Conculcar derechos, arma de propaganda

Cabe llamar la atención sobre el hecho de que el pasado mes de febrero, tras una redada en la que fueron detenidas 17 personas, el Ministerio del Interior señaló que dicha operación suponía «la completa desarticulación de la estructura de captación y reclutamiento». Las denuncias de torturas que se han producido en anteriores redadas de este tipo hacen temer que los detenidos puedan estar siendo maltratados bajo el régimen de incomunicación que se les ha aplicado.

Las declaraciones del ministro del Interior, José Antonio Alonso, y las del delegado del Gobierno español en la CAV, Paulino Luesma, resultan ilustrativas sobre la finalidad de estas detenciones. El primero manifestó que son muestra de «la lucha per- manente» del Estado y de las FSE contra ETA, lo que da la imagen de que la redada pretende ser una respuesta propagandísticas a las acusaciones que el Ejecutivo de Zapatero está recibiendo desde el PP y que Mariano Rajoy reiteró el martes mismo. En cuanto a las palabras de Luesma señalando que para valorar la operación hay que esperar a saber «cuál será el resultado de las declaraciones», éstas demuestran que las FSE desarrollan este tipo de operaciones con ninguna o muy escasas pruebas contra los detenidos, y que la pormenorización de las acusaciones se hace en base a los interrogatorios, hasta el punto de que en muchas ocasiones el único elemento incriminatorio sea la declaración hecha en situación de incomunicación del propio acusado. Esto supone una perversión de lo que debiera ser la técnica policial en un Estado de Derecho, donde nadie puede ser detenido sin que pesen contra él pruebas incriminatorias, quedando la declaración como un elemento añadido.

En los últimos meses han sido detenidas 123 personas acusadas de pertenecer al «aparato de captación e infraestructura de ETA». Sin conocer aún cuál será el futuro de las seis arrestadas antesdeayer, 49 de estas personas quedaron finalmente en libertad. Esto supone «un margen de error oficial» del 42%, sin tener en cuenta que muchos de los encarcelados lo hayan sido sin pruebas y de manera injusta. Cabe sospechar que las detenciones no son el punto final de una investigación, sino uno de los primeros pasos para ver si es posible arrancar alguna confesión. Y es denunciable que se emplee esta conculcación de derechos como un elemento de propaganda política.

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