Reforma laboral: "la gran renuncia"

El secretario general de ELA Euskal Sindikatua, Mitxel Lakuntza, ha asegurado en declaraciones formuladas a diversos medios, que la nueva reforma laboral es "peor" que la anterior. Y por una razón simple: porque ahora, siendo idéntica a las anteriores, cuenta con el apoyo de los sindicatos y de los partidos que conforman el Ejecutivo español.

----

Tan solo 50 días necesitó el Gobierno del PP para aprobar la reforma laboral de 2012. El actual Gobierno de Sánchez (PSOE-Unidas Podemos), junto a UGT y CCOO, ha necesitado dos años para acabar pactando que no van a derogar aquella reforma laboral.

Mariano Rajoy lo ha resumido así: “La han dejado como estaba”.

A cambio de unas pequeñas mejoras, PSOE, Podemos, CCOO y UGT dan por buena la mayor parte de las reformas laborales de 2010 y 2012, que han traído las más graves consecuencias para la clase trabajadora en las últimas décadas.

A la CEOE, por desgracia, le han dado motivos de sobra para la celebración, y hasta para la euforia. Como Confebask reconoce, las empresas seguirán contando con la ventaja de las reformas laborales anteriores. El propio Garamendi lo ha reconocido: “Los mecanismos de flexibilidad interna no se han tocado”.

¿Qué quiere decir? Que no se ha modificado nada respecto a los despidos, ni la indemnización, ni los salarios de tramitación ni las incontables argucias para facilitarlos.

 Empresas con beneficios seguirán despidiendo con ERE (Tubacex, ITP, PCB, Alestis...), y la única oposición que van a encontrar es la respuesta sindical. También podrán seguir modificando unilateralmente las condiciones de trabajo, y los convenios estatales mantendrán su prioridad sobre los vascos.

¿Por qué no se ha derogado la reforma laboral, iniciativa incluida en los programas electorales de PSOE y Unidas Podemos?

  UGT y CCOO llegaron a sumarse a la huelga general que la mayoría sindical vasca tenía convocada para el 29 de marzo de 2012 contra aquella reforma de Rajoy. Sin embargo, ahora han aceptado el veto de la patronal para no modificarla. En el fondo, hay una sumisión política y sindical a un poder económico y patronal que ha provocado que el llamado “gobierno más progresista en la historia del Estado” abandone la agenda de cambios sociales y laborales.

¿Cuál ha sido el modus operandi para esa gran renuncia? Las mesas del mal llamado “diálogo social”, que ha sido el marco de negociación exigido por la Comisión Europea, para de esta forma otorgar capacidad de veto a la patronal. ¿Por qué razón iba la patronal a renunciar a una reforma laboral que le ha dado tantas ventajas? Sería absurdo. La patronal ha hecho valer su posición de privilegio ante un Gobierno sin determinación ni coherencia política, y ante unos sindicatos sin otra alternativa que la de sentarse en esas mesas.

Ha quedado en evidencia que PSOE y Unidas Podemos han usado el llamado “diálogo social” para incumplir su programa. Habían repetido hasta la saciedad que iban a derogar la reforma laboral, pero era mentira, como ahora se ha comprobado. De esos incumplimientos de la supuesta izquierda nace el descrédito y la desafección política. El diálogo social es, por tanto, una trampa para los sindicatos, un tesoro para la patronal y una coartada para los gobiernos que buscan incumplir su programa.

La decisión del Gobierno de tramitar esta reforma por decreto para impedir el debate parlamentario retrata su escasa talla democrática. Sánchez, en su prepotencia, llega incluso a exigir al llamado “bloque de gobernabilidad” que vote a favor del decreto. PSOE y Unidas Podemos primero incumplen su programa; después negocian a espaldas de sus supuestos aliados, y finalmente les piden que voten a favor. Es un despropósito que rematan CCOO y UGT pidiendo a los partidos que acaten lo pactado y que no mejoren su contenido.

ELA exige justo lo contrario: la vía más efectiva para mantener viva la posibilidad de derogar la reforma laboral es rechazar este decreto. Es lo que insistentemente hemos exigido a PNV y EH Bildu. Entre otras cosas, porque está en juego que los convenios vascos tengan garantizada su prioridad sobre los estatales, acuerdos que son una puerta abierta para precarizar las condiciones de trabajo en Euskal Herria.

Garamendi afirma que dejar que los sindicatos puedan negociar “libremente” en sus respectivos territorios atenta contra la unidad de mercado. Eso no es cierto: solo atenta contra su idea “centralizadora y precaria” de las relaciones laborales.

Quedan algunas semanas para que se vote la convalidación del Decreto-Ley. ELA recuerda que es imprescindible una respuesta sindical y social desde Euskal Herria para ganar derechos y defender un marco propio, frente a una reforma que pretende consolidar la pérdida de derechos y que, además, busca enterrar definitivamente la legítima y necesaria reivindicación de la derogación.

Frente al modelo del diálogo social y el consenso político y sindical español de la “gran renuncia”, es tiempo de defender una visión y una praxis alternativa; desde la movilización, la honestidad y la firmeza.

canarias-semanal.org