Acción-Represión-Acción. Frustración. Diálogo-Acuerdo-Solución

Eran tiempos oscuros los que se vivían en las ciudades, aldeas y caseríos de Euskadi a principios de la década de los 50. La asfixiante atmósfera de la dictadura fascista había dejado sin voz, y casi sin pulso, al partido que hasta entonces había liderado las reivindicaciones nacionales del Pueblo Vasco. Ante la impotencia del PNV, para impulsar la más mínima expresión de resistencia contra el régimen franquista, un grupo de estudiantes de la Universidad de Deusto, profundamente preocupados por la cultura y la lengua de su Pueblo, deciden crear una pequeña revista clandestina llamada Ekin (Hacer-Acción). La contundencia que empleó la dictadura de Franco contra la iniciativa de estos jóvenes hizo que rápidamente se concienciaran de la necesidad de pasar del terreno puramente cultural a la lucha política. Más tarde, tras las primeras detenciones y torturas policiales, decidieron que la acción política tampoco era suficiente para combatir al fascismo y crearon la organización armada Euskadi Ta Askatasuna (Patria Vasca y Libertad).

Han pasado muchos años desde esos acontecimientos y se han producido no pocas transformaciones políticas, económicas y sociales en el Estado Español y también en el País Vasco. Sin embargo, continuamos inmersos en la dinámica de
Acción-Represión-Acción que nos ha impedido, durante las últimas décadas, salir del atolladero en que se ha convertido el conflicto vasco.

Para comenzar nuestro análisis de la coyuntura actual nos situaremos a finales del año 1998, en plena tregua de ETA. La formación Euskal Herritarrok, que generó interesantes experiencias de participación social en torno suyo, consiguió convertirse en tercera fuerza política, por delante del PSOE, en las elecciones autonómicas vascas de octubre del 98. Al año siguiente, en las elecciones municipales de 1999, el resultado de EH fue todavía más espectacular. La agrupación abertzale se constituyó como segunda opción política en el País Vasco, sólo por detrás del PNV, y obtuvo un significativo apoyo electoral en Navarra.

El establishment español no podía permitir que una organización política corrosiva para el sistema, como Euskal Herritarrok, superase en peso institucional a los autodenominados "partidos democráticos". La respuesta estratégica de los poderes institucionales y fácticos no se hizo esperar; pronto se pudo vislumbrar la tormenta política, judicial, policial y mediática que se avecinaba sobre la Izquierda Abertzale y los sectores más combativos del nacionalismo vasco. El objetivo de esta embestida represiva era aislar y debilitar, hasta su total desaparición, a los organismos políticos y sociales que trabajaban en pro de la construcción nacional. Basándose en su propia percepción de la realidad vasca, el Estado imaginaba que la eliminación de las infraestructuras organizativas del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) llevaría a la automática derrota de ETA. Y como, según la versión oficial, el contencioso vasco no es un problema de naturaleza política, sino que es una mera cuestión de orden público, una vez desaparecidas las acciones violentas de las portadas de los diarios, ya podría darse como superado el conflicto que ha hecho correr tantos ríos de tinta y de sangre en las últimas décadas.

Pero esta estrategia de guerra global contra el nacionalismo radical presenta graves inconsistencias tanto en lo que a diagnóstico y concepción del problema se refiere, como a procedimientos jurídicos y legislativos empleados.

En primer lugar, es completamente falso que la represión de los últimos años haya mermado significativamente la capacidad organizativa y de movilización de la Izquierda Abertzale (IA). Aunque los golpes jurídicos y policiales que ha encajado el MLNV han afectado a la "carrocería" de los organismos abertzales, el "motor" se encuentra completamente intacto. Prueba de ello fue el acto de presentación de la nueva oferta de paz de Batasuna, "Orain Herria, Orain Bakea" ("Ahora el Pueblo, Ahora la Paz"), ante miles y miles de militantes y simpatizantes que abarrotaban el Velódromo de Anoeta.

