Crónica de un... ¿despropósito?

El sábado 16 de junio Cándido González Carnero y Juan Manuel Martínez Morala, dirigentes de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) fueron detenidos por policías de paisano, sin ni siquiera enseñar la orden escrita para ello, introducidos en coches camuflados y conducidos a comisaría donde se les comunicó su ingreso inmediato en la prisión de Villabona (Asturies) por orden del juez Lino Rubio. Llama la atención en todo este asunto el momento elegido para efectuar las detenciones: la sentencia se hace pública al dia siguiente de las elecciones; su ejecución justo el mismo día en el que se constituían los nuevos ayuntamientos. En concreto, la detención se produjo poco después de finalizar una concentración delante del Ayuntamiento de Gijón en la que habían participado los encausados.

De este modo se ponía en marcha la ejecución de una sentencia que estaba recurrida ante el Tribunal Constitucional antes de que éste se pronunciase al respecto. Era un paso más en el proceso incoado en su contra acusados de ser los causantes de los daños producidos en un cajetín que controla el tráfico urbano, perteneciente al Ayuntamiento de Gijón. Dichos daños fueron el resultado de una protesta laboral protagonizada por los trabajadores de Naval Gijón efectuada el mes de marzo del año 2005. Aunque los acusados han negado de forma sistemática ser los autores del hecho, de nada han servido sus declaraciones de inocencia ni siquiera las pruebas presentadas en su defensa, que fueron rechazadas por el juez encargado del caso, Lino Rubio Mayo, conocido por sus duras sentencias ya en la época en la que se juzgaba a los jóvenes insumisos. Lo ocurrido durante todo este período puede ser calificado como un auténtico despropósito ya que el proceso ha estado salpicado de irregularidades y arbitrariedades.

Los hechos

El 11 de marzo del 2005 los trabajadores del sector naval protagonizaron en Gijón una acción de protesta por la situación del astillero de Naval Gijón en el curso de la cual resultó destruida una cámara que controla el tráfico urbano. Se trataba de una acción más de las miles protagonizadas por estos trabajadores que, desde hace más de veinte años, vienen defendiendo con uñas y dientes sus puestos de trabajo. Durante este tiempo se han sucedido una serie de reconversiones que prácticamente han acabado por liquidar lo que antes de la crisis era un activo sector industrial que, aparte de los empleos directos, generaba entre 7 y 10 veces más empleos indirectos. Baste recordar que en 1975 existían en la bahía gijonesa cuatro astilleros (Duro Felguera, Juliana, Cantábrico y Riera y Marítima del Musel). Las instalaciones industriales cercanas al popular barrio de La Calzada ocupaban varios kilómetros, que se extendían desde la vieja dársena hasta el puerto exterior de El Musel. Entre todos ellos agrupaban a más de tres mil trabajadores; hoy solamente quedan dos, Juliana y Naval Gijón que suman alrededor de 250 trabajadores, de los cuales unos 150 están en condiciones de prejubilarse a corto plazo.

Si por algo se han caracterizado los métodos de lucha empleados ha sido por su contundencia. Sin embargo esto no ha impedido que, a lo largo de los años, el sector más combativo, organizado alrededor de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI), haya tenido un importante reconocimiento entre los trabajadores y, al mismo tiempo, un significativo nivel de legitimidad entre la población que, simpatiza con unos obreros que, a la postre, sólo defienden su puesto de trabajo. En este sentido habría que tener en cuenta que durante estos 23 años de lucha contra lasucesivas reconversiónes siempre se siguió el mismo esquema: negociación previa hasta agotar todas las posibilidades y solamente después las movilizaciones en la calle. Fueron estas luchas incesantes las que inspiraron los personajes de la película Los lunes al sol de Fernando León.

Cándido y Morala han sido, y son, dirigentes reconocidos no sólo entre sus propios compañeros de trabajo sino también entre los sectores más combativos de la clase obrera asturiana y entre sectores muy amplios de la población gijonesa. Ambos son curtidos y veteranos trabajadores cuya trayectoria se remonta a la década de los setenta cuando se inició la Transición y el proceso de legalización de los sindicatos de clase.

