ePub
pdf
Euskal Herria: Sacar el conflicto de las salas de tortura
Desde entonces, cada vez que se produce un incidente en las calles de Euskal Herria, aunque sea tan nimio como arrojar huevos con pintura contra un edificio, se recuerda aquel pronunciamiento y se convierte en un examen sobre la voluntad de la izquierda abertzale para contribuir a la superación del conflicto. Ayer, Torturaren Aurkako Taldea presentó su informe sobre el 2004 en el que se recoge que 57 detenidos denunciaron haber sufrido malos tratos en comisarías y cuarteles. Este hecho apenas suscitó la atención de los medios informativos a lo largo de la jornada ni dio lugar a declaraciones de los portavoces políticos e institucionales, tan comprometidos con los derechos humanos cuando, en lugar de una persona que denuncia haber sufrido «la bañera» o haber sido sometida a la aplicación de electrodos, tienen ante sí una fachada quemada. Sin embargo, a nadie se le puede ocultar que la tortura, además de ser la actuación humana más abyecta, es un instrumento político que emplea el Estado, en este caso, contra el movimiento independentista vasco. Y, por lo tanto, la desaparición de los malos tratos durante la detención no sólo es una exigencia de los principios más elementales de respeto a los derechos humanos, sino que constituye también una condición insoslayable en el camino hacia la reconducción del conflicto a cauces estrictamente democráticos.
Y cabe recordar que la tortura ísu ejecución y su persistenciaí tiene unos responsables concretos. Por un lado están los agentes que la practican, quienes dan las órdenes y los gobernantes que inducen o aceptan su uso. Pero junto a ellos deben situarse los forenses que la ocultan, los jueces que la consienten y los medios de comunicación que la silencian convirtiendo las 57 denuncias del pasado año í57 calvarios humanos de cinco largos díasí en un elemento invisible de la realidad.
Rodríguez Zapatero lleva diez meses en el Gobierno. Su balance en este terreno es el de la recuperación de viejos métodos de tortura, mientras su ministro de Justicia mentía a la secretaria general de Amnistía Internacional diciendo que todas las denuncias son falsas. No es ésta una buena tarjeta de visita para quien dice querer resolver el conflicto, y le resta legitimidad para hacer determinadas exigencias.