En segundo lugar, la campaña contra la IA tampoco ha conseguido su objetivo de aislar política y socialmente a ésta. Por el contrario, hay claros indicios de que en el seno de la sociedad vasca está germinando un nuevo Movimiento a favor de los Derechos Civiles y Políticos. El objetivo de esta nueva iniciativa social sería denunciar la situación de apartheid político en la que vive una parte muy significativa del Pueblo Vasco, que ha visto como, en los últimos años, se ha vaciado de contenido el derecho al sufragio activo y pasivo. La manifestación que, el pasado 26 de febrero, congregó a decenas de miles de personas por las calles de Bilbao en contra de los excesos judiciales del macrosumario 18/98, y la asociación de electores Aukera Guztiak, que aboga por el derecho a que tod@s los ciudadan@s puedan votar a su opción política, son ejemplos de que la sociedad vasca siente la agresión al MLNV como una agresión contra el propio Pueblo Vasco.

En tercer lugar, una hipotética eliminación de las organizaciones populares del MLNV no implicaría el fin de ETA. El Estado Español debería saber que la dirección hacia la que avanzan las dinámicas militares de ETA no tiene porqué coincidir con la situación en la que se encuentran los organismos sociopolíticos abertzales. La propia historia de ETA nos da las claves para poder entender los posibles acontecimientos futuros. El nacimiento y posterior desarrollo de la organización armada ocurrieron en un escenario dictatorial donde la represión sobre cualquier tipo de disidencia, incluso la más inofensiva, era brutal. La imposibilidad de realizar un trabajo político legal durante el franquismo no impidió que ETA se capacitase militarmente hasta el punto de asestar los más duros golpes contra el aparato de Estado fascista. Por lo tanto, a tenor de los hechos históricos, es una grave equivocación pensar que atacando a los movimientos sociales vascos se va a debilitar la estructura militar de ETA. Es más, podría producirse el efecto contrario, ya que muchos militantes abertzales, que vendrían ejerciendo un trabajo político legal, se verían abocados a pasar a la clandestinidad.

En cuarto lugar, la disolución de ETA no es condición suficiente para la resolución del conflicto vasco. El problema vasco, que es fundamentalmente de naturaleza política, existía antes de 1959, año en el que se fundó ETA, y es un grave error por parte del Estado creer que dejará de existir por el hecho de que esta organización desaparezca. Si algo tuvo de positivo el debate del Plan Ibarretxe en el Congreso de los Diputados fue que se explicitaron muchas de las cuestiones políticas que están en el fondo del contencioso, y que van más allá de la violencia desplegada por una determinada organización.

En quinto lugar, para poder llevar a cabo la ofensiva judicial contra la IA ha sido necesario forzar las propias leyes del Estado de Derecho. Por consiguiente, no sería descabellado que en un futuro más o menos lejano el Tribunal de Estrasburgo desmonte todo el andamiaje jurídico-legal que ha ido mal construyendo el Estado Español para ahogar al MLNV. La Ley de Partidos Políticos, promulgada con el objetivo claro de ilegalizar a Batasuna, es un ejemplo de hasta qué punto los Poderes Públicos han falseado las reglas del ordenamiento jurídico en su cruzada contra el independentismo vasco.

Según la Constitución Española "un partido político sólo puede ser declarado ilegal por el juez penal y en un proceso con todas las garantías constitucionales del proceso penal" [1]. Es muy importante recalcar la idea de que para expulsar fuera de la legalidad a un partido político, éste ha tenido que incurrir en un delito tipificado en la legislación penal. Incluso podríamos llegar a decir que "el límite de la actividad de un partido político no es la Constitución, sino el Código Penal" [2]. La grave inconsistencia constitucional de la Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos es que establece supuestos de ilegalización que no están recogidos en el Código Penal como delitos. La no condena de los atentados de ETA, en contra de lo que dice la Ley de Partidos Políticos, no puede ser razón para la ilegalización de Batasuna. Y es que, el hecho de no condenar una acción armada, no es constitutivo de delito según el Código Penal español, lo cual es totalmente coherente con el principio de que "en el proceso penal, el que calla nunca otorga, sino que simplemente no dice nada" [3].