Ambos formaron parte de la dirección comarcal de Gijón de CC OO que se negó a aceptar el proceso de burocratización tras la firma de los Pactos de La Moncloa. La lucha por mantener la identidad combativa y asamblearia de las primeras Comisiones Obreras es el origen de una política de acoso que desarrolló en el interior del sindicato la corriente mayoritaria, dirigida por el PCA [Partido Comunista de Asturias, rama del PCE], que acabó con disolución burocrática de la Unión Comarcal y el surgimiento de la CSI, de la que tanto Cándido como Morala han sido secretarios generales.

El proceso

Los hechos ahora culminados se inician a partir de una denuncia presentada por un policía municipal. En la misma se señalaba a Cándido y Morala como los autores de la destrucción de la cámara y se les reclamaba el pago de los costos de los destrozos causados en el cajetín de tráfico.

Lo primero que llama la atención es que la denuncia fuera cursada por un funcionario municipal del Ayuntamiento de Gijón, gobernado por un pacto PSOE-IU. Desde el inicio se acusó al Ayuntamiento de estar detrás de la denuncia.

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Lo cierto es que, casualidades de la vida, fue el juez Lino Rubio el encargado de tramitar la denuncia presentada. Éste es conocido en Gijón por sus "sentencias ejemplares" tanto contra los ahora encausados, Cándido y Morala, como contra los jóvenes insumisos unos años atrás. Los encausados señalan que las sentencias más duras que han tenido durante juicios celebrados en su contra en años anteriores han sido siempre las de Lino Rubio. En esta ocasión, dando una vuelta de tuerca a la situación, el juez decidió aplicar la ley antiterrorista a los encausados imponiéndoles una multa de 2.160 € a cada uno y el pago conjunto de 5.624,83 € al Ayuntamiento de Gijón por daños y perjuicios, con el apercibimiento de proceder por la vía de apremio contra sus propiedades en caso de negarse a cumplir el pago ordenado.

Para llegar a este punto tuvieron que celebrarse varias sesiones de un juicio que, en palabras de Luis Redondo, dirigente histórico de la CSI, "se puede calificar de inmoral y está repleto de incongruencias". Entre otras muchas habría que citar la no consideración como válida de una prueba (una grabación de video) presentada por la defensa y en la que se demostraba que ambos no fueron los autores de los hechos que se juzgaban. Por el contrario, fue admitida como válida la declaración de un policía que testificó en el juicio señalando a los dos imputados como autores de los hechos, sin aportar ninguna otra demostración. Llama la atención que este policía inculpador es un viejo conocido de los activistas de algunos movimientos sociales, como el antiglobalización y otros, en los que estuvo infiltrado durante los años 2001-2003. Conocido por la radicalidad de sus propuestas, destacó en Barcelona durante la reunión del Banco Mundial al ser el primero en dedicarse a romper cristales de escaparates en plan provocador.

Lógicamente los imputados se han negado a aceptar la condena, señalando reiteradamente su inocencia y han recurrido las sentencias. En un primer juicio el fiscal pedía 4 años de cárcel para cada uno y 5.600 € para sufragar los desperfectos causados. El recurso de esta sentencia dio como resultado otra en la que se mantienen las penas de cárcel superiores a los dos años y la multa por los desperfectos. Todo ello a pesar de que ambos siguiendo proclamando su inocencia durante todo este período. Siendo la sentencia superior a dos años, y con su anuncio de que no pagarían un solo céntimo al ayuntamiento, el resultado inmediato es la ejecución de la misma. Dicho de otra manera: el ingreso inmediato en la cárcel a partir del momento en que el juez dicte la orden para ello. Se presentó un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional pero, antes de que este órgano se hubiera pronunciado, se ordenó su ingreso en la cárcel de Villabona, culminando así el cúmulo de despropósitos en torno al caso.

