Continúa la criminalización de la solidaridad con los presos políticos vascos

La Audiencia Nacional Española ha ordenado a la Guardia Civil y a la Policía Española que investiguen la exhibición de imágenes de presos políticos vascos durante la Korrika, tras la denuncia presentada por UPN el 25 de marzo. Según el tribunal, estos hechos pueden ser constitutivos de los delitos de "enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas". La denuncia del partido regionalista exige que se identificaran a los portadores de las imágenes del preso político vasco Patxi Ruiz las cuales se mostraron en su barrio, la Txantrea, en Iruñea. La denuncia también afirma que en otras localidades de Nafarroa también se vieron muestras de solidaridad con los presos políticos vascos. La decisión del juez cuenta con el informe favorable del Ministerio Fiscal.

Por si esto fuera poco, VOX también presentó una denuncia ante Audiencia Nacional Española. En este caso la denuncia es contra AEK (Euskaraz Kooperatiba Sozietatea), la cual organiza la Korrika. Además, Covite y la Fundación Fernando Buesa han exigido retirar la financiación a la Korrika, algo que la Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Iruñea también hizo mediante una propuesta que plantea no financiar la carrera a favor del euskera mientras AEK no condene de forma expresa la aparición de carteles e imágenes de presos políticos vascos.

Multas de hasta 150.000€ por organizar 'ongi etorris'

El Partido Popular utilizó el miércoles su mayoría absoluta en el Senado Español para impulsar la tramitación de dos proposiciones de ley destinadas a impedir los ‘ongi etorri’. Una de las propuestas contempla modificar la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo mediante la incorporación de un nuevo apartado. Entre las medidas planteadas destaca la creación de un sistema de sanciones administrativas, con multas que oscilarían desde los 200 hasta los 150.000 euros.

Las conductas consideradas "leves" incluirían "acciones puntuales o con escasa repercusión pública". En un nivel intermedio se situarían los "casos graves", sancionados con multas de hasta 10.000 euros, cuando se trate de "actos organizados, repetidos o con cierta relevancia social". Por último, las sanciones más elevadas se aplicarían a eventos celebrados en "espacios institucionales o multitudinarios", especialmente si implican "exaltación explícita del terrorismo, la participación de representantes públicos o la reiteración de infracciones anteriores". La segunda iniciativa propone modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para asegurar que los fiscales puedan intervenir de oficio ante actos de "enaltecimiento o justificación del terrorismo", incluyendo los ‘ongi etorri’ y otras manifestaciones.

Ambas propuestas salieron adelante con el respaldo de VOX y UPN, mientras que el resto de partidos políticos votaron en contra. A partir de ahora continuarán su recorrido parlamentario en el Senado antes de pasar al Congreso Español, donde el PP no cuenta con una mayoría suficiente para sacarlas adelante, lo que reduce sus posibilidades de aprobación definitiva.