Seis presos por «Jarrai-Haika-Segi» quedan libres cuatro años después

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española, encargada de juzgar el «caso Jarrai-Haika-Segi», ordenó ayer la libertad provisional de Olatz Dañobeitia, Olatz Carro, Garazi Biteri, Igor Ortega, Ugaitz Elizaran y Garikoitz Etxeberria, que han permanecido cuatro años encarcelados, sin juicio, tras su detención el 6 de marzo de 2001 por orden del Garzón.

De esta forma, el tribunal ha desestimado la petición del fiscal, que, ante la cercanía de la fecha en el que vencía el límite para mantener en prisión provisional a estas seis personas, solicitó que se descontasen 126 días a los efectos del cómputo de este plazo y que, por lo tanto, los jóvenes siguieran encarcelados. El fiscal argumentó para ello que «la tramitación del procedimiento ha sufrido determinadas dilaciones atribuibles a las defensas».

El auto, al que tuvo acceso GARA y que cuenta con el voto particular del magistrado Carlos Ollero Butler, hace referencia a la doctrina del Tribunal Constitucional español y apunta que la prisión provisional «es una medida restrictiva del derecho a la libertad», por lo que su aplicación «debe hacerse de manera siempre limitada».

La Sala apunta en su decisión que «un detenido estudio de los lapsos temporales que el Ministerio Fiscal tilda como dilaciones atribuibles a las defensas lleva a discrepar» de sus tesis y, tras repasar lo acontecido durante el primer espacio de tiempo aludido por el fiscal, concluye que en esa fase procedimental «en modo alguno existe una dilación atribuible a maniobras de la defensa encaminadas a un entorpecimiento» del proceso.

Subraya que los letrados de la defensa «propugnaban, en primer término, un trato igual al que de facto habían tenido las acusaciones». Lo mismo concluye sobre el segundo espacio temporal mencionado por la Fiscalía y del trámite de calificación de las defensas.

En cualquier caso, junto a la orden de liberar a los seis jóvenes, el tribunal acuerda también que se adopten «cuantas medidas se entienden adecuadas para velar por que todos los procesados sigan someti- dos al enjuiciamiento», como la designación de un domicilio, el comunicar al tribunal cualquier cambio del mismo y «comparecer ante la Sala o en su caso ante la comisaría o puesto de la Guardia Civil más cercano de su domicilio todos los días, acordándose asimis-mo la prohibición de salida del territorio nacional y la retira- da del pasaporte».

La decisión de la Sala se conoció a primera hora de la mañana y, de hecho, antes de comenzar la sesión, el secretario judicial comunicó la noticia a los afectados, que de esta manera abandonaron la «pecera» y se sentaron al lado de los imputados que se encuentran en libertad. Antes, la emoción embargó la sala y el interior de la «pecera» se llenó de besos, abrazos y alguna lágrima que otra. También el resto de los jóvenes procesados tuvo que realizar grandes esfuerzos por no llorar de emoción. Más de uno no consiguió evitarlo.

Al finalizar la sesión, los seis jóvenes fueron trasladados hasta la prisión en que estaban encarcelados, de donde, tras recibirse la notificación oficial, debían salir en libertad. Según pudo saber GARA, las excarcelaciones se produjeron en torno a las 20.30: Carro, Dañobeitia y Biteri salieron de Soto del Real, Ortega y Etxeberria de Alcalá-Meco, y Ugaitz Elizaran de Navalcarnero.

«Sigue siendo un escándalo»

Los abogados de la defensa Aitor Ibero y Arantza Zulueta manifestaron que este auto «nos da la razón sobre lo que manifestábamos incluso antes del juicio. Estamos contentos por lo que supone para los seis, pero al mismo tiempo sigue siendo un gran escándalo que hayan permanecido cuatro años en prisión y que, por otra parte, el resto de los procesados sigan en prisión».

Por ello, adelantaron que la próxima semana van a pedir formalmente la liberación de todos los imputados, tanto en este procedimiento como en procesos similares. Para los letrados, el desarrollo de este juicio está demostrando que las actividades de Jarrai, Haika y Segi son actividades totalmente legales, de carácter social, político y que «en nada tienen que ver con lo manifestado por la acusación».

Zulueta e Ibero denunciaron también la actitud del juez Ollero, con una actitud que «nos parece escandalosa y absolutamente fuera de tono y de lu- gar». En su opinión, este magistrado ha tratado de mantener la prisión para los jóvenes «abusando de lo que el derecho permite desarrollar».

BAIONA. Tras la puesta en libertad de los seis jóvenes, Segi se felicitó por el final de «cuatro años de secuestro» y subrayó que el motivo por el que fueron encarcelados fue «su labor política en defensa de su pueblo».

