En defensa de los derechos de las personas presas,contra la desprotección,la corrupción y el racismo

Desde Salhaketa, asociación de apoyo a las personas presas y sus familiares, nos sumamos al amplio movimiento social e institucional que está reaccionando desde entidades institucionales, judiciales, profesionales y asociativas, así como desde la propia ciudadanía, a la torpe y perversa estrategia del Partido Popular en el País Vasco que ha tratado de convertir la capital de la Comunidad Autónoma, mediante las declaraciones y propuestas de sus representantes institucionales, en un espacio de experimentación de tácticas electorales y de ocultación de su corrupción interna, fundamentadas en comparaciones obscenas y generalizaciones hirientes y violentas que buscan culpabilizar y etiquetar indiscriminada y discriminatoriamente a quienes no son los responsables de fraude alguno y mucho menos de la corrupción generalizada de banqueros, empresarios y políticos que avergüenzan a la ciudadanía y nos han sumergido en una crisis económica endémica, en el incremento constante del desempleo y el empobrecimiento de la población.

Por lo que afecta a nuestro ámbito de actuación, mostramos nuestro más rotundo rechazo a la anticonstitucional propuesta del actual Alcalde de Vitoria-Gasteiz que en su carrera hacia puestos de mayor poder en Madrid, utiliza a la ciudadanía vitoriana con mentiras, ya desenmascaradas a la luz de los datos durante las últimas semanas, que viola el principio de igualdad en la aplicación de las leyes, cuando en su paquete de propuestas destinadas a recortar el actual sistema de protección social plantea que, una persona condenada por un delito, no pueda acceder a cualquier otro derecho que no esté suspendido en el fallo condenatorio.
El hecho de que se retire o deniegue a una persona cualquier ayuda institucional por haber sido condenada, es una pena añadida, sin ningún fundamento jurídico, y con el actual Código Penal en la mano, constitutivo de un delito de privación de derechos sociales.

Tanto el artículo 25.2 de la Constitución Española con el Título primero de la Ley Orgánica General Penitenciaria establecen que la finalidad de las penas privativas de libertad es la reinserción social. Las ayudas económicas de subsistencia como la RGI y las AES son una medida básica a tal fin, así como un dispositivo eficaz para evitar el delito común, sobre todo teniendo en cuenta que la gran mayoría de las personas encarceladas son personas que se encuentran por debajo del umbral de pobreza, no porque la gran mayoría de los delitos los cometan los pobres, sino porque el sistema policía y penal persigue y penaliza casi exclusivamente los delitos convencionales como pequeños hurtos y robos, delitos relacionados con el trapicheo con drogas ilegalizadas a pequeña escala y similares que es por el tipo de delitos por el que permanece encarcelada más del 75% de la población recluida.

No es ningún abuso que el actual sistema permita, como dice el Alcalde, a los “delincuentes” cobrar la RGI, sino que en lugar de la cárcel, la expropiación de todo su patrimonio a los delincuentes económicos y a los políticos corruptos y, su utilización para fines sociales, y la obligación a vivir con la RGI realizando trabajos al servicio de la comunidad, habría de ser su condena. Estos delincuentes de cuello blanco que ampara y protege el actual gobierno y que por desgracia no persigue la administración de justicia salvo en contadas ocasiones y sin que tenga graves consecuencias para ellos, han hecho de la corrupción el sistema sanguíneo de nuestra economía. Ellos son, tal y como se está evidenciando, quienes perpetran con total impunidad los más graves delitos como malversación de fondos públicos, fraudes fiscales, evasión de capitales, Imposición y mantenimiento de condiciones laborales ilegales, discriminación laboral, defraudación tributaria y a la seguridad social, blanqueo de bienes y capitales, corrupción en las transacciones comerciales internacionales, sobornos, entre otros muchos gravísimos delitos que hoy no persigue ni penaliza el actual sistema de justicia criminal.

La mano de obra Africana, Latinoamericana y de los países del Este de Europa, fue imprescindible para garantizar los fondos de la seguridad social que hoy mantienen las exiguas pensiones públicas y que hizo posible el “milagro económico” de los años 90 hasta el 2008. Con este milagro no se enriquecieron precisamente las clases trabajadoras ni mucho menos la población migrante, sino los mismos de siempre y, con demasiada frecuencias de forma ilícita, mediante la explotación de la mano de obra nacional y sobre todo extranjera, mediante la especulación y la corrupción que ha hundido a multitud de familias y que hoy vivimos como un lastre.

