Brutalidad policial para ahogar los gritos de protesta

El mes de noviembre nos ha deparado tristes y alarmantes acontecimientos. La actitud de la policía ha sobrepasado todas las líneas rojas, mostrando un absoluto desprecio por los Derechos Humanos.

Varios ejemplos concretos vividos este mes pueden ilustrar esta creciente espiral de violencia policial. En primer lugar, la tremenda represión acontecida en la Huelga General del 14N, en la que pudimos ver violentas cargas policiales, con disparos de pelotas de goma, agresión a menores, y un largo etcétera, que arrojaron un saldo final de más de 200 detenidos y múltiples heridos, mucho más que en la Huelga anterior.

En segundo lugar, la atroz e ilegal carga policial del “Grupo Hércules” en la manifestación por una vivienda digna el 24N en Sevilla, propinado golpes sistemáticos en cabeza, cuello y espalda, aun cuando las personas se hallaban ya en el suelo. Incumpliendo numerosos apartados de la INSTRUCCIÓN 13/2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad, algo que se ha convertido en una constante (ausencia de placa identificativa, detenciones desproporcionadas, uso de la fuerza inecesariamente, etc).

Ese mismo día se produjo la inquietante detención de la cámara de La sexta Ana García, que estaba cubriendo la noticia, ¡llegando incluso a confiscársele la cámara! Vulnerando con ello el Derecho Fundamental a la información (Art. 20.1.d CE y 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos). Este derecho debería ser un pilar del Estado de Derecho.

Como colofón de este ultraje al Derecho, la Audiencia Nacional ha indultado este mes a los cuatro Mossos d'Esquadra que fueron condenados a seis años y siete meses de prisión en 2009, por delitos contra la integridad moral, torturas y lesiones. ¡Y es la segunda vez que son indultados! Lo que ha provocado una importante reacción de muchas organizaciones pro Derechos Humanos y en parte de la Judicatura. El Estado español sigue ignorando las recomendaciones de Organismos Internacionales y estatales para la prevención de la tortura. Mientras tanto, son pocas las víctimas de tortura que se atrevan a denunciar, y cuando lo hacen, muchas de estas denuncias se archivan, o acaban con un indulto a los torturadores. En algún caso, bochornoso, incluso han sido condecorados por el gobierno tras el indulto. El mantenimiento de la detención incomunicada y el aislamiento penitenciario, la falta de investigación real de las denuncias por jueces y fiscales, la concesión de indultos, entre otras medidas, auspician esta impunidad. Para tratar de evitar esta situación la CPT ha redactado una serie de recomendaciones, entre las que cabe resaltar la recomendación nº 9, que insta a los poderes públicos a declarar la imprescriptibilidad del delito de torturas. Como podemos observar, el panorama es desolador.

Con el objetivo de ahogar los gritos de protesta del pueblo y con la excusa de la ansiada confianza de los mercados, la represión y la impunidad se abren paso. Ya el pasado mes de octubre, pudimos oír, aterrados, las desafortunadas pero significativas declaraciones de Cristina Cifuentes, Delegada del Gobierno en Madrid, recomendando una “modulación” del derecho de manifestación. Sin duda, nos estaba dando una pista de hacia qué tipo de Estado nos dirigimos. Recordemos que la Constitución garantiza el derecho a manifestarse (art. 21 CE) y lo incluye entre los Derechos Fundamentales.

Todos estos abusos deben ponerse en relación con similares actuaciones de la policía a lo largo de todo el año. Por refrescar la memoria, podemos citar algunos de ellos, como el hostigamiento al movimiento Rodea el congreso el 25S, con cargas que dejaron multitud de heridos y 34 detenidos por delitos “contra las altas instituciones del Estado (¡)”. Las cargas en la manifestación del 29M contra los recortes, en la que una persona perdió un ojo por un disparo con pelotas de goma (y ya van 23 desde 1990). A pesar de lo cual, el SIPE sigue afirmando que las pelotas de goma no son armas y continúan utilizándose, desoyendo las recomendaciones de la Comisión Europea. También tenemos muy vivo el recuerdo del brutal ataque contra menores de edad, periodistas, profesores y viandantes en el centro de Valencia en febrero, tras una sentada pacífica de alumnos que reclamaban la instalación de calefactores en los Institutos (con la posterior criminalización de la protesta, archiconocida técnica de manipulación) Asistimos a una escalada de represión sin parangón en la historia reciente del Estado español. En algunos aspectos, la brutalidad policial incluso ha igualado en crueldad a la ejercida durante el periodo franquista.

Sin duda, 2012 pasará a la historia por sus multitudinarias manifestación contra los recortes de la Troika, las mayores desde la mal llamada transición con continuas movilicizaciones de todos los sectores: trabajadores manuales, de la enseñanza, sanitarios, personas con discapacidad, juristas, etc. etc. Pero junto a esto, también pasará a la historia por ser el año de mayor represión y empleo de la fuerza bruta e incontrolada por los cuerpos de “seguridad”. La violencia institucionalizada ha prevalecido sobre el Derecho. Multitud de normas y Tratados Internacionales (la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, 2000/C 364/01 o la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos) han sido y siguen siendo ignorados. Asimismo se han violados normas internas, especialmente, la siempre incumplida y sobada Constitución del 78. La represión brutal contra todo lo que se mueva, dirigida desde el gobierno; las detenciones masivas y el hostigamiento a movimientos ciudadanos de protesta; la manipulación informativa, junto con el linchamiento mediático a todo aquel que cuestiona el actual orden de cosas, llegando incluso a poner en duda a Magistrados de la Audiencia Nacional, algo inédito hasta ahora; las declaraciones de algunos políticos contrarios al derecho de manifestación, etc. denotan la falta de escrúpulos y el desprecio que este gobierno siente por la Democracia, la Libertad y los Derechos Humanos. Podemos concluir que todas estas actuaciones, como medios de control social, componen las principales características que definen a un Estado policial, a saber, represión policial, impunidad, control y manipulación de los medios de comunicación. EL gobierno condena este tipo de actuaciones cuando se trata de otros Estados (con notables excepciones) pero, cuando aparecen en el nuestro, no solo miran hacia otro lado, antes bien, las fomentan subrepticiamente. Contra esta agresión sin igual y contra la deriva represiva del Estado, solo nos queda resistir, resistir armados hasta los dientes con ideas y valores de solidaridad y cooperación, para seguir dando pasos hacia una verdadera Democracia y una verdadera Justicia que sitúe al ser humano y a los Derechos Humanos en el centro del sistema.