Dos familias en Bilbo se enfrentan a una orden de desalojo para el 27 de junio y 7 de julio


En las próximas semanas, dos familias bilbaínas, con un total de nueve menores, corren el riesgo de ser desahuciadas sin que ninguna administración pública les ofrezca una alternativa habitacional. Lo que en otros tiempos habría sido una noticia excepcional, hoy parece haberse convertido en rutina: violencia institucional envuelta en papeles judiciales, ejecutada con fecha y hora, con menores como víctimas colaterales de la especulación.
La familia de Rosario y Miguel, que vive desde hace más de tres años en una vivienda vacía de Alokabide en el Casco Viejo, ha recibido orden de desalojo para el próximo viernes 27 de junio. La misma institución pública que mantenía la casa deshabitada es ahora quien pretende echarlos a la calle, sin ofrecer ninguna alternativa.
Tamara y su familia, con años de pertenencia al Sindicato AZET, tienen ya fecha de desahucio: el próximo lunes 7 de julio. En su caso, es la Diputación de Bizkaia, a través del Instituto Tutelar, la que ha solicitado su desalojo. Ellos también se enfrentan a una expulsión sin solución, en un proceso marcado por el silencio administrativo y la pasividad social.
Nueve niños y niñas. Ese es el número de menores que pueden perder su hogar en las próximas semanas en Bilbao. No es una cifra aleatoria, ni una estadística de fondo: son nombres, rostros, mochilas a medio preparar para el colegio, camas compartidas, dibujos en la pared. Y sin embargo, las instituciones responsables siguen defendiendo el derecho de propiedad por encima del derecho universal a la vivienda.
El comunicado difundido este miércoles por el sindicato que acompañan a ambas familias denuncia que “los desahucios son hoy en día una de las expresiones más crudas de la violencia capitalista”, que se intensifica cuando hay menores implicados. “¿Qué pensaríamos si a estos nueve niños y niñas se les negara el derecho a la sanidad o a la educación por no poder pagarla?”, preguntan. “Nos parecería una barbarie, ¿verdad? ¿Entonces por qué normalizamos que se les pueda echar de su casa?”
El texto no escatima en señalar culpables: “Cada día cientos de familias son arrancadas de sus casas para que grandes propietarios recuperen sus propiedades, pisos con los que especular y seguir haciendo negocio. Negocio a costa de nuestras vidas, y con la complicidad y colaboración de las instituciones públicas”.
La respuesta desde AZET es clara: “No vamos a permitirlo. No estamos dispuestas a normalizar esta violencia. No queremos que los desahucios formen parte del paisaje de nuestras ciudades”. La llamada a la movilización es explícita: el 27 de junio en la calle Bidebarrieta y el 7 de julio en la calle San Francisco, se convoca a defender las casas de Rosario, Miguel y Tamara.
Lejos del lenguaje técnico y los argumentos legales, la situación se resume en una frase: “El enemigo no es quien no tiene casa, sino quien pretende echarle de ella.”
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