El Parlamento Vasco aprueba una iniciativa para reforzar el ámbito cibernético de la Ertzaintza

El Parlamento Vasco aprobó ayer jueves una proposición de ley impulsada por EH Bildu y respaldada por PNV y PSE para reforzar la estructura de la Ertzaintza en el ámbito cibernético. El acuerdo, al que se sumaron también Sumar y el resto de grupos salvo el PP y Vox, insta al Departamento de Seguridad a “profundizar en el proceso de modernización de la Euskal Polizia”
La unidad específica de la Ertzaintza para combatir el cibercrimen cuenta actualmente con 26 agentes y un enlace. Algo que EH Bildu la ha calificado de “insuficiente”. Es por esto que el acuerdo aprobado establece que el Departamento de Seguridad debe “reforzar los recursos humanos” en el marco del vigente Plan de Empleo de la policía autonómica.
El texto aprobado supone algo mas que un aumento de efectivos. Insta también a la “actualización y modernización de los recursos técnicos” de la unidad especializada y exige que la formación en ciberdelincuencia tenga “su espacio y relevancia” en los planes de estudio de la Academia Vasca de Policía y Emergencias de Arkaute.
El parlamentario de EH Bildu Gorka Ortiz de Guinea ha defendido la iniciativa apelando a que “la ciudadanía tiene derecho a una seguridad integral” y que la protección digital es “indispensable para salvaguardar los derechos y el bienestar”. Ortiz de Guinea ha afirmado que para ello es necesario un "cambio de paradigma dentro de la Ertzaintza" y una "modernización profunda" que incluya la "atracción de talento" y la inversión en I+D+i. En la práctica, el acuerdo supone un aval político a la ampliación de los medios de la policía bajo el argumento de la “modernización tecnológica”.
El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, votó a favor pero aprovechó su intervención para reclamar una auditoría sobre las empresas externas con las que colabora el Departamento de Seguridad. La advertencia apunta a un problema de fondo: las firmas punteras en ciberseguridad suelen ser estadounidenses o israelíes, lo que plantea dudas éticas y de soberanía tecnológica que el acuerdo aprobado no aborda.