La organización juvenil, en un comunicado, destacó que «ha vuelto a quedar en evidencia, a través de sus leyes extranjeras e impuestas, que el Estado español dirige el recorte de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía vasca». Segi tildó de «farsa» el juicio que se está celebrando en Madrid y denunció las «numerosas irregularidades» que se están produciendo por parte de los estados español y francés.

La plataforma 18/98+ recordó que la decisión del tribunal «no es más que el cumplimiento estricto de la legislación vigente» y criticó que se haya aplicado la prisión provisional «hasta su límite», mientras que otras diecisiete personas llevan ya tres años en la misma situación.

Batasuna coincidió en que «cumplir cuatro años de prisión provisional sería inaceptable en cualquier legislación democrática», y subrayó que «no hay siquiera una sola razón para que estos jóvenes y el resto sean juzgados y encarcelados».

Durante la concentración celebrada por LAB ante los Juzgados de Donostia, Rafa Díez destacó que la vista de Madrid «es el espejo en el que se reflejan la represión y la impotencia del Estado español». El secretario general de LAB subrayó que «estamos ante la criminalización de personas, organizaciones y colectivos por el solo hecho de trabajar por construir la nación vasca».

Askatasuna acogió con «satisfacción» estas liberaciones y exigió «el cierre del macrosumario 18/98 y la libertad de todos los imputados».

Por otro lado, el Pleno de Goizueta aprobó la pasada semana un acuerdo en el que se rechazan los sumarios abiertos en torno al 18/98.

MADRID. La decisión de poner en libertad provisional a seis de los im-putados y las consiguientes reacciones dejaron en un segundo plano las declaracines de los testigos en la jornada de ayer, a pesar de que en es-ta sesión comparecieron más personas que en las jornadas precedentes.

Dos de los llamados a declarar fueron el hasta hace escasas fechas parlamenta-rio de EA en Gasteiz Martín Aranburu y el también miembro de esta formación y ex dirigente de Gazte Abertzaleak Israel Brumil.

Ambos señalaron que su partido desarrolla una «estrategia de construcción nacional» íargumento utilizado por el juez instructor para criminalizar a estos organismosí y explicaron que han mantenido contactos y han desarrollado trabajos en común con Jarrai y con Haika de forma normalizada y en muy diferentes ámbitos. Asimismo, negaron que al reunirse con los organismos juveniles incluidos en el sumario entendieran que se estaban reuniendo con ETA.

Los dos miembros de EA explicaron el funcionamiento, objetivos y financiación de este partido y de GA, y desde la acusación se les preguntó si la formación que lidera Begoña Errazti «ha estado en alguna ocasión coordinada por KAS». La respuesta de Brumil fue muy gráfica: «Me has dejado flipado».

Estos dos testigos cerraron la jornada de ayer. Antes habían declarado Joseba Garmendia, Enrike Egaña y Rubén Andrés, que rechazaron que la asesoría Ba- naka hubiera sido creada por Herri Batasuna para conformar una «caja común» con la que fi- nanciar a los diversos organismos de la izquierda abertzale.

Por su parte, Zigor Olabarria, que participó en la Gazte Asanbada de Gasteiz, y Alvaro Anta, de la plataforma 8.812, negaron que desde Jarrai, Haika o Segi se les hubiera intentado imponer directrices.

Seis ciudadanas y ciudadanos vascos fueron excarcelados ayer después de haber pasado cuatro años en prisión provisional, el límite máximo permitido por la ley. Esto es inaceptable. Nadie merece pasar cuatro años en la cárcel a la espera de ser declarado culpable o inocente. Pero su caso resulta aún más preocupante cuando se observa que los jóvenes puestos ayer en libertad forzosa no están acusados ni de violación, ni de asesinato, ni fueron sorprendidos in fraganti quemando vivo a un indigente.

La pomposidad del delito que se les imputa, «pertenencia a banda armada», es una construcción del juez instructor que no puede ocultar que los hechos concretos en los que pudieron participar son los propios de una organización política juvenil. Y por eso han estado cuatro años en la cárcel sin juicio ni condena. Y por eso otros compañeros suyos llevan ya tres años en prisión en las mismas condiciones. Y por eso se piden para el conjunto de jóvenes que en estos días están siendo juzgados en la Audiencia Nacional unas penas desproporcionadas que nada tienen que ver con el concepto básico de justicia. Seis ciudadanas y ciudadanos vascos más habrán podido dormir esta noche en sus casas y abrazar directamente a sus seres queridos. Este es un motivo de satisfacción. Pero lo que no debe olvidarse es que nunca debieron haber pasado ni un sólo día en prisión y han acabado estando cuatro años. Cuatro años de juventud robados.

Fuente: www.gara.net