Comienza el proceso de ilegalización: Garzón cita a los representantes de EHAK y a ANV

El juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón ha levantado hoy el secreto sobre los sumarios de Batasuna, EHAK y EAE-ANV, así como las diligencias previas derivadas de la detención de más de 20 miembros de la Mesa Nacional de Batasuna en Segura y Olaberria, el 4 de octubre de 2007.
En concreto, el levantamiento afecta al sumario 35/02, sobre Batasuna; a las diligencias previas 320 derivadas de la redada de Segura y Olaberria; al sumario 408 sobre EHAK y al sumario 508 sobre EAE-ANV.
El juez ha adoptado esa medida para que todas las partes tengan conocimiento de la información relativa a esas causas y poder así celebrar las vistas que la ley requiere para poder dar inicio a la suspensión de actividades.
Así, Garzón ha citado a las partes (acusación y defensa) en el sumario de EHAK para el próximo 4 de febrero, y al día siguiente a las personadas en el caso de EAE-ANV.
El magistrado ha recibido hoy los informes elaborados por la Policía española y la Guardia Civil que tratan de vincular a EAE-ANV y EHAK con Batasuna.
La izquierda abertzale denuncia que con la "dinámica ilegalizadora" Madrid pretende "gripar el motor del cambio político"
En una comparecencia ante la prensa junto a Eusebio Lasa, Barrena ha afirmado que, tras la "nueva dinámica ilegalizadora" del Gobierno español, hay "decisiones políticas puras y duras" aunque el PSOE pretenda presentarla como "la consecuencia de acciones judiciales".
En ese sentido, ha reiterado que las ilegalizaciones "probablemente se escenificarán así", pero "detrás de cualquier medida vulneradora contra los derechos civiles y políticos de la mayoría de la ciudadanía vasca" hay una "decisión política" que pretende "debilitar a la izquierda abertzale, apartarla de la centralidad del debate político de este país y gripar el motor del cambio político", con el cual "se identifica la mayoría de la sociedad vasca".
Barrena ha reiterado que el Poder Judicial "una vez más está respondiendo a intereses partidistas" y "electorales" y ha añadido que esa "perfecta sincronización entre los poderes del Estado" demuestra que "no hay separación" entre los mismos.
Además, ha lamentado que el objetivo de la "operación ilegalizadora" y la "represión salvaje" que está llevando a cabo el Gobierno espñol no es sólo "hacer daño a la izquierda abertzale", sino también a la "mayoría social que se identifica con el cambio político, con la necesidad de superación del conflicto político" y que identifica como "claves" para ello conceptos como "el derecho a decidir sin ningún tipo de exclusión ideológica ni territorial para todo Euskal Herria".
Asimismo, ha afirmado que el PSE y el Gobierno español "han hecho una apuesta muy clara por la confrontación pura y dura" y consecuencia de esa "vorágine represiva" son las "centenas de detenciones de personas perseguidas por su ideología política", los "intentos de ilegalización y la cobertura política a la tortura".
Barrena ha recordado que todo ello "no sería posible sin el apoyo de partidos como PNV y NaBai" que "crean el caldo de cultivo" para que esas acciones puedan darse. En ese sentido, ha recordado el "brindis por Esapaña" que el lehendakari, Juan José Ibarretxe, realizó en Madrid el pasado día 7, "gestos gratuitos que se interpretan muy bien desde Madrid" y que "dan margen" a las actuaciones del Gobierno español.
Apuesta por el cambio
Por otro lado, ha destacado que la izquierda abertzale se posiciona "en torno a objetivos políticos apoyados mayoritariamente por el conjunto de la sociedad vasca" que "quiere el cambio político y sabe que éste necesita un esquema que dé resolución al conflicto" basado en el derecho a decidir "sin ningún tipo de marginación ideológica ni territorial".
Por ello, ha destacado la "necesidad de poner sobre la mesa esquemas como el marco democrático para Euskal Herria" en el que se recogen "los mínimos para poder hablar de un escenario de resolución del conflicto" y "los contenidos, algo de lo cual sólo está hablando la izquierda abertzale, que posibilitan el respeto a todos los derechos para todas las personas", y "el derecho a que todos los proyectos políticos puedan ser llevados a la práctica si la mayoría social así lo decide".