En la actual coyuntura de incremento exponencial de la pobreza gracias a los brutales recortes sociales y laborales del gobierno del Partido Popular que condena a la precariedad crónica a las familias y a las nuevas generaciones, uno esperaría de un Alcalde solidario y, del resto de la clase política, que dieran ejemplo renunciando al menos a la mitad de su salario, con el fin de contribuir a paliar la actual situación de emergencia social y de dar ejemplo. O que fuera beligerante defendiendo lo poco que queda del Estado de bienestar, planteando la necesidad de ampliar las prestaciones sociales a quienes no pueden acceder aún a ellas en lugar de cuestionar el derecho a las mismas a quienes cumplen los restrictivos requisitos para disponer de éstas.
Pero no. La propuesta es matar el cólera a cañonazos. Es decir, acabar con el desempleo y la pobreza criminalizando y satanizando a determinadas categorías de población a las que se les prohíbe vivir entre nosotros. ¿Cómo? forzando su expulsión por falta de trabajo y de prestaciones sociales básicas que faciliten su incorporación como capital humano necesario, en un país que está envejeciendo y nuestra población se está estancando de un modo preocupante, a un ritmo vertiginoso. Y encima tratando de obtener réditos electorales de un discurso demagógico, racistas y que, si tuviéramos una verdadera cultura jurídica democrática, sería objeto de penalización por apología de la xenofobia.

El mismo proceder que en la Alemania Nazi. ¿Gitanos, Moros, “irregulares” y “delincuentes fracasados” cualquier cosa que signifique esto, son los responsables de la corrupción y del mal uso del dinero público? No seáis hipócritas. La corrupción con mayúsculas surge del uso del dinero de las arcas públicas para financian empresas privadas, muchas de ellas ligadas a los partidos hegemónicos y a las élites económicas que lo sustentan. Es como responsabilizar a las hormigas sin Label de lo que hacen los monstruos de la especulación urbanística y monetaria con nuestros impuestos. Y lo peor es que todo el capital obtenido y los beneficios multimillonarios de las últimas décadas, no se ha invertido aquí, sino que ha sido invertido en otros países llevándose las empresas y el capital fuera.

Ahora ya 1900 imputados en 130 causas abiertas. Solamente unos 30 en prisión, la mayoría sin codena firme. La mayoría de políticos, banqueros y empresarios que actúan y han actuado al unísono utilizando el dinero que pagamos para su enriquecimiento privado de forma ilícita no han acabado en la cárcel. ¿Porqué? Existen dos grandes motivos que les blindan de la persecución penal y por tanto les dotan de impunidad. El primero es la cantidad ingente de dinero en gran medida público que invierten en disponer de información clasificada sobre quienes pueden visibilizar su corrupción. Entre ellos se tienen controlados y, tan solo sale a la luz un caso, cuando un conflicto de intereses entre las élites económicas y/o políticas lo requiere. Aún así en su juego macabro de complicidades se saben impunes. Conocen bien la maquinaria del sistema judicial y, saben, que la lógica procesal requiere de pruebas fruto de indagaciones complejas para las que la investigación policial y judicial al uso no está preparada. Ellos se han encargado de que no lo esté. Esto unido a otros factores como son la misma extracción de clase de los operarios del derecho que, actuando con arbitrariedad, juzgan y sentencian utilizando criterios y tomando decisiones que claramente benefician a los imputados.

No es casual que existan escasos estudios sobre corrupción.
Esta aun siendo el sistema sanguíneo del capitalismo, se caracteriza por fluir siempre sin ser vista, resulta muy difícil obtener información y, los casos que llegan a visibilizarse no son sino una pequeña punta del iceberg de un sistema económico corrupto. El ilegalismo económico es la crónica de la evolución del mercantilismo de acumulación, de su surgimiento, de su evolución y de su actual desbocamiento, así como la génesis de la violación de los derechos humanos básicos de las personas y los pueblos.

Un estudio muy reciente de la Universidad de Las Palmas refiriéndose solo a la corrupción de los casos visibles, estima en 40.000 mil millones de euros el costo social anual de la corrupción en el conjunto del estado. Esto en un país donde una de cada cinco personas se encuentra por debajo del umbral de la pobreza. Solo un dato. Con ese dinero, le corresponderían 700 euros mensuales a cada una de las 5 millones de personas desempleadas y es que no nos olvidemos de que la corrupción y el enriquecimiento de unos pocos siempre es gracias al empobrecimiento de la mayoría.

Por último instamos a la sociedad vasca en general y, a la ciudadanía alavesa en particular, a continuar articulando un frente social común que mediante la argumentación racional, la transparencia en las intenciones compartidas de defensa y extensión del actual sistema de protección social y, la movilización social aproveche estas intenciones ilegales, ilegítimas e interesadas del actual partido en el gobierno para mejorar la situación social de los cada vez más amplios sectores de la población en situación de vulnerabilidad y exclusión: personas mayores e infancia desprotegida, mujeres, personas migrantes y desempleadas de larga duración, personas criminalizadas y demás colectivos desfavorecidos que podemos contar por miles y que hoy sobreviven gracias a la Renta de Garantía de Ingresos y a las Ayudas de Emergencia Social.