Botín de guerra

La reciente sentencia de la Audiencia Nacional en el Sumario 35/2002 por la que 111 sedes sociales de una determinada corriente política (izquierda abertzale) van a ser confiscadas, recuerda que esta práctica ha tenido un largo recorrido en el sistema judicial español.
Incautaciones, confiscaciones, embargo de bienes, expolios… han sido sinónimos de una práctica habitual sostenida en cuestiones estrictamente políticas.

En los últimos años, el expolio ha estado integrado en esa doctrina que los expertos dieron en llamar Código Penal del Enemigo, siguiendo las reflexiones del penalista alemán Günther Jakobs: “cabe anticipar potencialmente el comienzo del peligro”. El juez Garzón, en su auto de octubre de 2002, marcó la pauta de forma antológica: “Aunque ETA no existiera, ni tampoco la Kale Borroka, o ésta no se hubiera producido nunca, Batasuna constituye desde el punto jurídico-penal una asociación ilícita”.

En esta línea, la confiscación no sólo de bienes, sino también de documentación, archivos o la permanente espada de Damocles sobre el relato, obedece, al margen de lucro del receptor que se sobrentiende, a una motivación más cruel, la de borrar la memoria histórica del grupo, de la izquierda abertzale, sus raíces y, en consecuencia, el desarrollo de su futuro.

Una instrucción ya avanzada, entre otros, por Mikel Cabieces, precursor de Carlos Urquijo en el puesto de delegado de Gobierno y hoy patrono bancario en BBK, que en 2011 decía en El País: “Un final con vencedores y vencidos. La Constitución, el Estatuto y las leyes seguirán ahí”.

Y así, rechazo a la existencia política, al contexto, decomisos e incautaciones prolongan la ilegitimidad de toda una corriente ideológica cuya legalidad jurídica pende de la estrategia del Estado, desplegada, en esta ocasión, por jueces. Con la presión de los sectores más beligerantes. Como aquella editorial de El Correo: “Sería torpe y temerario que sólo con la condena del terror se les permitiera recuperar la legalidad”. Reflexión del diario de Vocento apenas hace diez años.

Hace muchos más, y con ello recupero esa tendencia que citaba, ese mismo El Correo (hoy sin el apelativo “español” de entonces), recibía en 1937, sin arrendamiento alguno por cierto, sede y rotativa del diario jeltzale Euzkadi, incautado o “robado” según denunciaron sus legítimos dueños.

Fue entonces, a partir de 1936, cuando las incautaciones, avaladas también por ordenamiento jurídico, abrieron la puerta a un expolio escandaloso. Si hoy, las bases jurídicas parten de la aplicación del Código Penal del Enemigo y su extensión por la interpretación de Garzón, con la inclusión en el apartado 127 del Código Penal español vigente, entonces fue el decreto 18/1936, del mismo día que los franquistas “reconquistaban” Donostia.

El texto no dejaba lugar a la duda: “Se declaran fuera de la Ley todos los partidos y agrupaciones políticas o sociales que han integrado el llamado Frente Popular y se decreta la incautación de cuantos bienes muebles, inmuebles, efectos y documentos pertenecieren a los referidos partidos o agrupaciones, pasando todos ellos a la propiedad del Estado”. Botín de guerra. Vencedores y vencidos.

No quiero zambullirme en la historia más lejana, pero sí haré una pequeña inmersión para justificar precisamente el título de este artículo. La incautación jurídica sustituyó al botín de guerra. Los bienes de quienes se opusieron a la conquista de Nafarroa y se refugiaron en la Sexta Merindad fueron embargados, los de los lapurtanos que deportados no entendieron la centralidad de la Revolución francesa, los de los carlistas que no aceptaron el Convenio de Bergara y huyeron a América, los de los judíos y resistentes vascos de Biarritz y Baiona gaseados en Auschwitz o Mauthausen. También sus familias fueron expoliadas. Y todo ello sobre una base jurídica.

En su inicio, el Gobierno de Franco estableció la Comisión sobre la Ilegitimidad de Poderes Actuantes, una junta franquista destinada a “demostrar la inmoralidad” de la República. Este organismo quedó completado con delegaciones de incautación provinciales que se establecieron, en el caso vasco, en las cuatro capitales, dependiendo de juzgados especiales.

Las incautaciones afectaron no sólo a bienes políticos o sindicales, sino también a particulares. En Araba, por ejemplo, la Comisión provincial encausó a 749 personas. En Gipuzkoa, 529 propietarios fueron despojados por completo de sus viviendas, terrenos o caseríos.

A los particulares les eran incautadas sus propiedades, estableciéndose en ellas nuevos inquilinos. El dinero aportado por los arrendados era enviado, por medio de un administrador que se quedaba con el tres por ciento por su labor, a la Comisión de Incautación de Bienes de cada provincia.

