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Nafarroa :: 11/10/2016

Polémica en Iruñea ante la salvaje actuación de la policia municipal del sábado pasado

La Haine - Euskal Herria
La polémica está servida en Iruñea con la violenta actuación de la Policía Municipal en el desalojo del edificio okupado en el Paseo Sarasate el pasado sábado.

La polémica está servida en Iruñea con la violenta actuación de la Policía Municipal en el desalojo del edificio okupado en el Paseo Sarasate el pasado sábado. Durante el mismo hicieron uso de una violencia que hacia tiempo no se veía en Iruñea, al menos por parte de la policía municipal.

 Mientras la Policía habla de nueve agentes heridos las imágenes del desalojo muestran la gran brutalidad de los agentes, cargando contra los congregados frente al edificio para apoyar la okupación, hiriendo a varias personas con porras extensibles.

 La polémica ha estallado al tratarse de un cuerpo de policía municipal cuyo responsable político es la alcaldía de Pamplona, gobernada por EH Bildu, los movimientos sociales de la ciudad han criticado la salvaje actuación policial. Por su parte EH Bildu, mediante un comunicado rechazó que la orden de desalojar del edificio hubiera salido del ayuntamiento y pidió investigar la actuación policial que consideró desproporcionada. Además, aclaró que la orden vino del juez de guardia, Fermin Otamendi Zozaia.

¿Quién es el juez Fermin Otamendi?

El juez Fermin Otamendi Zozaia es un viejo conocido de los movimientos sociales de Iruñerria, habiendose destacado especialmente en hostigar al movimiento de okupación.

Titular del juzgado numero dos de la audiencia provincial de Nafarroa, entre sus múltiples actuaciones contra los movimientos sociales de la ciudad podemos encontrar estos ejemplos:

- Llevó varios procesos en torno al desalojo del Euskal Jai imponiendo varias condenas.

- Condenó a 29 meses de prisión a un joven de Iruñea, por una supuesta agresión a una policía municipal, cuando en realidad sólo se le arrebató la gorra y además en el juicio no se pudo probar la presencia del joven en el lugar de los hechos.

- Procesó al joven Ian Tabar por pegar carteles acusado de “atentado a la autoridad”, finalmente se sobreseyó el caso al no sostenerse la acusación policial.

- Condenó a 18 meses de prisión a un joven por un acto de protesta durante el día del “privilegio de la unión” en Pamplona. A pesar de no tener antecedentes el juez solicitó su ingreso en prisión bajo el argumento de que ”la cárcel aparte de ser un instrumento de reinsercion o reinsertacion, es una herramienta para prevenir”

- Mando archivar la denuncia interpuesta por el vecino de Villava Aingeru Zudaire, el cúal perdió un ojo a raíz de un pelotazo de la policía nacional durante la huelga general del 26 de septiembre de 2012 . El juez llegó a culpar a los sindicatos de que Aingeru perdiera el ojo. Otro juez, en cambio aceptó su recurso y ordenó identificar al agente que efectuó el disparo.

- Condenó a cinco meses de prisión a los “barbudos” que colocaron una ikurriña gigante durante el txupinazo de las fiestas de San Fermín del 2013 por un “delito contra el orden público”.

- Llamó a declarar a la artista Julieta Itoiz “la chula potra” por la denuncia de Yolanda Barcina contra una de sus canciones, acusándola de injurias, finalmente el caso fue archivado al no haber delito alguno.

- Dirigió la operación en febrero de este año contra la hinchada antifascista Indar Gorri, ordenando una veintena de detenciones con acusación de “pertenencia a grupo criminal”, lesiones y apología del terrorismo”.

- Dirigió la operación de abril de este año en la que se detuvieron a 6 personas, entre ellas el dirigente abertzale Txelui Moreno, por “injurias a la Guardia Civil” a raíz de la realización de un mural contra la tortura en Burlata.

- Otro caso mediático que ha llevado es el de la denuncia por corrupción contra los directivos del club de fútbol Osasuna, en el cuál rechazó imputar a Osasuna como persona jurídica acusado de corrupción deportiva.

El Triunvirato Otamendi-Barcina-Santamaria

Durante los años en que la ciudad fue gobernada por Yolanda Barcina (y posteriormente por Enrique Maya), Otamendi ejerció de mano de hierro judicial contra los movimientos sociales de la ciudad, ensañandose especialmente con el movimiento okupa. En los años posteriores al desalojo de Euskal Jai, el movimiento de okupación de Iruñerria ya señalaba que “ El ayuntamiento ha encontrado en el juez Fermin Otamendi Zozaia su más firme aliado y el ejecutor de las sentencias más ejemplarizantes“.

