realizan aportaciones y hasta los 4.997 euros de aportación media en los niveles altos de renta, donde el porcentaje de contribuyentes que realizan aportaciones es el 61,5%”. La reducción por tributación conjunta alcanzó los 980 millones por invertir en una EPSV o un fondo de pensiones y que se esfumaron de las arcas públicas. 

En 2019 operaban en Euskadi (CAV) 115 EPSV. De ellas, 73 otorgan prestaciones complementarias a las de la Seguridad Social a través de Planes de Previsión y las 42 restantes, sin Planes de Previsión, cubren diferentes tipos de riesgos como son: decesos, incendios y otros.

Déficit por ventajas fiscales

Como explica el Ejecutivo de Gasteiz, en 2019 el número de rescates (totales y parciales) alcanza una cifra de 20.083 y su cuantía media, en el mismo año, fue de 7.085,73 euros. “A este respecto, se puede considerar que el número de personas que disponen anticipadamente de sus derechos económicos sin incurrir en ninguna de las contingencias que cubren las EPSV es un buen indicador del grado en el que el sistema no cumple su finalidad previsora y es utilizado con otros fines ajenos, como pueden ser los motivos financiero-fiscales, motivado, en parte, por el ventajoso tratamiento tributario otorgado a las percepciones obtenidas en forma de capital frente a las percibidas en forma de renta periódica”.

Sin embargo, si se analizan conjuntamente las aportaciones, prestaciones y rescates, debe señalarse que la diferencia entre lo recaudado por aportaciones y la suma de las prestaciones abonadas y los rescates realizados en los Planes de Previsión presenta un saldo negativo en el periodo 2013-2019 de 850,5 millones. De déficit. De ahí que Ina Etxebarria, presidente de la Federación de EPSV de Euskadi, pidiera que se obligue a invertir en una EPSV de Empleo por negociación colectiva, puesto que hasta la jubilación no se detraerían recursos.

Riqueza suficiente para pensión pública

Hay que garantizar unas pensiones públicas, sólidas y de calidad. A partir de ahí, cada cual podría invertir en el modelo complementario o en las pensiones privadas. Pero la base debe ser la pensión pública, siempre garantizando empleos de calidad y salarios adecuados, que fortalecerían el sistema público, que no quiebra, aunque sí lo pueden hacer los sistemas privados.

La pregunta que siempre desde quienes impulsan los sistemas privados es si hay recursos públicos suficientes para garantizar unas pensiones públicas adecuadas. La respuesta es tajante y sencilla: sí. Siempre es sostenible porque depende de la riqueza del país.

La riqueza en el Estado español, según los datos del INE, ha crecido en lo que llevamos de siglo un 92,14% y, sin embargo, el incremento de la población lo ha hecho a un 15,98%. En Hego Euskal Herria, la riqueza desde el año 2000 al 2019 creció un 85% y la población, tan solo un 8,48%. Es decir, recursos económicos existen, sin embargo su distribución es el auténtico problema al que nos enfrentamos.

Así en Hego Euskal Herria con datos a setiembre existen 697.372 pensionistas, pero el 50,32% recibe pensiones por debajo del umbral de la pobreza, que se sitúa en 1.080 euros. De hecho, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), que gestiona Lanbide, tiene que complementar a casi 13.000 (datos de setiembre) porque sus pensiones no alcanzan los 796 euros mensuales.

En Hego Euskal Herria una de cada cuatro personas es pensionista. La cuantía de la pensión media es baja. En setiembre se situó en 1.260 euros en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y en 1.167 euros en Navarra.

La brecha de género está muy marcada. La pensión media de las mujeres es de tan solo 964 euros en la CAV (Euskadi) y de 896 en Navarra, casi un 40% menos que la de los hombres (1.575 euros en Euskadi y 1.439 euros en Navarra).

En el Estado español, el porcentaje de pensionistas por debajo del umbral de la pobreza se sitúa en torno al 40%.

Por cierto, desde febrero a setiembre se han producido 1.862 bajas de pensionistas en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y 379, en Navarra, una parte muy importante derivada por las consecuencias trágicas de la pandemia del COVID-19.

Subida desigual

Con la anunciada subida de las pensiones en 2021 de 0,9%, que es el incremento previsto del IPC, se cumple esa demanda de los pensionistas, pero ante la injusta distribución de las pensiones a las más bajas no les supondrá ni 0,35 céntimos de incremento diario, lejos de lo que subirán los alimentos de primera necesidad, por ejemplo. Así, la pensión media en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa crecerá 11,34 euros y 10,5 euros en Nafarroa. En el caso de la pensión media de viudedad, el incremento será de 8,13 euros en Euskadi (CAV) y 7,37€, en Nafarroa.

En realidad, el propio sistema de las pensiones es ya un inconveniente. Se limita la financiación de las pensiones a las cotizaciones sociales, lo que en tiempos de crisis o por las reformas laborales no derogadas, perjudica seriamente esa entrada de ingresos.

Cuando se ha producido superávit en las pensiones nunca se ha planteado un aumento de las mismas y, por el contrario, cuando hay déficit se plantea que hay que recortar. 

Los diferentes servicios públicos se financian con los ingresos públicos mediante los impuestos y esto también debería ocurrir con las pensiones porque existe suficiente riqueza, aunque está mal repartida. Tampoco en las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo se soluciona esta situación y lo que es peor el ministro español Escrivá ha indicado que las prioridades del ministerio estarán “alineadas con las recomendaciones del Pacto de Toledo”.

