Dos analisis imprescindibles

Quien mantiene la violencia teme la verificación internacional
x Iñaki Iriondo en Gara

ETA ha cumplido las peticiones que le habían hecho desde el ámbito internacional las personalidades que suscribieron la Declaración de Bruselas y desde la propia ciudadanía vasca los firmantes del Acuerdo de Gernika: declarar un alto el fuego permanente y verificable. Además, el paso dado engarza con la estrategia acordada por las bases de la izquierda abertzale de apostar por la lucha exclusivamente pacífica y democrática.

El pasado 29 de marzo, cuatro Premios Nobel de la Paz y otras diecisiete personalidades referenciales en la resolución de conflictos en todo el mundo hicieron público un documento en el que daban la bienvenida a la resolución de la izquierda abertzale y hacían un llamamiento a ETA para que declarara «un alto el fuego permanente y completamente verificable».

El 25 de setiembre, una treintena de agentes políticos y sociales vascos suscribían solemnemente en Gernika el llamado «Acuerdo para un escenario de paz y soluciones democráticas» que, entre otras cosas, incluía la demanda de «la declaración de ETA de un alto el fuego permanente, unilateral y verificable por la comunidad internacional como expresión de voluntad para un definitivo abandono de su actividad armada».

ETA hacía pública ayer esa declaración unilateral de un alto el fuego «de carácter general», «permanente» y «que puede ser verificado por la comunidad internacional». Y lo hacía como un «compromiso firme con un proceso de solución definitivo y con el final de la confrontación armada». Es decir, la organización vasca da un paso más allá del anunciado el 5 de setiembre, cuando explicó que varios meses antes había tomado la decisión de «no llevar a cabo acciones armadas ofensivas».

Escuchar la palabra «insuficiente» como reacción a un anuncio de estas características provoca ya en muchos una mueca de «sabía que lo iban a decir». En los dos últimos años, todos los pasos dados por la izquierda abertzale han sido calificados en el momento de producirse como «insuficientes» por los unionistas y sus acólitos, y semanas después se incorporaban a sus análisis como elementos de gran trascendencia. Desde el 17 de enero de 2009, cuando Arnaldo Otegi empezó a dibujar la nueva estrategia del independentismo eficaz en el fórum del Kursaal organizado por GARA, ése ha sido el curso de las reacciones y ahí están las hemerotecas para atestiguarlo.

La expectativa de un comunicado de ETA que respondiera a las demandas de las declaraciones de Bruselas y Gernika, y el tiempo pasado en la espera, han permitido al Gobierno español y sus apoyos en tierra vasca elevar artificialmente el listón de las exigencias, hasta ponerlo en el anuncio del final de la propia organización y en una entre- ga de las armas. Un propósito irreal y de auténtica ciencia-ficción política.

Escuchar frases como «eso se hace fácil, con un comunicado en el que diga `lo dejamos', basta» constituyen un insulto a la inteligencia, pues ningún conflicto político-militar se ha resuelto de esa forma.

Por tanto, las afirmaciones de que «el único comunicado que esperamos es el que anuncie el final de ETA» entran dentro de la propaganda, no de la aportación positiva para la búsqueda y hallazgo de soluciones.

De la seriedad con la que deben afrontarse los procesos de este tipo saben mucho los firmantes de la Declaración de Bruselas, que al tiempo que pedían un alto el fuego a ETA invitaban a que éste fuera «debidamente respondido por el Gobierno español». Esa parte del documento produjo una indisimulada incomodidad al Ejecutivo de Zapatero. Hay que recordar el cabreo de Alfredo Pérez Rubalcaba, quien se puso pronto manos a la obra para montar una contraofensiva con la que intentar que cualquier político o medio de comunicación que trate este conflicto en parámetros homologables internacionalmente se «caiga del guindo».

No cabe duda de que el Gobierno español cuenta con sólidos apoyos en otros ejecutivos europeos y en instituciones de todo tipo. Pero, se diga lo que se diga, seguro que en el ámbito de quienes trabajan en la resolución de conflictos se recordará que en mayo de 2007, en la ronda de conversaciones que puso fin al anterior proceso, se dio un hecho inaudito: que el PSOE se desdijera de la hoja de ruta que él mismo había propuesto en cuanto los mediadores le dieron forma y Batasuna dijo que la aceptaba. Y todo ello con la oferta de ETA de «desactivar la lucha armada y desmantelar sus estructuras militares». Allí había representantes no sólo del organismo mediador, sino también de dos gobiernos europeos.

También el Acuerdo de Gernika tiene, además de la petición de alto el fuego a ETA, un amplio capítulo de demandas de respeto a derechos humanos, civiles y políticos que interpelan directamente al Ejecutivo español. De ahí que fuera criticado en el Parlamento de Gasteiz por el lehendakari, Patxi López, aduciendo que frente a una exigencia a ETA hay «once al Estado». Lo de todos los derechos para todas las personas en toda Euskal Herria no es aceptado ni por el Gobierno español ni por el de Lakua.

