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Alsasua: ¿justicia o venganza del Estado?
Caso Alsasua, pelea de bar, agresión a guardias civiles, ‘lo de Altsasu’. Casi dos años y medio se cumplen ya de este caso. Y aún hoy, uno de los casos jurídicamente más excepcionales de los últimos años, parece que sigue contando tan sólo con una voz, por lo menos en lo que a la opinión pública se refiere. Se acerca la sentencia definitiva de la Audiencia Nacional, que verá la luz a principios de Marzo. Una sentencia, que, sin lugar a dudas, vendrá marcada por todo el proceso, por sus iniciadores, sus protagonistas: jueces, fiscales, Asociaciones de Víctimas del Terrorismo, y la propia Guardia Civil. Un ‘Quién es Quién’ de los que hoy en día, podrían, a su antojo, organizar y teatralizar la Justicia española. En este escenario tan surrealista, la vida de ocho jóvenes pende de un hilo, arrollados por un proceso donde hace tiempo ya que dejaron de tener algún protagonismo.
LOS HECHOS
En la madrugada del sábado 15 de octubre de 2016, en plenas Ferias de Alsasua (Navarra), ocurre un incidente a las puertas del bar Koxka, que implica a varios vecinos, y a dos Guardia Civiles de paisano junto a sus parejas. En un primer momento, hay dos detenidos y, al parecer, un tobillo roto. Sin embargo, en 24 horas, todo el pueblo amanece repleto de cámaras de televisión y diferentes medios de comunicación. De un día para otro, Alsasua es el foco de la noticia, pese a que nadie sabe todavía muy bien por qué.
En muy pocas horas, varios hechos se desencadenan: la Policía Foral, cuerpo que inicia la instrucción policial, no puede tomar declaración de la denuncia ni al Teniente, ni al Sargento, bajo pretexto de prescripción médica y que necesitan descanso, además de que van a recibir ‘una visita importante’. En efecto, el mismo domingo de los hechos, el entonces Director General de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, hace acto de presencia en Alsasua, primero se persona en el cuartel, para ver al Sargento y su novia; y más tarde, en el hospital de Pamplona, donde el Teniente se encuentra hospitalizado. Su visita acaba con la pertinente rueda de prensa a las puertas del hospital, denunciando la situación de ‘acoso’. Primer pase para la prensa.
Es en ese momento, tras esa visita, cuando el caso, que debiera ser llevado por la Policía Foral, pasa a la Guardia Civil. El baile de jurisprudencias ha comenzado. Como colofón para este domingo, el por entonces presidente del Gobierno Español, Mariano Rajoy, declara en un tweet que ante este hecho, ‘no habrá impunidad’, pese a que aún no se ha esclarecido lo ocurrido, no se ha iniciado la investigación pertinente, y no ha habido declaraciones oficiales de ninguna de las partes implicadas. ¿Qué información podía tener el Gobierno?. Tal vez la de un buen amigo: ocurre que cuando Rajoy era portavoz del Gobierno de Aznar, Fernández de Mesa era Delegado de Gobierno en Galicia. Además de ser paisanos, vivieron juntos el desastre del Prestige. Y con una simple llamada, Fernández de Mesa habría iniciado esta particular campaña.
La investigación oficial avanza en los Juzgados de Navarra, donde los dos primeros detenidos, imputados por lesiones y atentado a la autoridad, son puestos en libertad el lunes, tras tomarles declaración. Hasta aquí, se da un desarrollo habitual en este tipo de incidentes con cuerpos policiales. Pero Fernández de Mesa no es el único que acude a ver al Teniente al hospital. El Consejero de Sanidad, Fernando Domínguez, y la propia presidenta de Navarra, Uxue Barkos, hacen acto de presencia también. Y, como no podía ser de otra manera, realizan declaraciones ante la prensa: Condenas a lo ocurrido, predisposición del Gobierno navarro a ayudar a los guardias y sus parejas, compromisos de paz y convivencia… Pero curiosamente, todavía nadie sabe qué ha pasado. No hay declaraciones de nadie, salvo las de los detenidos por la Policía Foral; que también ha conseguido el testimonio de la pareja del Teniente, una mujer joven de Alsasua. Pero esto no parece relevante.