Esta fue la teoría jurídica, porque en la práctica las desviaciones que conocemos son sólo la punta del iceberg. Museos vascos de carácter público guardan en sus fondos obras requisadas entonces, así como particulares. A Telesforo Monzon le desvalijaron la Torre Olaso que sirvió para amueblar el Palacio de Aiete en el que veraneaba Franco.
Cuando el dictador falleció, su viuda trasladó las propiedades de Monzón a su residencia en el Pazo de Meirás (A Coruña). Joyas y valores decomisados o aportados “voluntariamente” en Nafarroa fueron depositados en cajas de seguridad de la sucursal de un conocido banco de la Plaza del Castillo de Iruñea. Cuando se cumplieron 50 años del despojo, al comienzo de la llamada Transición, las cajas fueron vaciadas y su destino aún hoy desconocido.

A esta lista habría que añadir organizaciones culturales, ateneos o medios de comunicación. En Donostia, por ejemplo, la sede de Eusko Ikaskuntza fue ocupada por la delegación de la Banca Privada de Madrid.

En Bilbo, la sede de ELA y de los diarios jeltzales Euzkadi, La Tarde y Excelsius, fueron incautadas, entre otras. En Iruñea, el Centro Vasco fue ocupado por Falange. La lista interminable.

La mayoría de las sedes de las formaciones políticas estaban hipotecadas en bancos o cajas de ahorro vascas, ya que, por lo general, habían sido adquiridas en época republicana, compradas con gran esfuerzo económico y popular. Las comisiones provinciales renegociaron, en cada caso, los cambios de titularidad y el pago de las cuotas con las cajas de ahorro y bancos vascos respectivos, que se implicaron en el expolio.

El principal beneficiario de la incautación fue el partido de Falange. De las 51 incautaciones a sedes centrales de partidos políticos y organizaciones sindicales de Bizkaia, 23 fueron a parar a Falange que estableció en los locales requisados las sedes de su organización y de sus subsidiarias como Flechas o Sección Femenina.

El último caso de expropiación fue el que afectó a la sede del Gobierno vasco de París, ubicado en el número 11 de la Avenue Marceau.

Con la invasión alemana de París, la Gestapo y los servicios secretos españoles se hicieron cargo de la delegación vasca. En nombre de la embajada española, el funcionario Pedro Urraca. Precisamente, el 15 de octubre de 1947 Urraca fue condenado a muerte, en rebeldía, por un tribunal francés que lo acusó de espionaje en favor de la Alemania de Hitler. Con identidad falsa, Urraca fue enviado por Madrid a Bélgica en la década de 1960 para informar de los primeros refugiados de ETA.

En abril de 1951, la Corte de Apelación francesa daba la razón al Gobierno español franquista, apoyándose, entre otras, en la disposición de incautación promulgada por Franco el 13 de septiembre de 1936.
Aquella sede fue, desde entonces, la Embajada española en París y en 2014 es patrimonio del Instituto Cervantes en la capital francesa.

Cierre en falso

El Gobierno español promovió en época reciente dos iniciativas para la devolución del patrimonio incautado tanto a sindicatos como a partidos políticos. La primera de las iniciativas se produjo bajo Gobierno de Felipe González, en 1986, y la segunda, en 1998, durante mandato de Aznar. Entre los sindicatos, UGT recibió la compensación de 431 locales y CNT de 46, 148 millones de euros en la segunda convocatoria para el sindicato socialista, frente a los 2,4 millones de euros para el anarquista. Entre los partidos, el mejor parado fue el PSOE, con casi 11 millones de euros, del total de 28 millones que ambos gobiernos repartieron entre todas las formaciones. La CNT presentó, en 2007, 5.191 expedientes de los que se desestimaron 4.652 y se admitieron 386. Reclamaba 10 millones de euros.

Sobre las devoluciones de lo incautado a particulares jamás hubo una vuelta atrás. Hubo alguna excepción, pero siempre bajo el paraguas del ordenamiento jurídico franquista. Los herederos de Ramón de la Sota tuvieron que pagar, en 1982, 62 millones de pesetas, resto de la multa impuesta en 1938, para poder litigar sobre parte de su patrimonio.

Algunas de las formaciones, sin embargo, ya hicieron público su disconformidad con los repartos acordados por los gobiernos. El PNV, por ejemplo, recuperó más de 9 millones de euros a través no ya de los acuerdos con el Ejecutivo central, sino por la vía judicial. El Supremo español le dio la razón en temas que el Gobierno le había denegado. No así al Gobierno vasco, cuya sede de París aún se encuentra en litigio.

En la misma tesitura, aunque con menor éxito, se encontraba ANV, que vio rechazadas la mayoría de sus reclamaciones y las llevó al Supremo que en abril de 2003 le dio la razón parcialmente y le negó la propiedad de 89 locales. En septiembre de 2008, cuando el Tribunal Supremo español declaró la ilegalización de ANV, dispuso que todos sus bienes, incluidos los recuperados de la época de la Segunda República, pasaran a disposición del erario público.