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11/09/2018 :: Nacionales E.Herria

Nos quieren calladas y con miedo

x Carmen Sanz
El llamado síndrome de alienación parental y el caso de Joel

Este año, creo que como nunca antes, el término “feminista” ha estado presente en la vida pública de nuestra sociedad y a ello han contribuido de manera excepcional los medios de comunicación a través sobre todo de tertulias en las que las y los participantes iban desgranando cuales eran los grandes temas de debate feminista: la violencia de género (imposible de obviar por las decenas de asesinadas al año), los techos de cristal, el
empoderamiento, la brecha salarial, las identidades sexuales…. Y, sobre todo, que el feminismo es transversal, ni de derechas ni de izquierdas.

Tanto es así, que la exitosa convocatoria de huelga del 8 de marzo contó con la señalada participación de feministas tan reconocidas como Ana Rosa Quintana o Leticia, la reina. En ningún caso en los medios de gran difusión ha habido referencia alguna al patriarcado -base ideológica que sustenta el capitalismo- como potente herramienta de las clases dominantes para perpetuar a través de “sus valores” la desigualdad, la división sexual del trabajo, la explotación, la división de clases… . Claro, que este nuevo feminismo no es de izquierdas ni de derechas sino que está al servicio de un bien superior de la mujer y así hasta Ana Patricia Botín se declara feminista.

El baño de realidad llegó, para quien lo quiera ver, con la sentencia de “La Manada” y la de Juana Rivas. Estas dos sentencias han tenido un amplísimo eco mediático; se han consumido horas y horas de televisión y se han escrito ríos de tinta haciendo análisis y valoraciones. La
una, porque se calificó de abuso lo que a todas luces era una agresión sexual y no es descabellado pensar que en el subconsciente de los juzgadores (más que jueces) estaba el ambiente festivo, el consumo de bebida y el acompañamiento de los cinco hombres... La otra, porque tuvo la osadía de desobedecer una orden judicial que mandataba la entrega de sus hijos al padre maltratador, orden que preservaba el interés “superior” del padre a estar con sus hijos, frente al interés de la madre de protegerlos. La percepción de una parte importante de la sociedad es que son sentencias injustas, que lo son. Pero sobre todo, son sentencias cargadas de ideología -ideología patriarcal- con un claro objetivo ejemplarizante 

Sin embargo, a día de hoy se está produciendo una terrible agresión en los juzgados que afecta a cientos de mujeres y a sus hijos e hijas en medio de un clamoroso silencio. Me estoy refiriendo a la utilización del llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP) para quitar a las
mujeres la custodia de sus hijos e hijas.  Este pretendido síndrome, ideado y teorizado por el Richard Gardner en 1985, viene a plantear que cuando un menor, en un contexto de litigio por la custodia y normalmente con acusaciones de maltrato y/o abusos, presenta un rechazo a la figura paterna se debe a maniobras de manipulación de la madre, a un auténtico lavado de cerebro. La “cura” de este síndrome, según Gardner, está en manos del juez que debe dictaminar un cambio permanente de la custodia a favor del progenitor alienado (el padre) y una restricción de las futuras visitas del progenitor alienador (la madre). Todo esto aderezado por lo que el propio Gardner denomina “la terapia de la amenaza”.

Es un síndrome inexistente, refutado por la comunidad científica, no está reconocido ni por la OMS ni por la Asociación Americana de Psiquiatría que son las dos instituciones con mayor reconocimiento en el ámbito de la salud mental. Ya en 2008 un numeroso grupo de profesionales de la Medicina y la Salud Mental del Estado suscribieron un manifiesto en el que “después de estudiar en profundidad la información científica y jurídica más relevante relativa al Síndrome de Alienación Parental (SAP)” concluyeron: *El SAP no es ciencia sino la descripción sesgada y tendenciosa de un fenómeno real que se da en ámbito legal, interpretada bajo parámetros de una ideología patriarcal. 

*Los pretendidos criterios diagnósticos son nulos lógica y científicamente porque no se correlacionan con ninguna patología identificable.
*La intervención terapéutica que recomienda el SAP es coacción legal que deja a los menores en una situación de riesgo extremo.
*La ideología que sustenta el SAP es abiertamente pro.pedófila y sexista.
La aplicación del SAP impide que se investiguen las verdaderas razones por las que un menor rechaza la figura paterna ya que, de partida, presupone que el rechazo es producto de una programación llevada a cabo por la madre, por lo que el objetivo último de la justicia de velar
por el bien superior del niño o niña salta por los aires dejándoles en una absoluta indefensión. 
La figura de la madre, mujer, está cargada de los prejuicios que a lo largo de la historia ha ido construyendo el patriarcado: perversa,  manipuladora, maliciosa…, en definitiva una ”bruja”.

