Comunicado de las trabajadoras del COA de Marcilla ante la situación en Marcilla

Desde el equipo del Centro de Observación y Acogida (COA) de Marcilla queremos expresar nuestra profunda preocupación ante la creciente escalada de tensión social, los actos de violencia verbal y física y la criminalización colectiva que están sufriendo tanto los menores residentes en el centro como las personas trabajadoras que les acompañamos. Consideramos urgente aclarar hechos que no están siendo recogidos de forma justa ni completa por los canales institucionales ni mediáticos.

Los menores acogidos no forman un grupo homogéneo ni constituyen una amenaza. Muchos de ellos tienen un comportamiento ejemplar: estudian, se esfuerzan, participan en actividades comunitarias y desean integrarse en paz. No pueden ni deben ser tratados como responsables colectivos de las acciones individuales de unos pocos.

La respuesta de parte del vecindario ha cruzado la línea de la convivencia y la legalidad. Hemos sido testigos —y existen pruebas— de agresiones verbales y físicas contra menores, incluidos aquellos que no han protagonizado ningún incidente. Se han lanzado insultos racistas, amenazas de muerte y mensajes de odio tanto en la vía pública como en redes sociales y grupos de mensajería, con una difusión masiva y alarmante.

Los trabajadores del centro también estamos siendo atacados. Sufrimos descalificaciones constantes, se nos responsabiliza de situaciones que exceden nuestras competencias y se ha generado un clima de hostilidad hacia quienes nos dedicamos a proteger, educar y acompañar a estos jóvenes.

Queremos recordar que desde hace tiempo venimos informando a las autoridades competentes sobre la situación que vivimos. Hemos advertido en reiteradas ocasiones sobre los riesgos, los conflictos y las carencias, sin que nuestras denuncias, propuestas y peticiones hayan recibido la atención ni la respuesta necesarias. Desempeñamos nuestra labor en condiciones indignas, sin los recursos materiales, económicos ni humanos imprescindibles para garantizar un acompañamiento educativo de calidad y para poder trabajar de forma segura. En este contexto resulta imposible desarrollar una intervención educativa eficiente, y consideramos profundamente injusto que se pretenda responsabilizar al equipo educativo de lo que está ocurriendo, cuando la gestión del centro no está en nuestras manos y quienes ostentan la dirección no han asumido las responsabilidades que les corresponden.

A todo ello se suma que el equipo educativo también se ha visto sometido a una situación de control y encierro, habiéndose cerrado las puertas del centro con llave sin que se nos explicara previamente cómo se iba a gestionar dicha medida. Hemos presenciado además cómo se ha obligado a menores a permanecer durante horas desempeñando funciones de porteros, abriendo y cerrando la puerta sin permitirles ausentarse de ese puesto, una situación absolutamente inadmisible por parte de la dirección.

La gravedad de las circunstancias llegó a un punto extremo el pasado jueves, cuando el personal se vio forzado a saltar la pared del centro porque la puerta se atascó y no existía otra alternativa para salir de las instalaciones. Queremos además aclarar que algunos integrantes del equipo nos vimos obligados a hacerlo porque los golpes que dimos para intentar abrir la puerta provocaron que un vecino de Marcilla saliera a insultarnos e increparnos. Esto generó un ambiente de gran tensión y nos forzó a saltar la pared para calmar la situación y evitar que se agravara, ya que había menores que intentaban entrar y, ante la presión social, no queríamos dejarles solos ni alimentar el discurso de que no cumplimos con nuestro trabajo.

Asimismo, la prohibición por parte de la alcaldesa de que los menores puedan acceder a los servicios públicos del municipio ha generado en ellos el sentimiento de que tanto la dirección del centro como la alcaldía de Marcilla deseaban mantenerlos encerrados y aislados, algo que el equipo educativo ha considerado en todo momento inaceptable e injustificable. Queremos subrayar que las autoridades han adoptado decisiones que consideramos discriminatorias e injustas. Se ha prohibido a los menores el acceso a espacios públicos como la piscina municipal, incluso habiendo pagado la entrada y sin haber causado problema alguno. Del mismo modo, se les impide ir al campo de fútbol o simplemente salir del centro, sin respaldo legal ni resolución judicial que lo justifique, vulnerando así derechos fundamentales reconocidos tanto por la legislación española como por los tratados internacionales.

Exigimos a las autoridades que protejan los derechos fundamentales de todas las personas, que detengan los discursos y acciones que incitan al odio, que investiguen las agresiones y amenazas denunciadas, que trabajen por una solución real, humana y justa, no basada en el miedo ni en la exclusión, y que escuchen y atiendan las necesidades y demandas que los profesionales venimos planteando desde hace tiempo.

A quienes promueven la convivencia, el respeto y la justicia les pedimos que no guarden silencio, porque su voz también es necesaria. Seguiremos trabajando con dignidad, profesionalidad y compromiso. PERO NO EN SILENCIO.