Las autoridades

Durante el proceso hemos visto a dirigentes, tanto del PSOE como de IU (...) nadar y guardar la ropa al mismo tiempo.

En lo referente al Ayuntamiento de Gijón, su alcaldesa, Paz Fernández Felgueroso, se ha dedicado a insistir en que el Ayuntamiento no presentó la denuncia. Sin embargo, hubo que esperar a dos días antes de la liberación de Cándido y Morala para que, por primera vez, señalara que "no aspiraba a cobrar ninguna indemnización". Por su parte el delegado de Gobierno, Antonio Trevín, ni siquiera se ha preocupado de desmentir la existencia de policías infiltrados en los movimientos sociales o las actuaciones irregulares de los mismos en el desarrollo de estas tareas. Unos y otros se han limitado a declarar que respetan la independencia del poder judicial avanzando que es el juez quien "está aplicando una ley aprobada por el PP que está prevista para combatir la kale borroka"(!), olvidando que esa ley está vigente, entre otras cosas porque fue el PSOE quien la votó.

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Los intereses ocultos

Para entender todo este proceso, los encausados han denunciado de forma reiterada que su enjuiciamiento tiene como objetivo doblegar al sector más combativo de los trabajadores de Naval Gijón para imponer el cierre del astillero y abrir paso a un proceso especulativo que aspira a hacerse con el control de los actuales terrenos que ocupa el astillero para construir pisos de lujo.

Si nos atenemos a los hechos, existen claros indicios que dan la razón a esta tesis. Antes de la reconversión naval la bahía gijonesa era una zona de actividad industrial en la que la construcción naval ocupaba un lugar destacado. El cierre de una parte de los astilleros ha permitido liberar un suelo que se ha convirtió rápidamente en urbanizable. La creación de dos nuevas playas (Poniente y Arbeyal) ha revalorizado sustancialmente los solares de la zona en donde han ido construyéndose nuevos pisos calificados de lujo. En ese contexto, que se mantenga un área industrial que rompe con el nuevo paisaje urbano no deja de ser algo anacrónico que incita a los especuladores del ladrillo a buscar fórmulas que permitan "culminar la remodelación de la zona".

Aunque los intereses pueden intuirse, no aparecen todavía nombres concretos en el escenario. Lo que si es público ya es la propuesta de trasladar el astillero a las instalaciones portuarias de El Musel. Ha sido UGT quien primero se ha manifestado a favor de esta propuesta que plantea cerrar las instalaciones y su posterior traslado. La CSI denuncia esta propuesta como una maniobra que reducirá, todavía más, la mano de obra actualmente existente en el astillero, ya que se aprovechará la circunstancia del cierre para rebajarla plantilla mediante prejubilaciones, reduciendo al mínimo el número de operarios en las nuevas instalaciones, aprovechando como disculpa la actual situación sin carga de trabajo.

El secretario del Comité de Empresa, Balbino Cano, de la CSI, hizo pública una carta estos días en la que aporta algunos datos que podrían clarificar algo la situación. Señala que los terrenos que ocupa el astillero estaban cedidos a los trabajadores hasta el año 2005 para evitar la especulación urbanística. En esa fecha, y dado el endeudamiento de Naval Gijón, se propuso poner los terrenos a nombre de PYMAR (la empresa encargada de gestionar los astilleros en reconversión). A diferencia de otros casos, como Vulcano o Unión Naval de Valencia, en los que PYMAR ha sacado a flote las empresas aprovechando la mejora que actualmente conoce el sector, en Naval Gijón se ha dejado que continúe el endeudamiento. Ni hay empresario que se haga cargo de la factoría ni se impulsa la contratación de pedidos. De este modo se está profundizando una situación de crisis insostenible a corto plazo, que obligará a replantearse el futuro del sector naval nuevamente. De este manera la gestión desastrosa de PYMAR puede estar facilitando las maniobras de sectores especulativos del mundo de la construcción. Eso si no es que ese mismo sector está propiciando la política irresponsable de PYMAR para conducir directamente a la crisis.

