Askatasuna constata que "quieren hacer invisible la violencia estatal"

El informe anual de Askatasuna sobre la represión refleja, en lo que respecta a 2005, que la estrategia represiva de los estados «no se ha ralentizado». Cinco muertos entre exiliados y presos, recrudecimiento de la situación de los prisioneros, 74 heridos en los desplazamientos a las cárceles, 172 detenciones, 52 denuncias de torturas, macrojuicios en la Audiencia Nacional española, actuaciones violentas de las fuerzas policiales... Son algunos de los datos que puso sobre la mesa el organismo antirrepresivo y que componen, según destacó, una «cruda realidad, escondida y silenciada, pero un reflejo de lo que acontece. Una realidad que quieren convertir en invisible».

Askatasuna presentó ayer en Donostia su balance represivo del año 2005. Un extenso documento en el que se recogen, tal y como se destaca en la introducción del mismo, los datos de esos ciudadanos vascos «que son víctimas de la violencia y la persecución de los estados» y a los que se olvida desde las instancias oficiales. «Es la cruda realidad, escondida y silenciada pero un reflejo de lo que acontece».

Como exponentes de esta situación en la rueda de prensa se dieron cita Aiora Epelde íjuzgada y condenada por el «caso Jarrai-Haika-Segi»í, Josetxo Ibazeta íconcejal donostiarra apaleado por la Ertzaintzaí, Begoña Uzkudun íex presa que ha cumplido 18 años de cárcelí y Oihana Agirre ífamiliar de un prisionero vascoí.

El capítulo más negativo es el que recoge los fallecimientos de José Angel Altzuguren, Iñaki Fernández, Gotzon Landeta, Imanol Gómez y Juan José Urrutia. «Dicen que llevamos casi tres años sin muertes. En ese periodo, 16 personas han fallecido como consecuencia de la estrategia represiva de los estados. Hay que tener mucha hipocresía para dar la espalda a esa realidad y poner condiciones previas a la izquierda abertzale para iniciar un proceso», señaló Joxean Agirre. «Se habla de paz mientras se profundiza en una estrategia con parámetros de guerra», añadió.

El también portavoz de Askatasuna Juan Mari Olano centró su intervención en la situación de los presos, un colectivo formado, según el último recuento de Etxerat (2 de febrero de 2006), por 657 personas. De ellas, 154 se encuentran en cárceles francesas, donde «se ha producido un salto cualitativo durante los últimos años. Está adoptando miméticamente la política penitenciaria puesta en marcha en el Estado español en la época de Felipe González».

Respecto al Estado español, Olano denunció las «sucesivas vueltas de tuerca», con «exámenes personalizados para buscar los puntos débiles de cada preso» y «aplastarlos y desactivarlos como personas y como sujetos políticos». El representante de Askatasuna lamentó que el Ejecutivo liderado por Rodríguez Zapatero haya «apostado por esta estrategia estéril».

Un Gobierno que «ha recuperado el equipo penitenciario de Felipe González» y que «ha endurecido las condiciones de vida en las prisiones: negación de la libertad de expresión, castigos por protestas pacíficas en el patio, aislamiento, celdas de castigo durante 30 días... Una presión increíble ante el daño que les hace una realidad en la que todo el mundo sabe que son presos de carácter político».

También recordó otras realidades como la vulneración del derecho a estudiar, impidiendo cursar una carrera en euskara. Sobre la dispersión, reseño que en 2005 hubo un aumento en el alejamiento de los presos y que esta política causó el pasado año 74 heridos entre los familiares y amigos que acudían a realizar una visita. Un aspecto este último en el que las restricciones son cada vez mayores.

En cuanto a la atención sanitaria, Olano la calificó de «lamentable. Es muy difícil lograr tratamiento para cualquier problema, porque la han convertido en un arma para el chantaje. Ejemplos de ello son Juan José Rego, Bautista Barandalla, Jon Agirre, AngelAlkalde...». Sobre este último caso, indicó que «responsabilizar sólo a Madrid sería una ironía, ya que es la Ertzaintza la que está poniendo obstáculos a la familia en el hospital».

Olano subrayó que «son más de un centenar los presos que ya han cumplido su condena según su legislación». Además, matizó que «cualquier cosa puede ser considerada "legal"», ya que «si algo no lo es, se cambia la ley y punto». Muestra de ello son los intentos de aplicar la cadena perpetua.

Para el portavoz de Askatasuna, todo esto demuestra que «los estados no han asumido el carácter del conflicto político y armado que vivimos en EuskalHerria».

