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Nacionales E.Herria :: 22/01/2006

Frente a la marcha atrás, paso adelante

Editorial Gara
La decisión de la Audiencia Nacional, firmada por el juez Fernando Grande-Marlaska, volviendo a suspender cautelarmente las actividades de Batasuna, ordenando el cierre de sus sedes y prohibiendo el acto previsto para ayer en el interior del BEC, constituye íademás de un más que probable ataque a la propia legalidad españolaí un atentado contra los más elementales derechos civiles y políticos de la ciudadanía vasca.

Se trata de la declaración de un estado de excepción con el que se pretende dar una vuelta de tuerca más a la represión contra la izquierda abertzale, tras comprobar que las medidas adoptadas anteriormente tanto por Baltasar Garzón como por el Tribunal Supremo habían resultado ineficaces en su intento de borrar de la realidad a una parte sustancial de la sociedad. Además, la decisión firmada por Grande-Marlaska tenía la intencionalidad política de sabotear las posibilidades de que arranque en Euskal Herria un proceso que pueda conducir a esta nación al ansiado escenario democrático que por fin dé lugar a una paz justa y duradera. El auto se convertía así en un torpedo a la línea de flotación de las esperanzas de este pueblo.

Pero superando los problemas y las amenazas jurídicas, policiales y políticas íla del Departamento de Interior, como el helicóptero de la Ertzaintza que sobrevoló todo el acto, se mantuvo durante toda la tarde advirtiendo de una posible intervención a las órdenes de la Audiencia Nacionalí, la valiente iniciativa de un grupo de ciudadanas y ciudadanos de Ezkerraldea permitió que la decisión de Grande-Marlaska y las intenciones políticas de quienes impulsan y jalean los autos que firma tuvieran una respuesta histórica. En los últimos tiempos no se había visto nunca un acto en el que intervinieran conjuntamente representantes de Batasuna, EA, AB, ANV, Aralar, Zutik y Batzarre y de los sindicatos ELA, LAB, STEE, ESK, HIRU y EHNE para hacer frente a los ataques lanzados desde Estado español, en defensa de los derechos civiles y políticos y exigiendo para Euskal Herria la palabra y la decisión.

Quien pretendía devolver la realidad política vasca a los encrespados momentos que se vivieron con la primera suspensión en 2002, se encontró, en lugar de con una marcha atrás en el tiempo, con un paso adelante conjunto de un importante sector de la ciudadanía vasca. Si lo visto ayer en el exterior del BEC no acaba siendo una ilusión óptica momentánea y mantiene la anunciada continuidad, el fracaso de la Audiencia Nacional y sus mentores está garantizado.

 

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