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El derecho de Galindo y el nexo PSOE-GAL
Por un lado, la relativa a los derechos de los presos y, por otro, la que atañe a las ataduras del PSOE con la trama de los GAL. En torno a la primera de las cuestiones, cabe decir que si realmente Rodríguez Galindo padece una grave enfermedad incurable, se le debe aplicar el artículo 92 del Código Penal y procederse a su puesta en libertad condicional. Como es natural, la aplicación de este derecho ha de ser universal y, por lo tanto, igual para todos los presos. Sin embargo, la experiencia demuestra que Instituciones Penitenciarias no ofrece a la mayoría de los encarcelados que padecen enfermedades incurables un trato equiparable al obtenido por el general de la Guardia Civil. Es más, el sistema penitenciario español suele ser, por norma, despiadado tanto con los presos sociales como, en especial, con los prisioneros políticos vascos. Ejemplos sobran de la actitud inhumana y de castigo que las autoridades españolas han mantenido en este ámbito.
Con los precedentes conocidos, salta a la vista que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero está ofreciendo un trato de favor a Enrique Rodríguez Galindo que, no podemos olvidarlo, fue condenado a 75 años de prisión por el secuestro y muerte de Joxean Lasa y Joxi Zabala. Tanto la decisión de Instituciones Penitenciarias, como la campaña en defensa del ex general de la Guardia Civil desarrollada por ex altos cargos de gobiernos de Felipe González íentre ellos un ministro del Interior y un secretario de Estado condenados por el secuestro de Segundo Mareyí, recuerdan los nexos de unión entre el PSOEy los GAL que atentaron contra decenas de ciudadanos vascos, causando 28 muertes. Este partido sigue manteniendo en sus filas a condenados por actividades que sólo pueden ser calificadas como terrorismo de Estado, a los que ha mostrado repetidamente su apoyo público.
Es decir, la excarcelación de Rodríguez Galindo demuestra que el PSOE no olvida a los agentes que le sirvieron en su lucha ilegal contra el independentismo vasco, ni reniega de la actividad desarrollada en aquellos años. Un dato, por cierto, a tener en consideración habida cuenta de que existe una legislación que, supuestamente, castiga este tipo de posicionamientos íincluso actos más levesí con la ilegalización de partidos.