EL CIRCO MEDIÁTICO
Los medios, apostados a lo largo y ancho de la pequeña población navarra, serán los primeros en iniciar el relato de lo que supuestamente ha pasado. Así, la misma noche del sábado, comienzan a aparecer las primeras noticias, con palabras como agresión, linchamiento, emboscada, apaleamiento, calificativos como brutal… Que serán el leitmotiv a partir de ahora. Incluso el número de implicados cambia de 40, a 30, a 50, hasta 100 personas, dentro de un mismo espacio informativo. Esas personas son calificadas como radicales, vinculados a la Izquierda Abertzale, y se empieza a sugerir premeditación, organización y ensañamiento en los sucesos. Se multiplican las lesiones y agresiones. Las noticias de La Sexta y Antena 3, especialmente, y periódicos como El Mundo, La Razón, ABC (que añadió además su ya clásico ‘proetarras’) y Navarra.com, son los encargados de establecer los términos.
En este caldo de cultivo de visitas oficiales al hospital, tweets, medios de comunicación en un éxtasis informativo y la recuperación de la historia de un pueblo enfrentado por dos bandos irreconciliables que se irá desarrollando a posteriori, los hechos que marcarán el caso definitivamente se desarrollan. El primero, había sido lograr que la Guardia Civil se hiciera con la investigación del caso: La noche del domingo de la visita del Director General de la Guardia Civil, desde la Comandancia de la Guardia Civil en Pamplona, se envía un informe a la jueza encargada del caso, relacionando los hechos con la plataforma ‘Ospa’, que reivindica la salida de la Guardia Civil del territorio, y aprovechan, también, para incluir un nuevo delito: el delito de odio, recogido en el artículo 510 del Código Penal. Cabe destacar que este delito, ideado para la protección de colectivos discriminados por su raza, religión, cultura u orientación sexual, ha sido reiteradamente utilizado tanto para casos de odio contra figuras como la Monarquía o, una vez más, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (véanse casos como los delitos contra la población catalana en el 1-O, artistas y periodistas encausados por delitos de odio contra la Monarquía, etc.)
Cuatro días después, Covite (Colectivo de Víctimas del Terrorismo en País Vasco) inicia una denuncia. Pero en vez de ser presentada en los Juzgados de Pamplona, que es donde se estaba instruyendo el caso, esta se presenta directamente en la Audiencia Nacional, en Madrid, dando lugar a dos desencadenantes: La Magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, quien recibe la denuncia, inicia su propia investigación, obviando la que ya se ha iniciado en Pamplona. Además, solicita toda la documentación de la causa, lo que finalmente lleva a que el caso quede en Madrid. Para cuando la defensa inicia el recurso contra la inhibición del caso (al considerarlo un cambio de jurisprudencia no notificado e irregular), no tiene dónde hacerlo, puesto que el cambio de manos ya ha sido realizado. Asimismo, por primera vez, se incluye el calificativo de ‘terrorismo’. Esta palabra marcará todo el proceso a partir de ahora, y desencadenará todo tipo de irregularidades, decisiones políticas, y situaciones de excepción y represión.
Resumiendo: lo que parece un simple encontronazo con dos guardias y sus parejas en un contexto festivo, en unos pocos días ha pasado a convertirse en un delito de odio y terrorismo; aún no hay implicados, los dos primeros detenidos fueron liberados sin más trascendencia, y, como por arte de magia, una investigación se inicia en la Audiencia Nacional en Madrid, a raíz de una denuncia. La justicia, por una vez, parece actuar rápida y eficazmente.
El caso, por lo tanto, estaba siendo investigado en dos lugares a la vez. El atestado del Juzgado de Pamplona, que incluía las declaraciones de los guardias implicados (las primeras que dieron, directamente a sus compañeros), señalaba ya a algunos jóvenes del pueblo como implicados. Estos, acudieron al propio Juzgado a declarar para aclarar la situación y evitar detenciones, pero no pudieron hacerlo al estar la Jueza ausente.