La publicación de esta carta fue considerada como una ofensa por parte de UGT y CC OO que en esta ocasión decidieron unir sus fuerzas para cesar a Balbino de sus funciones de secretario de forma inmediata, utilizando para ello la mayoría absoluta con la que cuentan actualmente en el Comité de Empresa.

La solidaridad

Nada más conocerse la detención de los dos sindicalistas, antes de que se hubiera emitido el veredicto del Tribunal Constitucional, se puso en marcha un movimiento de solidaridad que había venido gestándose los meses anteriores a través de la Plataforma por las Libertades y contra la Represión.

Al día siguiente de la detención, domingo, se realizó una primera concentración de denuncia y solidaridad frente a la cárcel de Villabona. Posteriormente se fueron organizando y planificando nuevas actividades de denuncia y solidaridad. Así, todas las semanas se produjeron concentraciones en Gijón, principalmente, pero también en Oviedo delante de la Junta General y la Delegación de Gobierno [y en muchas otras ciudades del estado español]. Se recibieron diversos comunicados de apoyo de varias secciones sindicales de empresa y se abrió un debate que recorrió buena parte del sindicalismo asturiano.

¿Qué se pretende con este juicio? Son numerosas las voces que señalan que el objetivo es dar un escarmiento a quienes durante todo este tiempo han mantenido una lucha sin descanso para mantener los puestos de trabajo. Si dos personas de reconocida solvencia como Cándido y Morala acaban encarcelados. ¿quién se atreverá a movilizarse después?

La salida de la cárcel

Una vez ingresados en prisión se produjeron extrañas reacciones de solidaridad con los encarcelados, algunas sorprendentes como la del delegado de Gobierno, Antonio Trevín o Gerardo Herrero, fiscal Jefe del TSJA. Ambos pedían el indulto para los encarcelados al considerar excesiva la condena por un delito de carácter sindical. Lágrimas de cocodrilo de quienes han jugado un activo papel en todo este proceso y no han hecho nada por evitar que acabe con el ingreso en prisión de Cándido y Morala.

Los efectos de las movilizaciones, con un significativo grado de participación, así como las presiones que llegan hasta el propio Ministerio de Justicia [permitieron] que finalmente, tras permanecer 19 días en la cárcel, los encausados sean puestos en libertad. Para ello hubo que asistir a nuevas y disparatadas maniobras. Mientras arreciaban las movilizaciones solidarias, el juez encargado del caso, Lino Rubio, ratificó su sentencia y la orden de ingreso en prisión para su cumplimiento antes de que se pronunciara el TC. Días después se marcha de vacaciones y será la jueza que le sustituye quien decida aplicar la suspensión del cumplimiento de la sentencia. Pero antes de esto, Instituciones Penitenciarias decidió que Cándido y Morala debían obtener el tercer grado, lo que equivale, en la práctica a una salida de prisión.

Transcurridos unos días tenemos a Cándido y Morala en la calle, aunque eso no quiere decir nada. No ha existido un indulto, ni otra sentencia que anule la anterior. Simplemente se ha decidido suspender el cumplimiento de una sentencia que sigue vigente. Habrá que esperar al próximo capítulo cuando el juez encargado del caso se reincorpore a su despacho.

Mientras tanto las tareas de la solidaridad y las movilizaciones deben continuar, profundizando su discurso y extendiendo sus redes. Es preciso conectar la ejemplar lucha del sector naval gijonés, su defensa de la dignidad y los derechos de los trabajadores, su intransigente defensa de los puestos de trabajo y apuesta por la viabilidad del sector, a la nuevas generaciones de trabajadores, particularmente a los miles de jóvenes que se ven obligados a marchar para poder trabajar ("leyendas urbanas", el presidente Álvarez Areces dixit) y a los que trabajando aquí, lo hacen en unas condiciones de precariedad abusivas.

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