Ante las recientes declaraciones de Amaia Barredo y la campaña de greenwashing del Gobierno Vasco


El pasado domingo, 10 de septiembre, la actual Viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental,
Amaia Barredo, aparecía en los medios dando continuidad a la campaña de greenwashing del
Gobierno Vasco.
Daba apariencia de que el actual Legislativo tiene un interés especial en dar los pasos oportunos
para facilitar, lo que ellos mismos llaman, la transición energética.
El artículo del 10 de septiembre, es una colección de desatinos, que no se sabe muy bien si son
resultado de la ignorancia o de una intención velada de ocultar la realidad.
En primer lugar, habla de las tramitaciones que deben seguir los proyectos de centrales eólicas
o fotovoltaicas para ser aprobados. Cabe señalar que la legislación ha sido progresivamente
adaptada para facilitar la implantación de estos proyectos. Se han ido eliminado limitaciones y
restricciones con el objetivo de facilitar su implantación en perjuicio del entorno natural, de
manera que este trámite ha dejado de ser una garantía medioambiental.
Habla del aprendizaje que la dependencia energética que tenemos hacia terceros ha debido
suponer para la sociedad. No sabemos muy bien, a qué se refiere, como si depender de SOLARIA,
ENDESA, STATKRAFT O IBERDROLA, que es la situación a la que nos conduce la política actual de
Gobierno Vasco, no fuera depender de terceros. Todos los proyectos en tramitación, a los que
se refiere Amaia Barredo, ponen en manos de empresas privadas transnacionales la generación
y distribución de energía. Creo que la dependencia es evidente.
Sostiene que no entiende, el “efecto nimby” (alguien de su Gabinete le habrá dicho que utilizar
“palabros” dan más empaque al artículo). Aquí vuelve a demostrar su falta de entendimiento.
No se trata de que haya una oposición a la energía renovable, NO ES ASÏ, lo que hay es una
oposición social enorme a que se implante un modelo de industrialización del entorno rural y
medioambiental, que sólo beneficia a esas mismas empresas transnacionales.
Por supuesto, las instalaciones de generación de energía renovable deben facilitar el acceso a la
energía y reducir el consumo de energía fósil, pero se debe hacer de forma que la generación,
distribución y consumo responda a un modelo local y democrático. En este sentido las
Comunidades Energética representan una herramienta a la que el Gobierno Vasco se muestra
refractaria en beneficio de estas grandes infraestructuras que saquean el territorio.
De manera retórica, pregunta dónde se quieren poner las instalaciones de energía renovable.
Pues es muy sencillo y tampoco hace falta demasiadas “luces”. Pues, por ejemplo, próximas a
donde se da la demanda para minimizar las pérdidas de transporte. Vemos que los esfuerzos
para implantar instalaciones fotovoltaicas, por ejemplo, recaen en zonas rurales siendo estas las
que tiene un menor consumo y que por otro lado podrían abastecerse en gran medida a través
de Comunidades Energéticas. Sin embargo, las cubiertas en los polígonos industriales no están
sometidos a esta presión para la instalación de sistemas de autoabastecimiento. Es decir, el
esfuerzo que hace el entorno rural es inmenso, mientras que los grandes consumidores de
energía no se muestran muy interesados en contribuir en la “descarbonización” de la energía.
En lo referido al consumo en núcleos urbanos tampoco se incide en la posibilidad de desarrollar
un programa implantación de instalaciones de menor escala para la generación de energía. De
acuerdo a los resultados de un estudio encargado en 2019 por el CEA a la Universidad Politécnica
de Madrid, se concluye que el potencial de las cubiertas en Vitoria-Gasteiz tienen un excedente
del más del 20% respecto a su consumo.
El PTS de energías renovables, parece que según Amaia Barredo, deberá ser la herramienta que
nos conduzca a un despliegue de esta tecnología de manera consensuada y ordenada. Esto
debiera ser así, si no fuera porque la actual propuesta del PTS ha despertado una gran oposición
debido a su carente respeto por la Ordenación de Territorio y a su vocación saqueadora del
mismo. Se trata de una propuesta que ha sido redactada por empresas con intereses en el
campo energético y que está alineada con el precepto de rentabilidad económica y no de
servicio público.
Por último, y no menos grave, Amaia Barredo hace alarde de que el tema del Fracking lo tiene
“abandonado” en su mente, pero no por convencimiento de que esta técnica suponga un riesgo
para el entorno y la salud, sino porque “es implanteable en el actual marco legal del Estado
español”, es decir, bastaría con que este marco legal se modifique para volver a retomar la
exploración en el pozo de Subijana.
Tal y como José Antonio Galera, Diputado Foral de Medio Ambiente de la DFA, declaraba en
marzo del año pasado cuando decía que: “Espero que nunca tengamos que arrepentirnos de no
buscar gas en Subijana” hay una tendencia clara a mantener esta posibilidad abierta.
Parece evidente que la apuesta del PNV por industrializar todo el territorio, incluso con el apoyo
de los departamentos cuya función es la tutela de medio natural y rural es innegable, aunque
esto suponga un daño irreparable en el entorno natural y una amenaza para la convivencia.
PROIEKTU HONI EZ! (Arratzua-Ubarrundia)