Aspectos positivos

A todo este panorama negativo Olano contrapuso «la dignidad del colectivo de prisioneros», que «ha apostado por abrir las puertas a un proceso democrático. Los que ponen obstáculos son "demócratas" y los que ponen todas sus energías en favor de la resolución son "terroristas". Ese es el discurso oficial». En ese lado positivo de la balanza situó asimismo las iniciativas emprendidas por el Foro de Ibaeta.

Durante la comparecencia también se abordaron otros aspectos al margen de la situación carcelaria. Julen Larrinaga comenzó destacando que durante 2005 se produjeron 172 detenciones por motivos políticos, de las cuales 103 fueron bajo la aplicación de la Ley Antiterrorista. La mitad de estas personas (52) denunciaron torturas.

Larrinaga hizo hincapié en el papel que juega la Audiencia Nacional en toda esta situación. «Es un tribunal especial que ofrece total impunidad a la práctica de la tortura, que persigue actividades políticas públicas, que no ofrece garantías jurídicas y que ordena condenas de por vida», resumió.

Retomando el primer punto, destacó que «la Audiencia Nacional no ha investigado ni una sola de las denuncias por torturas realizadas en 2005. Pero es más grave, ya que impulsa querellas contra quienes denuncian haber sido torturados en dependencias policiales. Y además, para decretar condenas se vale de las declaraciones realizadas bajo estas prácticas».

En esta crónica judicial de 2005 tampoco faltó el recuerdo a juicios como el del «caso Jarrai-Haika-Segi» o el todavía en marcha por el sumario 18/98, así como las actuaciones contra diferentes personas «por escribir artículos de opinión en prensa, por convocar actos públicos y movilizaciones o por ir detrás de una pancarta».

Otro de los capítulos fue el de las diferentes fuerzas policiales con implantación en EuskalHerria. «Parece que la Ertzaintza ha estado compitiendo con las fuerzas de ocupación extranjeras», señaló Julen Larrinaga.

El representante de Askatasuna destacó dos de las actuaciones de la Policía autonómica durante ese periodo: su colaboración con la estrategia de ilegalización y su papel durante los actos para denunciar la muerte de Imanol Gómez, con «cargas, detenciones, tiros al aire, un turista que perdió un ojo, rotura de vértebras a un concejal donostiarra...».

«Escuchamos frecuentemente a Imaz y a otros representantes del PNV que por desgracia han de cumplir la ley. Eso mismo decía el Gobierno de Vichy y Petain durante la ocupación nazi», manifestó Larrinaga.

En cuanto a las fuerzas extranjeras, reseñó tres episodios: la paliza a Mikel Martín por parte de militares españoles, la ocupación militar durante varias semanas de la comarca de Lea Artibai por parte de la Guardia Civil y la actuación de la Policía española en Nafarroa contra diferentes movilizaciones, llegando incluso a golpear a los familiares de Angel Berrueta.

Según los cálculos realizados por Askatasuna, el número de agentes policiales o militares en EuskalHerria ronda los 22.000. A ellos cabe sumar unos 2.000 escoltas, 6.000 agentes de seguridad privada y 4.000 policías municipales. «Hay en total unas 34.000 personas armadas en Euskal Herria. Y su número sigue incrementando».

Desmilitarizacion

Askatasuna incidió en que «es urgente poner en marcha un proceso de desmilitarización. Tener que utilizar a policías y militares para sostener un proyecto político es una prueba clara de la escasez de democracia existente».

Tras las exposiciones de Olano y Larrinaga, Joxean Agirre retomó la palabra para presentar un análisis de todos estos datos. Comenzó congratulándose por el avance que, a su juicio, supone que «en todos los debates y agendas estén presentes las razones políticas que se hallan en la base del conflicto», al considerar que «para dar el primer paso hacia su superación hay que comenzar reconociendo el origen político del enfrentamiento».

No obstante, no ocultó la preocupación existente en este organismo. Por un lado, debido a que «la represión por parte de los estados ni siquiera se ha ralentizado». Y por otro, por la actitud del PNV y del lehendakari Ibarretxe, que «habla de ausencia de violencia, pero se refiere sólo a ETA. La de otros, incluida la de la Ertzaintza, no existe. Lo que no se dice se convierte en invisible. Quieren convertirla en invisible». En cuanto al concepto de «víctimas», denunció «la falsificación de la memoria histórica, escupiendo sobre la memoria de cientos de muertos y miles de damnificados».

Frente a ello, invitó a la ciudadanía a continuar movilizándose, y realizó un llamamiento expreso a la manifestación contra la tortura de este sábado en Donostia y a la que se celebrará el día 18 en Bilbo, convocada por la plataforma 18/98+.