El 14 de noviembre tiene lugar un primer operativo policial a gran escala. Hasta entonces, en el pueblo intuían que lo ocurrido un mes antes no terminaría con una simple detención y quizá alguna multa. La presencia de los medios de comunicación era constante. Y la policial, también. Efectivos de la Guardia Civil campaban a sus anchas en las calles del pueblo, el movimiento de vehículos resultaba constante. Y presencias ajenas a los habitantes, esperando en esquinas y realizando grabaciones, comenzaba ya a resultar habitual. El auto de la Audiencia Nacional, se hizo público. En él, se señalaba a 12 jóvenes como implicados en lo sucedido esa noche de octubre. Pero a ellos, no hizo falta que les llegara ninguna citación judicial. El auto fue filtrado el 10 de noviembre por la tarde en la versión digital de EL Mundo, en un artículo firmado por el periodista Manuel Marraco. El auto fue publicado íntegramente, incluyendo nombres completos y DNI, incluso a pesar de que dos de los acusados fueran menores. Hasta entonces, el periódico publicaba constantemente artículos relacionados con el caso, incluyendo reportajes edulcorados y semi-heroicos sobre el teniente, al que llegaron a bautizar como ‘Óscar Sin Miedo‘, protagonista de rescates a un autobús con un expreso de ETA y sus allegados (información que más tarde se desmentiría, pues se trataba de unos alumnos de una Escuela de Idiomas), o su afán integrador de llevar el cuartel al pueblo, organizando para ello jornadas de puertas abiertas en los colegios, o su historia personal retratada como un joven lleno de sueños que intentaba vivir en un pueblo sembrado de odio.
A los abogados de los jóvenes acusados no les dio tiempo a preparar los escritos para que éstos comparecieran a declarar en la Audiencia Nacional. Pasados 4 días de la publicación del auto, tras días de seguimientos y vigilancias nada o poco disimuladas se inicia un espectacular operativo para detener a 10 jóvenes, tanto en sus casas como en sus lugares de trabajo o estudios. La Guardia Civil se desplaza tanto a Altsasu como a Vitoria, Agurain, Ordizia o Pamplona. Como detalle, más tarde se sabría que la Audiencia Nacional no fue notificada sobre esa redada, y que, de hecho, la primera notificación de las detenciones fue recibida por parte de las abogadas de la defensa. Lamela, sin embargo, ordenó su inmediato traslado a Madrid. Las filtraciones no ocurrieron solamente con el auto, puesto que, durante la redada, mientras los medios informaban al minuto sobre la cantidad de detenidos, otra vez El Mundo, esta vez junto a la Agencia Efe, preveían que los detenidos serían nueve en total, puesto que ya contaban con esa información. Al final, la jornada se saldó con 8 detenidos, y 2 de ellos, uno al no ser localizado y otro que no pudieron llevarse de casa por no contar con la orden pertinente, acuden voluntariamente a la AN, donde se les emplaza a declarar 48 horas más tarde. Como resultado de ese operativo, 6 de los detenidos quedan en prisión, acusados de un delito de ‘terrorismo, en concurso ideal de lesiones, atentado y odio’. De los que declararon más tarde, hay uno que es llevado también a prisión, aludiendo riesgo de fuga, el joven Adur, pese a que en este caso concreto Adur había intentado declarar hasta 3 veces de forma voluntaria en el juzgado.
Un mes después, el 20 de diciembre, 4 de los 7 jóvenes que permanecen en la cárcel son puestos en libertad, bajo pretexto de que ‘es “difícil” que puedan ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba en relación a la investigación o puedan actuar contra bienes jurídicos de las víctimas’. Sin embargo, en los 3 jóvenes restantes, si ve la posibilidad de que cometan nuevos actos delictivos, y además, les atribuye “especial liderazgo y protagonismo en los hechos”, junto con un listado de otras causas, tales como la participación en manifestaciones u organización de actos reivindicativos en el pueblo, lo que les hace claramente más jugosos ante la justicia. Para entonces, las fotografías de los 8 jóvenes que permanecían en el proceso recorrían las portadas de los periódicos y las cabeceras de todos los informativos. La manera de presentarlas, agrupando fotografías sacadas de sus DNI, recordaba a tiempos anteriores, cuando se difundían las caras de los comandos de ETA. De hecho, sólo faltaba la palabra comando para dar por supuesto que eran jóvenes organizados para tal fin, agredir Guardias Civiles, omitiendo que muchos de ellos, ni siquiera se conocían. Periódicos como La Razón, además, aderezaron la fotografía con el siguiente titular: ‘Os tenemos que matar por ser Guardias Civiles’.
