Acabar con la unión de estados totalitarios europeos: Una necesidad imperiosa

La reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en la ciudad francesa de Estrasburgo, de fecha 30 de Junio, y el rechazo reciente del recurso interpuesto ante la Gran Sala, en el denominado caso Batasuna contra el Estado español, ha demostrado palmariamente que el “frente jurídico” de la Organización de mercaderes que es el Consejo de Europa ha actuado siguiendo instrucciones de uno de los socios que la componen, el Estado español.

No de otro modo cabe analizar dicho fallo pues, en síntesis, asume la conocida doctrina norteamericana de la “guerra preventiva contra el terrorismo”, desarrollada tras el derribo de las torres gemelas en Nueva York, el 11 de Setiembre de 2001

Dicha doctrina, ya aplicada en invasiones atentatorias al orden jurídico internacional, como las de Afganistan o Yugoeslavia, es ahora de aplicación a los socios-mercaderes de una Europa racista e intolerante hacia el inmigrante y totalitaria hacia el disidente interno. Este engendro pseudojudicial, pagado con el dinero de los Estados que lo componen y a quienes debe pleitesía, ha afirmado, sin el menor sonrojo, que la ilegalización de Batasuna, Euskal Herritarrok o Herri batasuna obedece, en definitiva, a una “necesidad social imperiosa”, algo así como si dijera que era una cuestión de salud pública.

El TEDH o desconoce por completo la realidad política que sufre Euskal Herria o es que simple y llanamente ha acatado las presiones ejercidas por la parte española, dada la naturaleza obsecuente de los jueces que lo componen. Porque afirmar que la “democracia” española se halla en grave riesgo a causa de la actividad política de las formaciones ilegalizadas es incurrir en una doble equivocación. La primera, que el Reino de España es una democracia, lo que no se compadece con la persistente negativa a que el Pueblo Vasco pueda expresar libre y democraticamente su voluntad política. Y en lo que concierne al “riesgo” que se percibe de las formaciones ilegalizadas, no cabe sino añadir que, justamente al revés, son estas organizaciones y los que las apoyan quienes, por su sola existencia, ven conculcados todos sus derechos políticos y civiles, su libertad de expresión, de asociación, de sufragio activo y pasivo y, por si fuera poco, ven sus vidas y haciendas perseguidas por el Poder político y el Judicial a su servicio, con detenciones arbitrarias y encarcelamientos huérfanos de la más mínima fundamentación.

Claro está que una cosa es expresarse jurídicamente ad extra, en el caso turco por ejemplo, y otra cosa bien distinta hacerlo de cara a uno de los socios de la “familia”. Perro no come perro. Y los togados a su servicio no cumplen sino devolviendo las mercedes que deben por su nombramiento para tan “alto cargo jurisdiccional”.

El denominado caso “Batasuna” creará jurisprudencia en los anales del Derecho europeo pero, justamente, por la mendacidad argumental de una resolución que, por ello, incumple el amparo que debe a los derechos recogidos en los arts. 10 y 11 de la Convención para la salvaguarda de los Derechos Humanos de 4 de noviembre de 1950, en su vertiente del derecho a la libertad de expresión y el relativo a la libertad de asociación. Una resolución que otorga Carta de naturaleza a la Ley de Partidos Políticos española, cuyo único propósito ha sido y es impedir el libre y legítimo derecho a la participación política de los ciudadanos vascos. Una resolución, en fin, que pretende conferir el marchamo de democrático a un Estado denunciado por torturador y conculcador de los más básicos derechos del hombre, según han expresado reconocidos juristas y aún el relator especial de la ONU contra la tortura, Sr. Theo van Boven.

La medida judicial ahora adoptada es un claro retroceso en la defensa y garantía de los derechos del hombre y la confirmación, una vez más, de que la superestructura jurídica siempre está al servicio del Poder económico y Político que la nombra. Hoy Europa es una entente de Estados envejecidos y por ello totalitarios, tan solo preocupados por su nivel de vida a costa de sucios negocios y la endémica explotación del tercer mundo, una carcasa que vegeta y sestea a espaldas de los graves problemas que afronta el mundo, no siendo el menor la escandalosa cifra de más de1000 millones de seres humanos que pasan hambre. Y en lo tocante al respeto de las decisiones populares valga el ejemplo del primer no irlandés al reciente tratado de Lisboa, como antes fue el no francés y holandés a la Constitución europea, para apreciar cuan poco importa, en fin, la voluntad de la ciudadanía. Los euroburócratas sólo admiten un sí o un sí a sus corruptas voluntades.

Euskal Herria, entre tanto, sigue en pié y en lucha por su existencia y su libertad. Y toda esta historia de lucha y de dignidad por su reconocimiento no puede ser obstaculizada por el eructo jurídico de una Europa de mercaderes sin escrúpulos, ahíta por el botín robado en otros continentes, esclerotizada políticamente y displicente ante los cambios que demanda un mundo absolutamente interdependiente. Urge, pues, acabar de una vez con este “complejo terrorista” creado para beneficio de las multinacionales y ello por una simple razón: “por una necesidad social imperiosa”.