Ante estas conclusiones una se pregunta si, por ejemplo, se aceptaría la venta en las farmacias de un medicamento que no hubiera superado todas las pruebas y controles que marca el método científico. La respuesta evidente es no. Entonces, ¿por qué se están dando sentencias
basadas en este falso síndrome si hasta el Consejo General del Poder Judicial en reiterados informes y ante el aumento de éstas recomienda a jueces y juezas la no utilización de esta teoría a la que califica de “pseudo-ciencia”?.

La respuesta la da Sonia Vaccaro, psicóloga clínica, perito forense y experta en victimología y violencia basada en el género, “….estoy  convencida que ningún juez o jueza puede ser tan poco ilustrado como para creer esto a pies juntillas, más bien estoy casi convencida que a
sabiendas de que es una patraña, quienes lo aplican y legitiman, saben que están legitimando un castigo ideológico”.

No cabe duda de que esta “ideología” (SAP) se ha extendido como mancha de aceite en los juzgados a través de los elementos más reaccionarios (jueces o juezas), que hunden sus raíces en un nacional-catolicismo que nunca nos ha abandonado. No quedan tan lejos aquellos años en los que a la mujer se le imponían normas morales de comportamiento o tenía que contar con la autorización del padre o marido para obtener el carnet de conducir, abrir una cuenta bancaria o iniciar un negocio.

Por otro lado, queda por averiguar cuáles serían las motivaciones profundas que hacen que profesionales de la psicología difundan semejante teoría y, más allá de una identificación ideológica, es posible que sean “nuevas oportunidades de negocio”, ya que en el nombre del SAP siempre habrá informes periciales que hacer, charlas que impartir para “popularizar” dicha teoría o tratamientos terapéuticos que aplicar por orden judicial.

Ante esta situación ¿qué actitud adoptan las administraciones públicas?. Un ejemplo concreto: 

Hace un mes, una joven madre de Sodupe, pequeño municipio de Bizkaia, ha recibido la sentencia en apelación de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Bizkaia en la que se dictamina la pérdida de la custodia de su hijo de cinco años, visitas supervisadas y en los términos que proponga el Punto de Encuentro Familiar de Bilbao y la “recomendación” de recibir tratamiento especializado en interferencias parentales.
Los antecedentes, como en todos estos casos, son conflictivos y van prácticamente desde el nacimiento del niño. La madre es víctima de malos tratos, aunque una sentencia absolvió a su exmarido a pesar de las pruebas (la petición fiscal era de 18 meses de cárcel y dos años de alejamiento). El niño, que siempre ha vivido en el domicilio materno, se niega rotundamente a ver su padre (refiere que le tiene miedo y le pega) y sentencias anteriores siempre le han concedido la custodia a ella, la última, del Juzgado de Primera Instancia de Barakaldo, de
octubre 2017, con informes de fiscalía y psicosociales forenses que se oponían rotundamente al cambio de custodia y con informes favorables del centro escolar del niño, de los servicios sociales y del educador de base.

Y a pesar de todo esto, la sentencia sigue a pies juntillas la “terapia” contenida en la teorización del SAP y señala a la madre como la causante de “las interferencias parentales”. Ylo hace despreciando todos los informes señalados, sin poner en valor las objeciones del niño y basándose únicamente en los informes emitidos por el punto de encuentro familiar. 

El punto de encuentro familiar depende del Gobierno Vasco, pero desde hace años es un servicio, cómo no, privatizado. La empresa que lo gestiona, Bizgarri, imparte formación a sus terapeutas en “Interferencias Parentales e Instrumentalización” y desde luego éstos aplican a rajatabla los conocimientos adquiridos. La norma es la puesta en práctica de ”la terapia de la amenaza” descrita por Gardner: “…la amenaza de la custodia principal puede también ayudar a tales madres el recordarles cooperar”, “Otra consideración, sobre todo para niños más jóvenes, sería la residencia temporal en una casa de acogida o en un refugio para niños abusados. Esto es obviamente punitivo y podría ayudar a tales niños a replantear su decisión de no visitar”.