De reforma en reforma

En la década de los 80 se produjeron varias reformas que tuvieron por objeto el “reajuste” del sistema de Seguridad Social. En el Estado español se crearon la Ley Básica de Empleo 51/1980 de 8 de octubre, y la Ley 31/1984 de 2 de agosto que justificaron que se extrajera la regulación del desempleo de la Ley General de Seguridad Social y fuera regulado de forma separada. Con la Ley 26/1985, se aumentó el periodo mínimo de cotización de diez a quince años y el número de años inmediatamente anteriores a la jubilación para calcular la cuantía de la base reguladora, paso de dos a ocho. En 1989 se modificó la regulación de la protección por maternidad. 

En los años 90, la Ley 26/1990 de 20 de diciembre de pensiones no contributivas que se extiende a todo ciudadano residente en Estado español que carezca de rentas y que subsista en el umbral de la pobreza y que por características determinadas y objetivas de edad, minusvalía o tener hijos a cargo no pueda o no haya podido acceder a un trabajo y cotizar a la Seguridad Social y tenga una situación de necesidad.

Con la Ley 24/1997 de 15 de julio de Consolidación y Racionalización de los Recursos del Sistema de Seguridad Social, se profundizó en los cambios realizados en 1985. Además, con esta ley se pretende satisfacer y legislar sobre todo lo propuesto en el Pacto de Toledo, aprobado en el congreso de los diputados el 6 de abril de 1995. La presión de las entidades financieras motivó esa posición.

En el año 2001, y como renovación del Pacto de Toledo, se inscribe el Acuerdo para el desarrollo y la mejora del sistema de protección social de 9 de abril de 2001. Algunos de los pilares más importantes de dicho acuerdo fueron: separación de fuentes de financiación del sistema de protección social, crear un fondo de reserva, jubilación flexible, mejora de prestaciones y lucha contra el fraude, entre otras.

De ahí surgieron leyes como la Ley 24/2001 de 27 de Diciembre sobre medidas fiscales, administrativas y de orden social; el Real Decreto 1795/2003 de 26 de diciembre, de modificación parcial de régimen jurídico de las prestaciones de muerte y supervivencia, que mejoró la prestación por viudedad, insuficiente todavía; el Real Decreto 1251/2001 de 16 de noviembre que mejora la prestación por maternidad y atendiendo al principio de igualdad de género así como a una necesidad creciente de protección en la sociedad de esta situación, se redactó la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.

En el año 2006 de nuevo, los interlocutores sociales y el gobierno, firmaron un nuevo acuerdo sobre medidas en materia de Seguridad Social, de 13 de julio de 2006. En este Acuerdo se concretan medidas referidas a “ la garantía de la adecuada relación entre ingresos y gastos del sistema; mejora de la acción protectora no contributiva; medidas en el ámbito de la acción protectora derivadas de las prestaciones económicas contributivas; medidas en torno a la edad de jubilación y a la prolongación de la vida laboral; reformas en la estructura del sistema de la Seguridad Social; sostenibilidad y adaptación del sistema, entre otras”

Con la reforma de 2006 se modifico el computó de los días efectivos para el cálculo de la prestación con el fin de aumentar el número de años efectivos de cotización hasta quince para el cálculo de la pensión. También se aumento la edad límite para la jubilación parcial hasta los 61 años, siempre que el trabajador cumpliera con otros requisitos; y se racionalizaron los criterios para acceder a las pensiones de incapacidad.

El remate final

Así, con la Ley 27/2011 de 1 de agosto se aumenta el número de años para el cómputo de la base reguladora de quince a veinticinco. También se aumenta la edad legal de jubilación de 65 a 67 años. Los años de cotización que se exigirán para cobrar el 100% de la base reguladora serán de 37 años. Igualmente se introducen cambios sustanciales para acceder a la jubilación anticipada. Aumenta el porcentaje a aplicar sobre la base reguladora en la pensión de viudedad del 52% al 60%. Introduce el denominado factor de sostenibilidad del sistema de seguridad social, de modo que, a partir del año 2027, los parámetros fundamentales del sistema se revisarán en base a las diferencias que traerá al aumento de la esperanza de vida de la población. Dichas revisiones se efectuarán cada cinco años.

Y llegó la Ley 23/2013 de 23 de noviembre reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social. En esta ley se modifica la fecha para la revisión del factor de sostenibilidad y adelanta su primera revisión de 2027 a 2019. Además, legisla que la revalorización de las pensiones que hasta ahora se vinculaba al IPC, dejará de hacerlo a partir de enero de 2014 y pasarán a hacerlo a un nuevo índice vinculado, sobre todo, a la evolución de los ingresos y gastos del sistema. Este índice de revalorización se recogerá en la Ley de los Presupuestos Generales del Estado correspondiente a cada ejercicio económico.

Estas dos últimas han rematado a los y las pensionistas, pero en la renovación del Pacto de Toledo aprobada en octubre de 2020, a falta de ratificarse por medio de una legislación específica, no se derogan ambas, incluso en algunas recomendaciones se hace referencia a las mismas, que desarrollaron el PSOE y el PP, en la letra pequeña.

Juanjo Basterra, kazetaria eta militante soziala * E.H