La tercera pieza de este entramado político-judicial-policial lo conformaba Simón Santamaría, un ex-militar que fue colocado a dedo por UPN como Jefe de la Policia Municipal y gobernó a esta con mano de hierro, llegando a crear una gran división en el cuerpo ante la gran presión que ejercía sobre sus subordinados. La división llegó a tal punto que los agentes contrarios a su jefe crearon una campaña en la que usaban gafas blancas como señal de protesta, en cambio los agentes partidarios de Santamaría portaban gafas negras.

Se vivieron graves casos de acoso dentro del cuerpo contra los contrarios a Santamaría. Finalmente Santamaría fue cesado e imputado por delitos de corrupción, amenazas, coacciones, contra la integridad moral, contra los derechos de los trabajadores, contra la libertad de reunión, discriminación laboral y falsedad.

Cesado Santamaría y perdida la alcaldía por UPN, de ese antiguo triunvirato, hoy en día sólo permanece en su cargo el señor Otamendi, pero también los policías partidarios del modelo policial de Santamaría, que, cómo ha quedado de manifiesto este fin de semana, tenían ya muchas ganas de volver a sacar sus porras extensibles y “apalear okupas”.

¿De donde sale la orden desalojar el inmueble?

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra, ha hecho pública la conversación telefónica en la que Fermin Otamendi contacta con la policía municipal, y, pese a que el policía municipal le dice que “Yo la orden que tengo de momento es no intervenir“, textualmente les dice que“me da igual qué ordenes tengan ustedes y de quién, me da lo mismo, lo que tienen que hacer es venir por aquí, comunicar a esta gente que está ocupando el edificio, porque es que lo están ocupando en este momento, comunicar esa negativa por parte del propietario de que se produzca esa ocupación y el deseo de que se vayan, y de momento identificar a las personas que están aquí dentro del edificio, porque esto es un delito.” Es decir, da la orden de identificar a los ocupantes, pero no de desalojar.

Entonces ¿de donde viene la orden de desalojar? El TSJN nos lo aclara:”la Policía Municipal actuó en legítimo uso de su autoridad y atribuciones, poniendo fin a una ocupación ilegal".

Las explicaciones de EH Bildu

 EH Bildu en un primer momento rechazó la actuación policial, y dijo que dicha actuación “va en contra del modelo policial que impulsamos” para Pamplona. Si bien, el concejal de Seguridad Ciudadana , Aritz Romeo, que ayer compareció en el ayuntamiento para dar explicaciones sobre esta cuestión, propuso cuatro medidas: Analizar lo ocurrido para identificar errores y que no se vuelvan a cometer, revisar el protocolo de actuación de la policía municipal, analizar la utilización de porras extensibles por parte de los agentes y revisar con carácter urgente el uso de estas porras y su eliminación en el futuro.

En su comparecencia también afirmó que la Policía Municipal tiene «todo el apoyo de su concejal y del equipo de Gobierno». Y mostró su preocupación porque varias personas “principalmente nueve agentes y también algunos jóvenes, resultaron heridos en los incidentes, para los que espero, en especial para los policías municipales, su pronta recuperación”. Por su parte, el colectivo hIREKIn ha exigido responsabilidades políticas por lo sucedido.

 ¿Nuevo modelo policial?

 Pese a que el equipo de gobierno del ayuntamiento ha manifestado durante el año y medio que lleva la legislatura, que apuesta por un nuevo modelo policial, hay prácticas que parecen estar muy arraigadas en muchos miembros de la policía municipal, en especial en los nostálgicos de Simón Santamaría.

Que Fermín Otamendi siga de titular en el juzgado número 2 de la Audiencia de Pamplona, y que desde ahí siga haciendo su particular cruzada contra el movimiento de okupación de Iruñerria, es algo que no depende de EH Bildu. Tampoco depende de EH Bildu que este señor se pase por el arco del triunfo a los responsables políticos de la policía municipal.

 Pero que policias que utilizan porras extensibles, desalojan edificios sin orden judicial y crean nuevos montajes policiales sigan en el cuerpo si que es algo que depende directamente del ayuntamiento. Lo que ahora esperan los movimientos sociales de Iruña es que, por una vez se ponga freno a estas actitudes y a estas actuaciones policiales totalmente desproporcionadas, y que se tomen las oportunas medidas contra estos agentes y sus responsables.

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