Órdago de la Seguridad Social y las mutuas al sistema público de salud

Órdago de la Seguridad Social y las mutuas al sistema público de salud

El Ministerio de Seguridad Social promueve la desaparición del carácter público, único, preventivo, basado en atención primaria, investigador, equitativo y descentralizado al que aspira el actual sistema público de salud. Y lo hace impulsando desde el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) la firma de convenios de colaboración entre las Comunidades Autónomas y las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social (MCSS) representadas por la Asociación de mutuas de accidentes de trabajo (AMAT).

Fechado en diciembre de 2022 en la versión que disponemos, el modelo de convenio consta de 21 cláusulas en las que, diremos de forma muy resumida, propone a las distintas consejerías de salud de las CCAA que toda la atención sanitaria de la población activa (asalariada y autónoma) sea de origen común o laboral, sea llevada a cabo por las MCSS. Así mismo ofrece los recursos propios o concertados de las mutuas para reducir listas de espera del resto de la población no cubierta por la Seguridad Social.

La atención sanitaria que realicen a las contingencias comunes de las trabajadoras/es y la que presten a las personas no cubiertas por la Seguridad Social será pagada por las CCAA (cláusula 12).

Se propone así habilitar un doble sistema sanitario, uno solvente financiado por cotizaciones e impuestos de carácter reparador para la población activa (productiva) con los medios necesarios para, tal y como el documento explicita, lograr la pronta reincorporación laboral y otro, para el resto de la población (amas de casa, desempleadas/os, personas jubiladas, niñas/os etc.) hoy ya en franca descapitalización presupuestaria.

El convenio propone que las mutuas realicen estas actuaciones en centros propios o privados mercantiles concertados por ellas. No sobra el recordar al respecto la incapacidad de la Seguridad Social, señalada en los sucesivos “Informe de fiscalización sobre la gestión y el control efectuados por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en materia de asistencia sanitaria concertada con medios ajenos”, desde el Tribunal de Cuentas estatal. La actual normativa obliga a las MCSS al uso de recursos propios o de otras mutuas para sus actuaciones sanitarias (Véase resolución de 16 de mayo de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. BOE nº 176 25-07-2017).

La cláusula décima establece el acceso de las/los profesionales de las mutuas a la historia clínica informatizada del sistema sanitario público de las/os pacientes sin cortapisa alguna. Las y los trabajadores conocen del empeño arqueológico de los profesionales de las mutuas en buscar causas no laborales de sus daños derivados del trabajo y el consecuente subregistro de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.

La propuesta de realizar la totalidad de la atención sanitaria a la población laboral desde las mutuas plantea iniciar la misma por patologías de traumatología y de salud metal. En un documento posterior, de “Descripción del objetivo específico del convenio para el control de la IT para el año 2023” la Seguridad Social pretende atender desde las mutuas la mitad (50%) de los casos de problemas de hombro, rodilla y tendinopatías de extremidad inferior de las trabajadoras y los trabajadores en todo el Estado. Menos en la CAV y Navarra ya que la iniciativa para este año se asocia a los convenios de control de la IT común entre el INSS y las CCAA, acuerdos desestimados en ambos territorios. Paradójicamente multitud de estos daños siendo causados por el trabajo, y negado este origen por las propias mutuas, son derivados fraudulenta e injustamente al sistema público de salud para su asistencia. Ahora las mutuas pretenden atender todos estos casos facturando el coste asistencias al sistema público de salud.

Dado que las mutuas no disponen de recursos suficientes para atender los centenares de miles de casos de origen común que se proponen, o en el caso de los trastornos mentales carecen de experiencia y recurso alguno, por un lado, los casos serán directamente derivados para su atención a centros privados, tal y como ya lo hacen hoy día en aplicación del control de la IT común que realizan y por otro facilitarán el desarrollo del pluriempleo de las/os profesionales del sistema público. Por algo las organizaciones médicas corporativas solicitan, y lamentablemente logran, eliminar las normas de incompatibilidad de trabajo entre los sistemas público y privado.

No hay atisbo alguno de prevención de los daños en el convenio propuesto. Se apuesta así por un sistema sanitario para las y los trabajadores en el que la promoción de salud y la salud pública están ausentes. Quizás porque económicamente no engordan cuentas bancarias.