Una vez llegados a este punto de la reflexión, podemos afirmar con relativa rotundidad que la última estrategia represiva del Estado Español contra el conjunto del abertzalismo tiene escasa, por no decir ninguna, probabilidad de alcanzar los objetivos marcados. En los últimos 200 años han sido numerosas las veces que los Gobiernos españoles, dirigidos por fuerzas políticas reaccionarias, se han dado de bruces contra el milenario frontón vasco. ¿Si la abolición de los Fueros en 1876, el bombardeo de Guernika en 1937 y el proceso de Burgos en 1970 no supusieron el más mínimo avance en la resolución del conflicto vasco, qué le hace pensar al Estado que la Ley de Partidos y el Sumario 18/98 lo solucionarán?

Las alternativas están claras, seguir ascendiendo por la espiral de Acción-Represión-Acción, que sólo conduce a la Frustración, o dar una oportunidad al Diálogo, para poder alcanzar un Acuerdo que signifique una Solución Real al conflicto. En mi opinión los hombres y mujeres que trabajamos, reímos y soñamos desde Andalucía, Euskal Herria, o cualquier otro Pueblo, deberíamos apostar siempre por la segunda opción. No tanto, por un cierto utopismo que pretenda elevar al Diálogo y al Acuerdo a un altar supremo, sino porque, en el problema que nos ocupa, el Diálogo tiene posibilidades reales de éxito. Las Naciones, los Países y los Pueblos pueden enfrentarse, coyunturalmente, por necesidades prácticas opuestas (contenciosos sobre recursos naturales, límites territoriales, ámbitos de soberanía), pero los intereses estratégicos de largo plazo son siempre coincidentes: convivencia pacífica, respeto a las decisiones soberanas de cada uno, y no injerencia. La existencia de estos principios estratégicos comunes es la que justifica el Diálogo entre pueblos y garantiza la posibilidad de llegar a un Acuerdo de fondo que resuelva los problemas.

Algo parecido ocurre con la cuestión de género, que comprende las relaciones entre los dos sexos. Hombres y mujeres podemos discutir en un momento dado por cualquier circunstancia, incluso, a nivel social, los hombres podemos subyugar y oprimir a las mujeres. Sin embargo, en cuanto analizamos los intereses estratégicos de fondo de varones y hembras observamos que son los mismos. Las dos mitades en las que se divide la humanidad están tan interesadas en su propia libertad, como en la de las personas del sexo opuesto. La regla de oro de las relaciones de género debe ser la igualdad, al igual que la regla de oro de las relaciones entre pueblos debe ser la amistad.

Por desgracia, no todos los conflictos políticos y sociales que asolan nuestra lastimosa humanidad ostentan la posibilidad de un acuerdo de consenso entre las partes. Un ejemplo de este último caso sería el conflicto de clases. Los intereses estratégicos de clase de poseedores y desposeídos son radicalmente opuestos, por esta razón no existe posibilidad de alcanzar un armisticio permanente entre explotadores y explotados. Los convenios colectivos que firman trabajadores y empresarios son treguas temporales. Su utilidad es asentar determinadas conquistas sociales de los trabajadores sobre las que auparse para proseguir su lucha final contra el Capital.

Por todo lo anterior, Ayer, Hoy y Mañana los y las trabajadores andaluces y andaluzas mandaremos un cariñoso saludo a nuestros compañeros y compañeras vascos y vascas y gritaremos, todas juntas, con el puño "levantao":

¡¡¡Amistad entre los Pueblos, Guerra entre las Clases!!!

Notas:
[1] Javier Pérez Royo, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. "El derecho de Batasuna a no condenar", El país, Agosto de 2002.
[2] Ídem.
[3] Ídem

14 de marzo de 2005

Fuente: La Haine.