El especialista «antiterrorista» de La Razón, Jesús María Zuloaga (conocido como Zulo en la profesión), describía como «peligroso» el camino por el que discurre «el mal llamado proceso de paz»

Aunque cabía esperarlo, no deja de ser desagradable tarea la de observar cómo, a diario, los adalides de la derechona hispana

Los más de 600 presos políticos vascos no reciben el reconocimiento de «políticos» porque eso implicaría aceptar la existencia de un conflicto de naturaleza política, negado por la Constitución Española (CE). Al afirmar el art. 2 de la CE «la indisoluble unidad de España», la demanda popular de autodeterminación no sólo queda expresamente excluida de cualquier protección jurídica, sino también proscrita.

En fechas recientes (29 de junio) tuvo lugar la Declaración del Presidente Zapatero en las dependencias del Congreso de los Diputados, en la que anunciaba el diálogo con ETA. El hecho fue ampliamente divulgado.

Ha aparecido hace unos pocos meses en la palestra política una organización de nombre España y Libertad, que se ha dedicado a presentar denuncias y a manifestarse frente a todos los «antidemocratas». Se les pudo ver, por ejemplo, ante el edificio donde se reunió el PSE-EE con Batasuna con carteles con el lema «no en mi nombre».

Cuando allá por el 21 de noviembre del pasado año comenzó la vista oral del macrosumario 18/98, la «causa general» contra la izquierda abertzale recibió inicialmente un gran impulso mediático, con abundantes noticias que pretendían confirmar las tesis mantenidas por el instructor, Baltasar Garzón, la Fiscalía y los abogados de la acusación particular.

El Partido Popular está demostrando muy pocos escrúpulos a la hora de tratar de acabar con las esperanzas de paz y normalización democrática que se viven en Euskal Herria y probablemente también en importantes sectores de la opinión pública española.

España es el país que, durante más tiempo y con más rigor, sufrió la tragedia de la Inquisición, sistema judicial dotado de legislación propia, de tribunales especiales y de jueces "ad hoc" que tenían como función controlar las convicciones y perseguir posibles desviaciones.

El 14 de julio se han cumplido ocho años desde que, bajo el pomposo nombre de «Operación persiana», Baltasar Garzón enviara a cientos de policías a cerrar los medios «Egin» y Egin Irratia. Ocho años ha tardado la Justicia española en celebrar el juicio correspondiente, y éste ha permitido que acusados y testigos hayan denunciado de viva voz la injusticia cometida con un proyecto popular que no olvidan

Supongamos que una persona cayó en coma días antes de las elecciones de marzo de 2004 y que ha recuperado hoy mismo la conciencia.