LA TELARAÑA LEGAL
Aún con las detenciones y posteriores puestas en libertad, el caso sigue abierto tanto en Pamplona como en Madrid. José Perals, fiscal de la AN, hace lo posible para que se mantenga en este Tribunal. Ya en su primer escrito, se limita a repetir el contenido de la denuncia de Covite, para justificar la palabra clave: terrorismo. Mencionando a Herri Batasuna, ETA, y el hecho de que desde aquella época se reivindicara la marcha y disolución de las Fuerzas de Seguridad del estado en Euskal Herria, se las apaña para unir puntos invisibles y llega a la conclusión de que el altercado deriva de todo aquello, que forma parte de una campaña de acoso contra la Guardia Civil y que por lo tanto es un acto terrorista organizado. Esta conclusión, sin embargo, fue desmentida tanto por el Ministro de Interior en aquel entonces, Jorge Fernández Díaz, como por el propio Fernández de Mesa y el comandante de la Guardia Civil en Navarra, pues lo calificaron como un hecho aislado y único. Los abogados de los jóvenes lograron que la Audiencia de Navarra revisara el caso, y en marzo de 2017, los tres magistrados al cargo redactaron un auto de 16 páginas donde desmontaban por completo todas las acusaciones, razonando que con el Código Penal actualmente en vigor, en ningún caso podría calificarse lo sucedido como terrorismo, al no tratarse de un delito grave. La dudosa conexión con Ospa, además, conllevaría, como máximo, un delito de odio. En conclusión, el caso debería volver a Navarra. Pero ante la negativa de el fiscal Perals, la decisión la tuvo que tomar el Tribunal Supremo, que dictaminó que el caso debía quedarse en Madrid. En una única página, afirmaba que el delito podría llegar a constituirse como grave, y los actos cometidos se enmarcan dentro de la intención de crear un estado de terror e inseguridad entre los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado y sus familias. Punto final. Lamela, otra vez haciendo gala de su eficacia y rapidez judicial, eleva el caso a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sin esperar a la decisión del Tribunal Supremo, e ignorando lo declarado por la Audiencia Provincial de Navarra.
El Juzgado de Pamplona tomó su decisión en marzo. El Tribunal Supremo, el 1 de Junio. Mientras dura este baile de jurisprudencias, siempre con la sombra de la palabra ‘terrorismo’, metida a fuego por Covite, 3 jóvenes llevan ya en prisión 7 meses, sin justificación alguna, alegando la necesidad de prisión preventiva para evitar el riesgo de fuga. La primera petición fiscal, que se da a conocer en julio, son 375 años de prisión para los ocho jóvenes encausados: para uno de ellos 62 y medio, para otros seis 50 a cada uno, y 12 años y medio para la octava joven; ‘lesiones terroristas’, ‘amenazas terroristas’, ‘desórdenes públicos terroristas’, y ‘lesiones no terroristas’ son algunos de los términos de nuevo cuño que se emplean para justificar lo que ya empieza a ser una evidente desproporción judicial.
Llega el juicio, que comienza el 16 de abril de 2018, con un inicio más que irregular: Durante la instrucción, tan solo se admitieron las diligencias solicitadas por la acusación, los informes de la Policía Foral y la Guardia Civil, y los informes médicos de los denunciantes. Además, sólo se tuvieron en cuenta los testimonios de los Guardia Civiles y sus parejas, y se negaron todos los testigos propuestos por la defensa. Así pues, la instrucción concluyó sin haber incluido ni constado en ningún momento ninguna versión de la defensa, eliminando así toda imparcialidad. Finalizada la instrucción, y antes de la celebración el juicio, la defensa solicitó, en los escritos de conclusiones provisionales, aportar sus pruebas, periciales y testigos. Pero de nuevo, todo fue rechazado. Y esta vez, por una sala que era presidida nada más y nada menos que por Concepción Espejel.
Concepción Espejel es la Jueza, presidenta de la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que fue apartada del caso Gürtel por su implicación con el PP. También es esposa de un alto mando de la Guardia Civil y ha sido condecorada con la Orden del Mérito de la Guardia Civil, categoría Cruz con Distintivo Blanco, lo que podría arrojar alguna que otra duda sobre su absoluta imparcialidad en este caso. Es una ocurrencia. Pero ricemos el rizo. Unos días después de iniciarse la primera diligencia sobre el caso, este mismo distintivo fue otorgado, nada más y nada menos, que a la propia Carmen Lamela. Touché.
