36 años desde el asesinato a manos de la Guardia Civil de Alonso Castillejo en Burlata

El10 de octubre se cumplieron 36 años del asesinato del joven de Burlata Francisco Javier Alonso Castillejo, que fue abatido en el año 1976 por los disparos que varios miembros del Servicio de Información de la Guardia Civil le realizaron por la espalda cuando trataban de capturarle en las inmediaciones del domicilio de su familia. Su muerte se produjo en la actual calle Merindad de Sangüesa de Burlata, entonces llamada General Mola.

Según las fuentes policiales, no hizo requerimiento a los gritos de “alto a la guardia civil”, por lo que dispararon sobre él en el momento que trataba de saltar una verja de una de las casas con huerta que entonces jalonaban el final de esa calle. Varios testigos señalaron que en el muro que trataba de saltar se observaron alrededor de 20 o 25 impactos de bala de arma tipo subfusil ametralladora.

Aunque apenas podía correr, porque hacía poco tiempo que se había lesionado de ambos tobillos, los guardias civiles optaron por dispararle en vez de capturarlo. Su compañero de huida, un amigo de Etxabakoitz (barrio donde anteriormente vivió la familia de Francisco) llamado Angel María Rodríguez, si que pudo saltar la valla. Hasta las misma huerta de aquel berzal llegaron los casquillos de las balas y los restos de la sangre que le produjeron los disparos. Uno de esos disparos fue el que le perforó la espalda a la altura del corazón, lo cual le dejó herido de muerte tendido en el suelo, donde permaneció cerca de una hora hasta que una ambulancia lo recogió. Mientras permanecía desangrándose en el suelo, los policías que le custodiaban no permitieron que ninguna de las personas que se acercaron al lugar le asistiera, ni que tampoco se aproximasen.

Francisco falleció en la ambulancia camino del Hospital. La trágica noticia no tardó en extenderse por Burlata generando una profunda conmoción. Al poco tiempo, en el lugar de su muerte ya había colocada una ikurriña con crespón negro, un ramo de flores y un cartel que denunciaba la actuación de la Guardia Civil. En apenas poco más de una hora, numerosas personas se concentraron en el trágico lugar, desde donde partió una nutrida manifestación. Esa misma tarde se celebró una asamblea en la parroquia de San Blas. Terminada la misma se organizó otra manifestación encabezada con una ikurriña con crespón negro y dos pancartas. La mayor parte de los bares habían cerrado desde primeras horas de la tarde como muestra de solidaridad.

La Guardia Civil no tardó en hacer acto de presencia con material antidisturbios para reprimir las protestas de los vecinos de Burlata, produciéndose desiguales enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, así como barricadas con coches en la calle Mayor y otras adyacentes. Además de reprimir las protestas vecinales por el asesinato de Francisco Alonso, la maquinaria desinformativa del régimen en Navarra trató de lanzar un mensaje manipulado a la sociedad a través de los medios de comunicación, encontrándose en la casi totalidad de ellos únicamente la versión policial. A través de 2 notas oficiales, pusieron gran énfasis en lanzar una doble consigna recogidas por la prensa para, por un lado, tratar de justificar y minimizar la gravedad de los acontecimientos adjuntando para ello un largo historial delictivo, a pesar de que eran delitos menores, del Paquito, y por otro, para tratar de desvincularlo de cualquier vinculación política, intentando así la desmovilización social.

Sin embargo, aun ya conociéndose que El Paquito no tenía afiliación política alguna, las autoridades no consiguieron evitar las constantes muestras de solidaridad y protestas que los vecinos de Burlada y del resto de Euskal Herria siguieron protagonizando ante su asesinato y la impunidad policial.

Paros en las principales fábricas de Navarra, manifestaciones en Iruñea y otros lugares, asambleas y manifestaciones en Burlada duramente reprimidas por la Guardia Civil, denuncias del Consejo de Trabajadores de Navarra o de la recién creada AAVV de Burlada fueron algunas de ellas. También el pleno del Ayuntamiento de Burlada, presidido por el franquista Rafael Gurrea, “lamentó el hecho” y pidió que se abriera una investigación, que por supuesto nunca se realizó, ni por el que tampoco el entonces ministro de la Gobernación, Martín Villa, tuvo que responder. El funeral se celebró en la iglesia de San Juan Bautista de Burlada en medio de un clima de gran tensión y malestar. El templo estuvo abarrotado de público, tanto que resultó insuficiente para albergar a la multitud y buena parte de los presentes permanecieron en el exterior.

También la Guardia Civil y la Policía Armada esperaban en los alrededores. Al término de la ceremonia se formó una comitiva integrada por alrededor de mil personas, que acompañaron al féretro portado en hombros hasta el cementerio. En su recorrido se hicieron dos paradas: una a la altura de los vehículos de la policía armada estacionados en la zona, y una segunda junto a la casa de un miembro de la Guardia Civil que, en opinión de los manifestantes, se pensaba que había intervenido en la muerte de la víctima y donde algunos manifestantes lanzaron gritos contra la policía. Al regreso del cementerio continuó otra manifestación que partió de la calle Mayor de Burlata encabezada por dos ikurriñas con crespón negro.

La aparición de la Policía Armada con material antidisturbios hizo que la manifestación se disolviera a la altura de la calle San Francisco, lo que provocó carreras y violentos desalojos de los bares a porrazos y golpes de culatas. Por su parte los padres, hermanos y hermanas de Francisco acudieron a la Comandancia de la Guardia Civil para que alguien les diera una explicación, sin embargo no encontraron más que el desprecio de quien actuaba con total impunidad, incluso llegando a asegurar que la muerte de Francisco era lo que mejor le podía haber pasado ante la vida que llevaba. En cambio, fue por parte del pueblo de Burlada donde encontraron grandes muestras de cariño y solidaridad, también en un lugar deatacado la que les llegó por parte de los parrocos de la parroquia de San Blas. Ninguna autoridad ni estatal, ni foral, les comunicó nada, tampoco el entonces alcalde de Burlada Rafael Gurrea tuvo ninguna muestra de condolencia con la familia.

Las represalias de los aparatos oficiales no acabarían con el castigo de cualquier intento de protesta por la muerte de Francisco o la manipulación del mensaje enviado desde la prensa. El miércoles de esa misma semana fueron detenidos dos de los curas de la parroquia de San Blas a los que se les acusaba de haber participado en una de las asambleas. El de Francisco fue uno más de los 474 de asesinatos realizados por las fuerzas policiales contra ciudadanos vascos en los últimos 50 años, muestra de esa sangrienta “Transición” y de la impunidad policial que nunca tuvo que dar explicaciones por un uso tan desproporcionado de la violencia. Un hecho trágico cuya memoria se ha tratado de borrar, también en Burlata, donde ninguna institución ha realizado ningún homenaje como los que otro tipo de victimas reciben. Un asesinato que como toda victima de la violencia policial merece verdad, justicia y reparación.