Construyendo el relato, derribando la impunidad

La  Transición española no fue, tal y como  la quieren vender, ni modélica ni pacífica. El  régimen franquista siguió reprimiendo y asesinando en ese periodo como en la dictadura. El hecho más relevante de esa represión se dio en Vitoria-Gasteiz el 3 de marzo de 1976 cuando  la policía  mató  a 5 trabajadores y causó más de un centenar de heridos, además de los dos jóvenes  asesinados   días después en Tarragona y Basauri en actos  solidarios.

Han pasado  38 años y seguimos luchando  para que el Estado español reconozca y asuma su responsabilidad,   haga justicia y  repare las consecuencias. No podemos admitir las versiones que justifican la actuación y amparan a sus responsables y tampoco  que estos sigan gozando de total impunidad. En algún sentido vamos logrando  desmontar la versión oficial  y que se  admita aquella lucha como  justa y  dirigida a recuperar derechos y libertades, pero también hay que decir que el Gobierno español del PP se empeña en dar crédito a los informes policiales  para negar aquella actuación como terrorista  y con ello no  reconocernos como víctimas del terrorismo. 

Ejemplo claro es el  argumento dado por el Ministerio del Interior en Trámite de Audiencia hace escasos días para desestimar la solicitud a la ley integral de víctimas de una madre por la muerte de su hijo cuando expresa: “el fallecimiento se produjo como consecuencia del enfrentamiento  ocurrido en Vitoria e día l 3 de marzo de 1976 entre los participantes de una concentración prohibida que tenía su origen en un conflicto laboral y miembros de la policía”. Para decir a continuación “en el presente caso, en cuanto a acreditar la naturaleza de acto terrorista del hecho que provocó las lesiones sufridas no existe sentencia definitiva alguna que así lo declare, ni de la jurisdicción militar ni de la ordinaria……” los hechos examinados no tenían por objeto directamente la alteración de la paz pública  sino reponerla…..”

Esta  visión de los hechos  dada  a día de hoy es inadmisible y en absoluto se ajusta a la realidad. En cuanto a  no haber  sentencia sobre los hechos tampoco es del todo cierto pues en los sumarios s se recoge que “los hechos son en principio, constitutivos de un delito de homicidio….., pero se procederá al sobreseimiento por no haber motivos suficientes para acusar del  delito a determinada persona” Fue la primera gran burla de la justicia que ha continuado al impedir  que estos y otros crímenes de lesa humanidad  perpetrados durante  el franquismo puedan ser juzgados en España y   con ello perpetuar  la impunidad de sus responsables. Un modelo español  de impunidad  sustentado  en la ley de Amnistía de 1977 y que viene aplicándose como una ley de punto final.

Ha sido en Argentina donde se ha abierto un proceso contra el franquismo y sus  crímenes, y  que pese a las trabas, sigue avanzando de manera muy positiva con noticias como la del pasado viernes en el que se conoció el Auto de  la jueza Mª Servini dictando orden de detención internacional para  tomar  declaración indagatoria a 20 exministros, jueces  y funcionarios del franquismo. Martín Villa, Utrera Molina, Alfonso Osorio  y compañía tienen que comparecer  en  Buenos Aires para  declarar ante Servini por su responsabilidad en los  actos  criminales que se les imputan. Martín Villa y  Alfonso Osorio como parte del gobierno en marzo de 1976  y Jesús Quintana como capitán al mando de la policía  que  ejecutó las órdenes y masacró a los trabajadores reunidos en la iglesia de San Francisco, ven como se les acaba la impunidad de la que gozaban. La exigencia constante de verdad, justicia y reparación mantenida a lo largo de estos años empieza a dar sus frutos y  el esfuerzo desarrollado ha merecido la pena.

Es más que probable que el gobierno de Mariano Rajoy al igual que hizo con las órdenes de extradición de los torturadores Muñecas y “Blly el Niño”  no acceda al requerimiento  ordenado por la jueza, pero ello evidenciará, una vez más,  la  nula voluntad d su partido, el PP, de desligarse del franquismo. Un partido fundado por Fraga Iribarne, pilar de ese régimen  que ocupó relevantes puestos  en la dictadura, y era   ministro de gobernación y máximo responsable de la matanza de Gasteiz.

Todo un  azote de los derechos humanos y la libertad.  También quedará claro que  España es el único lugar en el que se da cobijo a los criminales franquistas   y en el que  no se respeta la legislación internacional de amparo a las víctimas de vulneración de derechos humanos a pesar de que la ONU y otras instancias así se lo están requiriendo.

La noticia del viernes es un  hito en la lucha por la justicia,  pero al igual que Argentina logró  juzgar en su propio país  los crímenes de la dictadura de Videla gracias a la presión social, tenemos que conseguir que España juzgue los de la dictadura de Franco, eso sí, con las debidas  garantías internacionales, pues los tribunales españoles por si solos no nos  merecen la suficiente confianza.

Es necesario un posicionamiento claro y rotundo  de toda  la clase política y aislar al PP en su amparo a la impunidad. No nos cabe duda  que también  la sociedad de Euskal Herria, tal como lo viene haciendo,  sabrá realizar un último y generoso esfuerzo para acompañarnos en el derribo total del muro de  impunidad levantado para proteger a los criminales franquistas.