Esta denegación masiva de aportaciones por parte de la defensa, incluía, entre otras muchas, reconocimientos periciales de los acusados que desmentían las versiones de los testigos de la acusación, quienes habían dicho reconocer a unas personas que nada tenían que ver con los rasgos físicos o vestimentas del día de los hechos. Tampoco se incluyeron entrevistas a las parejas de los guardia civiles realizadas en Cope y Onda Cero, donde se contradecían en sus testimonios; pruebas documentales que demostraban que algunos de los acusados ni siquiera estuvieron en el bar, ni un vídeo grabado por el propio Iñaki Abad, uno de los acusados, momentos después de la supuesta agresión, donde claramente se comprueba que el sargento no reconoce a nadie, y que su estado es mucho mejor de lo que una ‘brutal paliza’ le hubiera causado. De hecho, la única agresión que quedaría probada, gracias a esta grabación, sería la causada por el sargento a Abad, al quitarle el teléfono de las manos, al saberse grabado. En total, se rechazaron 25 testigos, incluyendo el de una amiga de la pareja del Teniente.
Respecto a la plataforma Ospa, se negaron todos los documentos y sobreseimientos judiciales que demostraban el carácter festivo y reivindicativo de este acto, así como todo lo relacionado con desmentir la teoría de la conexión con terrorismo: informes, escritos, análisis históricos… nada. Una de las pruebas rechazadas que más llamó la atención fue la grabación de un partido de pelota de la noche de los hechos, al que acudió Adur Ramírez de Alda, uno de los jóvenes acusados. Allí, se ve cómo viste una camiseta negra, y el teniente le reconoció como ‘el que iba de rojo’. Más tarde, justificarían la identificación alegando que habría ido a casa a cambiarse de ropa para acudir a la pelea horas después. Entre las juezas Lamela y Espejel se eliminaron todas estas pruebas del proceso, la primera alegando que no eran necesarias, que se utilizarían posteriormente en el juicio oral y la segunda, alegando que al no haberse aceptado esas pruebas en instrucción, no podían incluirse en el juicio oral, por haberse conseguido fuera del mismo. Un combo perfecto.
Una vez iniciado el juicio, por primera vez se escuchaban las versiones de los acusados: detallaron, en algunos casos, su presencia en el bar, pero dejaron claro que el altercado en ningún momento fue más allá que una discusión entre personas que se habían pasado con la ingesta de alcohol. Otros de ellos, declararon que ni siquiera habían estado allí. Por su parte, el Teniente llegó a reconocer, que, después de lo sucedido, y haber sido trasladado a otro lugar, había perdido el plus salarial por estar en una ‘zona especialmente peligrosa’, y que se lamentaba de ello. Tanto él como el Sargento y sus parejas, insistían en haber reconocido a todos, pese a hacerlo erróneamente, tal y como se vio en el vídeo grabado de aquella noche. Alegaron estar ‘aturdidos’ en el momento. Uno de los momentos destacados del juicio fue la declaración de Iosu, dueño del Koxka, el bar donde todo ocurrió: el fiscal le recordó que en su primera declaración afirmó que todo había sido premeditado y realizado por gente ‘que sabía pegar‘. El dueño del bar, al negar lo declarado, y, al mostrarle el atestado, no lo reconoció. Y el atestado no estaba firmado. En cuanto a las lesiones, algunos forenses reconocieron que sus informes se basaron en las declaraciones de los guardias y sus parejas, que no consultaron los antecedentes médicos y de lesiones de ninguno de ellos, y que, a posteriori, algunas lesiones podían corresponder a otras causas, como accidentes de tráfico. Sobre todo, quedó en evidencia que las lesiones presentadas, en ningún caso corresponderían con una ‘brutal paliza’ ni una ‘agresión multitudinaria’.