Según Gardner, el terapeuta especializado en SAP deben actuar con el poder de la amenaza terapéutica: “Tales terapeutas deben saber exactamente qué amenazas pueden utilizar para dar apoyo a sus sugerencias, instrucciones, e incluso manipulaciones, yo no vacilo en usar la
palabra amenazas. La vida está llena de amenazas”. “Los terapeutas que trabajan con los niños del SAP deben sentirse cómodos con métodos alternativos de terapia…. Ellos deben sentirse cómodos amenazando a padres alienadores así como a los niños de que habrá
consecuencias si ellos violan el programa de visitas ordenado por el juzgado”. “los terapeutas que no se sientan cómodos con lo que yo llamo “terapia de la amenaza” no deben trabajar con las familias del SAP”. Tanto la Diputación como el Gobierno Vasco no pueden obviar que son conocedores de las actuaciones que se dan en el punto de encuentro familiar, no sólo por ser responsables políticos del mismo, sino porque hay denuncias, que se remontan a años atrás, en las que se refieren las amenazas dirigidas a las madres con la retirada de la custodia si los niños y  niñas persisten en su negativa de realizar la visita con el padre, la negativa por parte de las cuidadoras y/o terapeutas a incluir en los informes situaciones allí vividas por los niños o lo que verbalizan los mismos y , en definitiva, estar siempre de parte del padre (considerado víctima).

Pero sobre todo, y esto es lo más grave, el Gobierno Vasco cuenta con un “instrumento”, denominado BALORA, para “la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo y desamparo en los Servicios Sociales Municipales y Territoriales de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia en la Comunidad Autónoma Vasca” donde introduce el concepto de instrumentalización del menor en conflictos entre la figuras parentales dentro de los tipos de situaciones de desprotección. Por no mencionar que la Diputación de Bizkaia imparte, por medio de la empresa Bizgarri, las terapias dirigidas a “rehabilitar” a las madres de su conducta alienadora y/o instrumental. 

Ambas administraciones públicas tienen que ser conocedoras de la recomendación hecha por el Consejo General del Poder Judicial “…que las personas e instituciones responsables de la formación de los diferentes colectivos profesionales que intervienen en el tratamiento de la violencia de género estén alertas ante la presencia de esta construcción (SAP), eliminen los contenidos formativos que aparezcan cargados de perjuicios y garanticen una preparación de los profesionales con sólidas bases científicas”.

Es una perversión que administraciones e instituciones que tienen el deber de defender y promover los derechos de la infancia den pábulo o colaboren con la difusión y aplicación de una “ideología” que, además de ser un modo más de violencia contra la mujer, esconde detrás de sí historias trágicas de niños y niñas que son obligados a vivir con una persona con la que ellos no quieren vivir y puede representar un peligro para su integridad. La diferencia entre este caso concreto y situaciones semejantes que viven otras mujeres y sus hijas e hijos es que nada más conocerse la sentencia el pueblo de Sodupe se movilizó, constituyó una Plataforma Ciudadana que convocó una concentración frente a los Juzgados de Barakaldo el día de la entrega del niño al padre, ha llevado a cabo manifestaciones, concentraciones y recogidas de firmas, incluso en fiestas de Bilbao, ha colocado pancartas y carteles pidiendo justicia para Joel y denunciando el SAP. Porque estas movilizaciones nos han
permitido tener conocimiento del alcance de esta aberrante teoría y, por lo tanto, identificar dónde está el problema y poderlo explicar y denunciar.

Ante estas movilizaciones de denuncia del SAP y del caso concreto de Joel y que han tenido eco en prensa de Madrid, Navarra, Baleares…, es llamativo el silencio informativo que esta cuestión sigue teniendo en la radio y televisión pública vasca, a pesar de que las cámaras han estado presentes en varios actos realizados.

Pero, sobre todo, lo más grave a mi juicio son las llamadas recibidas por la madre de determinadas administraciones vascas “aconsejándole” que no levante mucha polvareda, que no levante muros ante Diputación, Gobierno Vasco y el punto de encuentro familiar porque puede ser “contraproducente a sus intereses”.

LA VERDAD ES QUE NOS QUIEREN ASÍ, CALLADAS Y CON MIEDO.
Pecaríamos de ingenuidad si pensáramos que esta ofensiva reaccionaria se limita sólo a ámbitos específicos de la vida de las mujeres. Las medidas represivas ejemplarizantes no han surgido de la noche a la mañana, llevan años aplicándose si bien es verdad que en los últimos
tiempos se están generalizando de manera alarmante y no son sólo sentencias contra la libertad de expresión, constituyen un auténtico ejercicio de intento de disciplinamiento a todos aquellos que pongan en cuestión a las estructuras de poder y a las clases sociales que las sustentan. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las peticiones de cárcel a twuiteros, raperos como Valtonyc, Pablo Hasel y el colectivo “La Insurgencia”, periodistas de prensa alternativa que hicieron seguimiento de la Marchas por la Dignidad como Boro, a sindicalistas y activistas que participaron en la última Huelga General como Jorge y Alvaro de Logroño y Alfon de Madrid o como los jóvenes de Altsasu, sólo por citar algunos casos.

Carmen Sanz
Militante Herri-Gorri

*Email de contacto con la plataforma JUSTICIA PARA JOEL infancialibredesap@gmail.com

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