En este contexto resulta relevante el rechazo «una y otra vez» del Ejecutivo español a admitir una «verificación internacional» del alto el fuego. Éste fue uno de los puntos calientes de la comparecencia ante la prensa del vicepresidente primero y ministro del Interior.

De la aparición en escena de Alfredo Pérez Rubalcaba hay que destacar, en primer lugar, el mismo hecho de que se produjera tal cosa. Cuando el 5 de setiembre ETA anunció a través de la BBC la decisión de no realizar «acciones armadas ofensivas» el Gobierno de Zapatero ni siquiera se dio por enterado.

Ayer, cuando al mediodía se conoció la nueva declaración de ETA, el jefe de informativos de la Cadena Ser -bien conectada con el Gabinete- señaló que uno de los elementos de interés para las siguientes horas sería qué tipo de respuesta daría el Gobierno. Según sus datos, durante los últimos días se había estado analizando la cuestión y la conclusión había sido que si el comunicado se consideraba relevante, respondería el vicepresi- dente y ministro de Interior. Si no, se actuaría como en la anterior ocasión, dejando las reacciones en manos del consejero de Interior, Rodolfo Ares, y de los partidos.

Y salió a hablar Rubalcaba para decir lo esperable -incluido su tono de dureza y su advertencia a Batasuna-, pero también para desnudarse ante el mundo recordando que el Gobierno español ha rechazado reiteradamente la posibilidad de una verificación internacional del alto el fuego, porque «en un Estado de Derecho quien verifica son las Fuerzas y los Cuerpos de Seguridad del Estado». Contrariamente a lo expuesto por Rubalcaba, no es eso lo que enseñan procesos tan cercanos en el espacio y en el tiempo como el del Norte de Irlanda. Allí hubo una corresponsabilidad internacional, como bien saben los firmantes de la Declaración de Bruselas, siete de ellos directa y altamente relacionados con las labores de resolución de ese conflicto. Otro más, Raymond Kendall, fue primero comisionado adjunto de Scotland Yard y después director de la Interpol.

Mal que le pese, el Gobierno español tiene muchos deberes que hacer, no tanto para dar respuesta a los pasos de ETA, sino para desarrollar su propia estrategia unilateral de respeto a derechos básicos. Amnistía Internacional se lo recordaba ayer, cuando junto a las exigencias a la organización armada vasca anunciaba que «sigue pidiendo al Gobierno español que suprima la detención en régimen de incomunicación, que garantice a todos los detenidos el acceso rápido y eficaz a un abogado de su elección, que la práctica penitenciaria cumpla el principio 20 para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión de la ONU, que establece que los presos deben poder cumplir su condena cerca de su lugar de arraigo, siempre que sea posible

y que individualmente lo soliciten; y que elimine cualquier ambigüedad existente en la Ley de Partidos Políticos que pudiera vulnerar los derechos y la libertad de pensamiento, expresión, asociación o reunión».

Las dos últimas grandes movilizaciones (inmensas) habidas en Euskal Herria, el 2 de octubre una y el pasado sábado la otra, han incidido directamente en la necesidad de que se respeten todos los derechos y en que se garantice la igualdad de oportunidades para todos los agentes políticos. Ésa será también la línea de trabajo para el independentismo de izquierdas en los próximos meses.

Objetivamente, el comunicado hecho público ayer por ETA contribuye positivamente a la acumulación de fuerzas, pero pocas dudas caben de que el Gobierno español mantendrá su estrategia de represión y chantaje para tratar de quebrar los compromisos internos y ex- ternos de la izquierda abertzale, y para hacerle dudar de la uti- lidad y la eficacia de la nueva estrategia.

En el escenario político vasco ya no hay más violencia que la que ejerce el Estado. Habrá quien diga que, evidentemente, según los cánones democráticos es a él al que le corresponde su monopolio legítimo. Pero ocurre que el Estado español lleva también décadas practicando un uso ilegítimo de su fuerza. Detenciones arbitrarias, torturas y conculcación de los derechos de los apresados. Interrogatorios ilegales, seguimientos y desapariciones. Uso de la Policía (espionaje, peinados del censo, archivo y empleo de información sobre actividades legales de la ciudadanía) y la Audiencia Nacional para deses- tabilizar a una fuerza política y todo un sector social («acaso pensaban que no nos íbamos a atrever», como confesó José María Aznar) y para alterar el mapa institucional. Y ahí está, como máxima expresión de todo ello, el artículo 8 de la Constitución de 1978 -rechazada en Euskal Herria- que dicta a las Fuerzas Armadas la misión de garan- tizar la unidad territorial de España.

La única violencia que persiste es la imposición española, que impide que la ciudadanía vasca pueda decidir su futuro en libertad y en igualdad de condiciones entre todas las opciones. Y ésa es, por tanto, la violencia que ahora hay que desactivar.