El juicio finalizó el 4 de Mayo de 2018. Y el 1 de Junio, salió la sentencia de la Audiencia Nacional: Oihan e Iñaki fueron condenados a 13 años de prisión, y a este último se le rebajó a 10, debido a un error de la propia AN. Jokin y Adur fueron condenados a 12. Jon Ander, Julen y Aratz, a 9, y por último, Ainara a 2, siendo la única que no debía ingresar en prisión. La condena por terrorismo había caído, puesto que quedaban en ‘delito de atentado contra agentes de la autoridad en concurso ideal con delito de lesiones, con circunstancia agravante de abuso de superioridad y discriminación‘, unido a desórdenes públicos. En total, 79 años, y una responsabilidad civil conjunta y solidaria de 100.984 euros. La sentencia admitía por completo como prueba el testimonio de los guardias y sus parejas, dando por probada la participación de los 8 jóvenes en el altercado. Sin embargo, señalaba que no quedaba suficientemente acreditado que tuvieran ‘ni intención ni finalidad de llevar a cabo algunos de los postulados que anteriormente al cese de la lucha armada tuviera la banda terrorista ETA‘. ‘Los acusados ni siquiera eran mayores de edad cuando la banda armada manifestó que abandonaba la lucha armada‘; ‘tampoco podemos dar por probado que exista una vinculación real y verdadera de los procesados con la banda terrorista ETA‘. La acusación de terrorismo que llevó el caso hasta Madrid había caído. Y todos los intentos de mezclar Ospa y su reivindicación de sacar a la Guardia Civil de Navarra con las reivindicaciones de ETA, también.
Las irregularidades continúan: tras la sentencia, la defensa disponía de solo 10 días para presentar un recurso de apelación. Esos días, el pueblo de Altsasu volvió a ser ocupado por una presencia policial masiva: extraños por las calles espiando a los jóvenes, agentes de paisano realizando grabaciones, furgonetas blancas sospechosas, seguimientos…
Cuatro días después de la sentencia, comenzó el segundo operativo policial: en el que se llevaron a los 4 jóvenes que seguían en libertad, alegando, de nuevo, riesgo de fuga. Para ello, fueron movilizados 88 guardia Civiles de los Grupos de Acción Rápida y Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia en 27 vehículos. Y de nuevo, encontraron a los jóvenes o en sus casas, o de camino a sus centros de estudios. A los 3 que ya estaban en prisión, se les amplió la prisión preventiva, mientras su recurso de casación se tramitara. A petición del fiscal Perals, se les prorrogó hasta 6 años, la mitad de la condena.
A día de hoy, se está a la espera de la decisión de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. A febrero de 2019, 3 de los 7 jóvenes encarcelados, llevan casi dos años y medio en prisión preventiva. Los otros 4, 8 meses. Pero la cosa no termina ahí. Todos ellos estuvieron en cárceles de Madrid, tras haber sido separados después de una marcha organizada a Soto del Real para mostrarles apoyo. Estuvieron en Aranjuez, Estremera y Navalcarnero también. En agosto de 2018, se inició su acercamiento, primero a las cárceles de Pamplona y Zaballa; a día de hoy, permanecen todos en Zaballa. Hasta que la sentencia eliminó la palabra ‘terrorismo’, los 3 jóvenes que llevan más tiempo presos fueron catalogados como FIES (Ficheros de Internos de Especial Seguimiento), lo que conlleva intervención absoluta de sus comunicaciones, estar en el módulo de aislamiento junto a los presos más conflictivos, y un tiempo muy reducido de salida de la celda.
LA AMARGA ESPERA DE UN DESENLACE
Sin duda, cabe reafirmar que este proceso es uno de los casos jurídicamente más excepcionales de los últimos años. Una parte muy importante de esta excepcionalidad y sobredimensionamiento es, sin duda, el tratamiento que le han dado los medios Estatales. A los ejemplos mencionados anteriormente, habría que añadir un acoso mediático sin parangón: desde que sucedieron los hechos, hubo periodistas y grabaciones prácticamente todos los días, sobre todo en el bar Koxka y en las inmediaciones; llegaron a utilizarse cámaras ocultas para recoger testimonios como el de la madre del dueño del bar (en El Programa de Ana Rosa de Telecinco), e intentaron también entrar al despacho del alcalde sin pedir cita previa aprovechando una visita de miembros de la Unión de Guardias Civiles (el periodista Cake Minuesa de OK Diario). El audio grabado de el propio Alcalde indicándoles que no podían grabar fue utilizado para nutrir a la hambrienta prensa Estatal los días posteriores. Destaca, junto a las portadas de La Razón mencionadas, el programa de Susana Griso en Antena 3, que se valió de la celebración del juicio para incluir todos los días conexiones en directo, incluyendo la aparición estelar de la madre del Teniente, aportando un testimonio desgarrador sobre el sufrimiento causado, las lesiones de por vida, y las consecuencias de todo este caso.
