La prohibición del acto del BEC y la re-ilegalización de Batasuna han trastocado el escenario político de Euskal Herria. Desde la Izquierda Abertzale esta prohibición se ha interpretado como un claro síntoma de que el proceso avanza, como una clara resistencia al cambio político.

En un juicio plagado de irregularidades y violaciones a la Constitución, un juzgado penal de distrito, la Secretaría de Relaciones Exteriores y un tribunal de amparo fallaron en favor de su extradición al Estado español

Mudos los tambores del carnaval donostiarra, la atención se vuelve política.

El pasado 3 de Diciembre se decidió Okupar la casa Mentxakabarri situada en Algorta (Bizkaia) con intención de comenzar otro Gaztetxe en el pueblo. En 4 años este es el Noveno proyecto de Gaztexe que iniciamos los jóvenes en 4 años, con lo que se puede ver la enorme represión que practican contra este movimiento.

Tras el acto del BEC, como últimamente está sucediendo en todos los actos donde interviene la izquierda abertzale, se han sucedido una cascada de (re)acciones, opiniones y valoraciones. Una vez más, los derechos de miles de ciudadanos vascos habían sido conculcados, una de tantas a las que ya estamos casi-acostumbrados.

Las últimas decisiones represivas del Estado español deben interpretarse desde la perspectiva histórica de la agudización de las contradicciones que le corroen y, dentro de éstas, desde la específica acción de Euskal Herria para recuperar su soberanía.

La decisión de la Audiencia Nacional, firmada por el juez Fernando Grande-Marlaska, volviendo a suspender cautelarmente las actividades de Batasuna, ordenando el cierre de sus sedes y prohibiendo el acto previsto para ayer en el interior del BEC, constituye íademás de un más que probable ataque a la propia legalidad españolaí un atentado contra los más elementales derechos civiles y políticos de la ciudadanía vasca.

18.55: Joseba Álvarez, responsable de relaciones internacionales de Batasuna, ha declarado a La Haine que "la valoración de acto de hoy es muy positiva desde aspectos diferentes. La inicitiva tomada por los ciudadanos ha sido arropada por la mayoría sindical del país, con la participación de representantes de 6 sindicatos. Además un número importante de fuerzas políticas vascas que normalmente no se reúnen han tomado parte en este acto, como Aralar, Zutik o EA. El número de asistentes al acto ha rondado las 8.000-10.000 personas, lo cual también es un dato muy positivo. El acto de hoy ha sido una respuesta a la decisión judicial de prohibir nuestro congreso, una demostración de que apostamos por un proceso de paz en el país y que lo vamos a blindar ante las agresiones".

Por último, un militante de la organización internacionalista vasca Askapena declara a La Haine que "coincidimos con la mayoría de los mensajes que se han lanzado hoy aquí. Nosotros creemos en la solidaridad internacionalista, por tanto entendemos que para denunciar la actitud de los estados francés y español y los diferentes procesos políticos y judiciales que desarrollan en nuestra contra, es más importante que nunca internacionalizar el conflicto y dar a conocer lo que sucede en este país. Vamos a poner todo de nuestra parte, como uno de los firmantes del acuerdo básico para la paz, para conseguir blindar este proceso. Y si es con la colaboración de diferentes fuerzas internacionales como ha ocurrido hoy aquí, pues mejor".

El juez Grande-Marlaska, digno sucesor de Garzón, pretende "Suspender por un período máximo de dos años todas las actividades orgánicas, públicas, privadas e institucionales en todos y cada uno de los ámbitos y organismos públicos, fundaciones, asociaciones, sociedades y organismos similares de Batasuna".

El auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional española, Fernando Grande-Marlaska, tuvo ayer su primer resultado visible. La brigada de información de la Policía española precintó el local de Iruñea en el que Batasuna ha ofrecido decenas de ruedas de prensa en los últimos meses sin que de ello derivara ninguna actuación jurídico-policial.