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ETA acepta las peticiones de Bruselas y Gernika; de momento, Madrid ni lo uno ni lo otro

ETA ha respondido a las declaraciones de Bruselas y Gernika en términos positivos e inequívocos. Por un lado, asume las peticiones que la comunidad internacional le había realizado, de la mano de cuatro premios Nobel y de otras importantes personalidades, declarando un alto el fuego permanente, verificable por esa comunidad internacional y además gene- ral. De esa manera, añadiendo el término «general», ETA deja claro que durante el periodo abierto no se darán situaciones que puedan ser utilizadas para cuestionar la profundidad de su apuesta por un proceso democrático. Por otro lado, la organización armada no se limita a expresar su «voluntad» de que el camino abierto termine con el «enfrentamiento armado», sino que hace público su «firme compromiso» con esa vía y sitúa sus decisiones como parte de ese camino. Responde así a la Declaración de Gernika, en la que numerosos agentes políticos y sociales vascos le pedían que diese pasos que posibilitasen otro escenario.

En consecuencia, sólo quienes se sitúen por principio contra las declaraciones de Bruselas y Gernika pueden valorar negativamente la decisión de ETA hecha pública ayer. Pero, ¿qué dicen esas declaraciones para que alguien se posicione en contra de ellas?

En primer lugar, la Declaración de Bruselas supone la aceptación a nivel internacional de que el vasco es un conflicto político y que, por lo tanto, su resolución debe venir de la mano de la negociación en los parámetros establecidos internacionalmente para este tipo de casos. Todo ello en un momento en el que el Gobierno español pretendía negar la dimensión política y utilizar la sentencia de Estrasburgo sobre las ilegalizaciones para hacer una política de tierra quemada con los derechos políticos y civiles de los independentistas vascos.

Por su parte, en el «Acuerdo para un escenario de paz y soluciones democráticas», los firmantes de la conocida como Declaración de Gernika se comprometían a promover un escenario democrático y de soluciones, para lo que exigían a ETA y al Estado pasos concretos. Asimismo, apostaban por un diálogo basado en los principios Mitchell, que busque un acuerdo incluyente «entre todas las culturas políticas del país, sobre el reconocimiento tanto de la realidad nacional vasca como del derecho a decidir, y el respeto de la voluntad popular democrática sobre el modelo jurídico-institucional interno, y sobre el tipo de relación con los estados». Una agenda que ahora tiene aún mayor vigencia y vigor. Frente a ello el Estado español pretendía criminalizar el independentismo, defendiendo un esquema de rendición y buscando de manera peligrosa e irresponsable un cisma en la izquierda abertzale.

Por último, nada en ese escenario es comprensible si no se tiene en cuenta la apuesta estratégica realizada por la izquierda abertzale que, una vez más, ha conseguido revertir una situación política que cerraba las puertas a la resolución del conflicto en parámetros de justicia, igualdad, paz y estabilidad. Las declaraciones de Altsasu e Iruñea, junto a los documentos «Clarificando la fase política y la estrategia» y «Zutik Euskal Herria», fueron las primeras señales de que verdaderamente se está abriendo un nuevo ciclo político.

Presión mal gestionada

La primera reacción al comunicado por parte del Gobierno español resultó decepcionante no por ser previsible, sino por ser poco inteligente. Alfredo Pérez Rubalcaba, ejerciendo antes de ministro de Interior que de portavoz del Gobierno, hizo un discurso negativo, cuando lo que precisamente les demandaba la Declaración de Bruselas era una «respuesta positiva». No conforme con repetir todos sus mantras sobre la política vasca y hacer retórica fácil -respondiendo las preguntas que él mismo se hacía mientras no permitía las de los periodistas-, se permitió el lujo de despreciar y deslegitimar la verificación por parte de la comunidad internacional. Intentó así volver a situar el conflicto vasco como un problema interno y de seguridad. Ese estadio ya ha pasado y todo esfuerzo por regresar a él sólo puede significar sabotaje y derivar en descrédito. La situación general de Estado español no es propicia para despreciar a la comunidad internacional. Es de esperar que se imponga la prudencia y se module un discurso más acorde con una coyuntura realmente histórica. La presión está en este momento sobre el Gobierno español, aunque intente ocultar esa realidad.

Por último, la ausencia de violencia -o incluso de amenazas- por parte de ETA vuelve a mostrar los verdaderos parámetros del conflicto y de su resolución, tal y como se recogen en la Declaración de Gernika. Es el Estado español el que niega a la ciudadanía vasca el derecho a decidir libremente su futuro. Es el Estado el que segrega a los ciudadanos en base a su ideología y su identidad nacional. Por no hablar de la crueldad con la que lleva a cabo esa misión. En definitiva, el Estado no acepta el principio democrático de una persona un voto ni la lógica de las mayorías y las minorías. Cambiar eso exige paciencia, perseverancia y una estrategia clara. Quien se opone a ese cambio lo hace por sus intereses, en defensa de unos privilegios y no por el bien común.