En un pobre intento de objetividad, contaron con la presencia del Bel Pozueta, madre de Adur e integrante de Altsasu Gurasoak(plataforma creada por los propios padres de los acusados para denunciar las irregularidades del caso y difundirlo, con la que consiguieron llegar hasta Europa en clave de denuncia), que, con gran esfuerzo, intentaba explicar la locura que estaban viviendo. El programa, aprovechó para incluir su testimonio en doble pantalla, y, tras ser sometida a preguntas indiscriminadas y tendenciosas por parte de algunos de los periodistas presentes, se lo ofrecieron en directo a la madre del Teniente, quien, con música de tensión de fondo, optó por despreciar todo lo que contaba.
Algo que los medios estatales mayoritarios (salvo Público y eldiario.es, que junto a medios más independientes, no cayeron en esta orgía periodística) olvidaron mencionar, fue la denuncia de Liberties, una red a nivel europeo, que incluía la negación de pruebas y testigos, además de la discriminación en el tratamiento del caso, comparándolo con otros hechos relacionados de enfrentamientos entre la población y policías.
De hecho, un senador, en pregunta directa al Ministro de Interior, obtuvo el siguiente dato: en el año 2016, de 9.571 sucesos calificables como ‘atentado a la autoridad’, el caso de Altsasu fue el único calificado con las palabras ‘odio’ y ‘terrorismo’. Tampoco tuvo especial calado el hecho de que periódicos internacionales como The Guardian, The Washington Post, Financial Times o agencias como Asociated Press publicaran sendos artículos sobre el ‘Caso Alsasua’. Todos ellos, con el caso como punto de partida, ponían en duda la independencia del Poder Judicial español. Destacaban el sistema de nombramientos de los Jueces, la conexión con la todavía no desmantelada estructura franquista, y tildaban el caso de desproporcionado. Incluso, The Guardian y el Financial Timesfueron los únicos medios grandes que contactaron directamente con los padres. Los medios Estatales, tan sólo habían ofrecido entrevistas con los guardias, sus parejas o sus familiares. Un periodismo de “primera línea”, sin duda. Afortunadamente, en el propio caso, todo esto tuvo su repercusión: la denuncia de Liberties, las quejas de los abogados sobre las irregularidades del caso y las dudas sobre todo el procedimiento, hicieron que finalmente, dos observadores de Amnistía Internacional acudieran al juicio. Y a raíz de su presencia, pruebas como el vídeo grabado por Iñaki Abad, fueron finalmente aceptadas en el proceso oral.
LA REFLEXIÓN FINAL
Casos como el de Alsasua deberían hacer reflexionar a cada persona medianamente consciente sobre el tratamiento de cualquier noticia en los medios de comunicación, puesto que son capaces, como ha quedado en evidencia, de construir un relato, amplificarlo y, siguiendo ciertos intereses, hasta incluso guiar el desarrollo de un proceso judicial. La conexión entre la justicia, la información y la población, queda así a merced de los medios, que no dejan de ser empresas privadas que comercian con la información y defienden los intereses de sus propietarios.
Incluso el caso de La Manada, que coincidió en tiempo y lugar con el de Alsasua y tuvo tanta repercusión social y mediática, afectó en su momento a éste. Medios como ABC o El Españolllegaron a incluir en sus publicaciones el concepto ‘La Manada de Alsasua‘, intentando contrarrestar las movilizaciones masivas que se dieron en Navarra pidiendo justicia, proporcionalidad y la libertad de los jóvenes. Criticaban el hecho de que hubiera gente que fuera estas convocatorias, y sin embargo no fueran a las organizadas por Covite y la Guardia Civil, cuando había dos mujeres, (las parejas de los guardias), que también habían sido agredidas. Esta locura comparativa se utilizó también contra las figuras políticas que acudían a mostrar su apoyo a los “alsasuarras”, por lo que como arma política, dio mucho de sí.
Algo que no se le escapó a ciertos sectores de la población, sin embargo, fue la evidente diferencia de trato a los acusados en ambos casos: los cinco implicados en la violación de San Fermines fueron puestos en libertad a la espera de del fallo firme del tribunal y, sin embargo, los 3 jóvenes “alsasuarras” que permanecían en libertad provisional fueron enviados a la cárcel, pese a que estaba activo un recurso contra la sentencia, no firme aún.
A día de hoy, a la espera de la apelación en la Audiencia Nacional, 7 jóvenes, que al inicio del proceso tenían entre 20 y 22 años, (uno 30), permanecen en prisión.
