Hala Bedi gana la batalla de la Ley Mordaza al Gobierno Vasco

Hala Bedi anunció que llegaría “hasta el final” y así ha sido: el periodista Mikel Sáenz de Buruaga ha sido culpable hasta que le han dejado demostrar lo contrario. La sentencia es firme y obliga al Gobierno Vasco a abonar todas las costas del juicio. Ganar este juicio supone para Hala Bedi una pequeña victoria frente a la injusticia que debería sentar un precedente de cara a la derogación definitiva de la Ley Mordaza

Debo estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo presentado por D. Mikel Sáenz de Buruaga González contra la resolución de 21 de noviembre de 2017 del director de la Ertzaintza, por la que se le sanciona a con la multa de 602 euros, como autor de una falta grave de desobediencia prevista en el art. 36.6 de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana; y contra la resolución de 27 de marzo de 2018, del viceconsejero de Seguridad del Gobierno Vasco, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra aquella, y, en su consecuencia, declaro que la actuación administrativa no es ajustada a Derecho y la anulo y dejó sin efecto.

Estas son las últimas palabras de la sentencia firmada por la magistrada en relación a la Ley Mordaza que el Gobierno Vasco pretendía aplicar por primera vez en su historia a un periodista. Se trata de una sentencia firme y para la que no cabe contra ella recurso ordinario alguno.

Después de que el Gobierno Vasco aplicara la Ley de Seguridad Ciudadana por grabar una intervención policial en el barrio de Errekaleor en mayo de 2017, Hala Bedi y Mikel Sáenz de Buruaga lo tuvieron claro desde el principio: “Llegaremos hasta el final”. Se trataba del primer periodista sancionado con la llamada Ley Mordaza por el Gobierno Vasco.

Casi dos años después, el 2 de abril de 2019, frente a los juzgados y arropado por decenas de personas minutos antes del juicio y más tarde sentado frente a la jueza, Sáenz de Buruaga se reafirmó y fue más allá: “Aquí hay en juego más que una sanción de 600 euros. Con la Ley Mordaza todo el mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario“.

Dicho y hecho. Tras casi dos años, Hala Bedi “ha llegado hasta el final” y Sáenz de Buruaga ha demostrado no ser culpable pese a que durante 22 meses sí que lo fue para la adminsitración pública. Sin embargo, en el momento en el que se confrontaron los testimonios, la versión de la Ertzaintza cayó por su propio peso.

El Gobierno Vasco deberá pagar las costas del juicio

Se condena a la Administración al pago de las costas. Así de claro lo expresa la sentencia de más de 20 páginas. El Gobierno Vasco deberá pagar los gastos del juicio, incluidos los del abogado de Hala Bedi que ha llevado todo el caso, Julio Sánchez González, del colectivo Askatasun Kolektiboetarako Abokatuak (AKAB) que nació “para empoderar al movimiento popular. Desde el primer momento, este abogado así como el colectivo han optado por la vía de llegar “hasta el final” y Hala Bedi quiere aprovechar la valoración de la sentencia para darles las gracias.

Hala Bedi explicó desde el principio que se trataba de “un informe falso elaborado por la Ertzaintza”. Por ello, tras agotar todas las vías administrativas, en abril de 2018 anunció que apostaba por acudir a juicio contencioso-administrativo en contra de la resolución sancionadora.

Una vez agotado el proceso administrativo, que Hala Bedi tildó de “kafkiano”, y a las puertas de la vía judicial, Hala Bedi consideró que “se ha vulnerado gravemente” su derecho a la defensa, al haber sido ignoradas y rechazadas todas las pruebas presentadas, incluyendo documentos audiovisuales y declaraciones de testigos directos que contradicen la versión policial.

Además, diversos elementos llevaban a Hala Bedi a creer que, “efectivamente, nos encontraríamos ante un montaje policial”, construído no el mismo día de los hechos, sino posteriormente, como “castigo al trabajo periodístico desarrollado en Errekaleor”, y como “venganza por la denuncia pública” realizada tras la agresión sufrida aquel día.

Finalmente, los argumento de este proyecto comunicativo ha dado la razón a un colectivo que cumple ya 35 años.

Sin callarnos, sin mordaza. En defensa de la libertad de expresión

No se trataba de un caso aislado. Se trataría del primer periodista vasco finalmente sancionado mediante la ‘Ley Mordaza’, pero el Gobierno Vasco ha aplicado esta ley más de 8.000 veces desde julio de 2016, a pesar de su compromiso de no hacerlo. Y, además, se está utilizando para vulnerar, entre otras cosas, los derechos civiles y políticos, así como la libertad de expresión, prensa e información.

No es casualidad que lo que se está castigando mediante esta ley sea, precisamente, un periodismo muy concreto, que colabora estrechamente con los movimientos sociales y que vigila de cerca, y a pie de calle, el abuso de poder o la violencia policial. Las identificaciones y las amenazas de la Ertzaintza contra periodistas, fotógrafos y personas que colaboran con Hala Bedi en el día a día son el pan de cada día durante los últimos años.

No es casualidad que, aunque posteriormente se retirara la sanción, un periodista de Argia, Axier Lopez, fuera el primer periodista vasco a quien se aplicó la Ley Mordaza. Tampoco es casualidad que otro periodista de Argia, Lander Arbelaitz, haya sido sancionado recientemente por publicar un video e información sobre otra polémica intervención de la Ertzaintza. En este último caso no se aplicó la Ley Mordaza pero la lógica es la misma: proteger al poder de un periodismo crítico, popular e incómodo.

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De todos modos, todo este proceso de dos años no ha sido un ataque contra un periodista, sino un ataque contra Hala Bedi, contra Errekaleor, contra el movimiento popular, contra la disidencia política y social, y especialmente, contra la libertad de información. Hala Bedi decidió colectivamente desobedecer esta ley excepcional, y seguirá actuando en consecuencia, porque la acusación era falsa y porque la propia ley es injusta y pone en peligro libertades básicas en una democracia. Un sistema en el que se impide a la ciudadanía acceder a toda la información y criminaliza la labor periodística, no puede considerarse democrático.

Hala Bedi lo tuvo claro desde el principio: mostró su intención de agotar todas las vías jurídicas posibles y acudir a juicio para poder defender adecuadamente no sólo nuestra propia libertad de informar, si no también el derecho colectivo a la diversidad informativa.

Frente a todo ello, se abrían dos posibilidades y todo un futuro en juego. Perder este juicio suponía una confirmación más de que la Ley Mordaza es un muro construido para dar vía libre a la vulneración de la libertad de prensa, a la persecución ideológica y a la impunidad policial. El siguiente paso hubiese sido el de profundizar en la desobediencia, el camino por el que, sin duda, optaba Hala Bedi y así lo anunció.

Sin embargo, y sin descorchar champán, ganarlo ha supuesto la constatación de todo ello, pero también ha sido una pequeña victoria frente a la injusticia. Tras un proceso administrativo interminable, kafkiano y caracterizado por la indefensión jurídicay la amenaza económica para las personas con menos recursos, Hala Bedi consdiera que ganar este caso debería suponer un precedente, pequeño pero eficaz, en el camino a la derogación definitiva de la Ley Mordaza, “el buque insignia de la deriva represiva de los últimos años y símbolo de su blanqueo. Y el Gobierno Vasco, como ha demostrado, es cómplice de todo ello”.