No vamos a extendernos en este escrito en los contenidos de otras cláusulas que someten al sistema sanitario público en materia de control de la incapacidad temporal a las directrices y criterios de las mutuas empresariales. Recordemos solamente que según datos del Instituto de Salud Pública y Labora de Navarra en los últimos años menos del 14% de las propuestas de alta de las mutuas están clínicamente justificadas. También el convenio dispone que las mutuas serán las únicas que decidirán el carácter laboral o no laboral de los daños de las/os trabajadores sin concurso alguno de las ya debilitadas competencias de la administración laboral y sanitaria al respecto. Las mutuas, entidades opacas en cuanto a su quehacer en materia de contingencias laborales y carentes de cualquier publicación en revista científica alguna, dispondrán para sus estudios también de todo tipo de dato de las y los trabajadores existente en el Sistema Público de Salud.

Si en cuanto a la asistencia sanitaria las y los trabajadores accidentados o enfermos por el trabajo conocen la ausencia de derechos como pacientes en el sistema mutual, este convenio en absoluto se ocupa de habilitarlos para la atención de sus contingencias comunes.

El anexo I de la propuesta se incluye un listado de tarifas a pagar por el sistema sanitario público por cada tipo de actuación sanitaria de las mutuas. El Anexo II contempla varias páginas sobre las fórmulas de pago y se extiende sobre garantías de confidencialidad de la información a la que accedan las mutuas que solo vienen a expresar la acertada desconfianza de la Administración sobre el uso de los datos recabados por las mutuas.

Este convenio no es una agresión más al sistema público de salud, supone un salto de gigante en el desmantelamiento del modelo por el que optó la Ley General de Sanidad en 1985 y la vuelta al modelo de seguro obligatorio de enfermedad levantado a lo largo de la dictadura. Tal y como se avanzó en la Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud aprobado por el Gobierno del PP se vuelve a asociar el derecho a la cobertura sanitaria pública a la cotización al sistema de seguridad social.

Desde 1995 los distintos gobiernos estatales han ido asignando nuevas competencias a las mutuas en detrimento del sistema público de salud y de la propia Seguridad Social. A destacar la gestión de la prestación económica en caso de riesgo para embarazo y lactancia natural y el control de la Incapacidad temporal por contingencia común. Y lo han hecho sin debate social alguno, escondiendo importantes cambios normativos en la dispersa y voluminosa Ley de acompañamiento de los presupuestos generales del estado aprobada anualmente el 28 de diciembre.

Hoy el Ministerio de Seguridad Social, desde el INSS, vuelve a esconder su apuesta por el desmantelamiento del sistema público de salud y a favor de su privatización tras una propuesta de convenio a decidir en desconocidos despachos entre la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y las consejerías de salud de las CCAA. De nuevo sin debate social ni político público alguno. El caballo de Troya utilizó la noche para la conquista de la ciudad, el INSS y las mutuas esconden el desmantelamiento del sistema público de salud en la opacidad de reuniones privadas.

A nuestro entender esta apuesta de las mutuas empresariales y del Ministerio de Seguridad Social contra el sistema sanitario público y a favor de su privatización, en términos del juego del mus no es un envido más, es un órdago a la grande.

Hasta ahora ha habido muchos espectadores del juego. Confiamos en que dada la dimensión de la apuesta tomen parte activa en el mismo. Quedamos a la espera de la respuesta de los agentes sindicales y sociales, los partidos políticos, los gobiernos autonómicos, las y los trabajadores en su conjunto, las y los empleados del sistema sanitario, las asociaciones y plataformas defensoras del sistema público de salud, las asociaciones profesionales, las de pacientes y usuarios, en definitiva de la sociedad en su conjunto ante la desaparición del sistema sanitario público tal y como lo hemos conocido y la apuesta del actual gobierno por su privatización.

Desde la Plataforma Navarra de Salud/Nafarroako Osasun Plataforma rechazamos esta propuesta de convenio de la Seguridad Social y apostamos por publificar las mutuas integrando sus recursos en los servicios públicos de salud tal y como prevé la disposición final tercera de la Ley General de Sanidad para convertirlos en entidades preventivas frente a los riesgos laborales y habilitar derechos asistenciales de los que hoy carecen las y los trabajadores accidentados y enfermos a consecuencia de los riesgos derivados de unas malas condiciones de empleo y trabajo.

Pamplona /Iruñea, 28 de marzo de 2023.

Iñaki Moreno Sueskun y Félix Zabalza Irigoyen, médicos de medicina del trabajo y atención primaria jubilados.

Nafarroako Osasun Plataforma /Plataforma Navarra de Salud