Alfontso Martínez Lizarduikoa queda en libertad bajo fianza de 30.000 euros

Alfontso Martínez Lizarduikoa quedó ayer en libertad bajo fianza de 30.000 euros después de que el pasado 1 de abril fuera ingresado en Soto del Real por orden del magistrado de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón, quien acusó al profesor de la UPV de actuar «como intermediario entre la empresa Azkoyen y ETA», en referencia al presunto pago de 37 millones de pesetas (más de 222.000 euros).
Pocos minutos después de su puesta en libertad, y arropado por sus familiares y allegados en Madrid, Martínez Lizarduikoa mostró a GARA su felicidad y agradecimiento «por el respaldo mostrado durante todos estos días».

Señaló al respecto que «cuando uno está dentro, eso se valora de verdad», y prosiguió diciendo que «he estado medio incomunicado y las noticias que me han llegado, como lo que habéis publicado vosotros, me han dado mucha moral. Creo que si ahora estoy aquí, eso también se debe a vosotros».

Su arresto, que se produjo el 31 de marzo, constituyó motivo de preocupación, sobre todo por los graves problemas físicos que padece. Concretamente, fue ésa la razón por la que su defensa cursó la petición de puesta en libertad bajo fianza ante la Audiencia Nacional. Pero, al día siguiente a su ingreso en la cárcel madrileña, la juez Teresa Palacios, en sustitución de Baltasar Garzón, no accedió a la petición después de que el forense señalara que no había «argumentos de peso» para ello y que las enfermedades que sufre Martínez Lizarduikoa podían ser sobrellevadas en prisión.

En menos de quince días, concretamente este pasado lunes, la defensa volvió a presentar un recurso ante el tribunal especial, que ha sido admitido por el magistrado Garzón.

En un comunicado de prensa, Askatasuna mostró su satis- facción al conocer la noticia, aunque remarcó que «no podemos dejar de denunciar el procedimiento que todavía permanece abierto en su contra, así como en contra de muchos otros ciudadanos vascos, basado en la política represiva de las autoridades españolas». Censuró las detenciones «ridículas y sin sentido» ordenadas por Garzón, recordando que en el caso de Martínez Lizarduikoa el magistrado español argumentó para su arresto que había riesgo de fuga, dejándolo en libertad, «sin mostrar ninguna vergüenza», a los 13 días.