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Nacionales E.Herria :: 10/06/2013

La muerte de Pitti

Iñaki Egaña
Trabajó como guardia jurado en Orbegozo de Hernani y también como policía municipal en Amorebieta. Le iba la marcha. Confidencias, informaciones… y acción

Era Jesús Martínez Torres comisario general de Gipuzkoa cuando Ladislao Zabala e Ignacio Iturbide perpetraron siete atentados mortales en el llamado Triángulo de la Muerte (Urnieta, Hernani y Andoain): José Ramón Ansa, Tomás Alba, Felipe Sagarna, Miguel Arbelaiz, Luis Mari Elizondo, Joaquín Antimasbere y Francisco Ansa. Martínez Torres era un destacado torturador en época franquista, como tantos otros policías, y, sin embargo, el PSOE lo ascendió años después a director de la Brigada de Información, ya en Madrid.

Ignacio Iturbide Alkain, Piti, nació en 1949, en el seno de una respetada y estimada familia hernaniarra. La oveja negra. Su condición vino marcada desde joven por sus amistades, en especial la de Jesús Arrondo, Cocoliso, informador policial que provocó en 1974 la muerte de los militantes Roque Méndez y José Luis Mondragón. Cocoliso introdujo a Iturbide en los ambientes policiales.

Trabajó como guardia jurado en Orbegozo de Hernani y también como policía municipal en Amorebieta. Le iba la marcha. Confidencias, informaciones… y acción. En 1978, Iturbide fue condenado por haber incendiado la sede del PCE en Donostia y la del equipo de baloncesto Askatuak. Sus influencias le sacaron de prisión en cinco meses.

Cuando salió de la cárcel se unió a Ladislado Zabala, cinco años más joven que él e hijo de quien fuera vicepresidente de la Diputación guipuzcoana en los años 60. Zabala tenía contactos con jóvenes radicales que hacían de la unidad de España su razón de vivir. Algunos, como Jesús Jiménez Cortázar, Benito Santos, José Luis Jiménez Clavería y Rogelio González Medrano se unieron al grupo. Todos tenían armas.

En 1979, comenzaron a dejar un reguero de sangre. Siete muertes en total, dos heridos graves paralíticos y otros tantos intentos, entre ellos uno contra el alcalde de Hernani. La elección no seguía una secuencia lógica: un concejal, un músico, un gitano… La reivindicación, jamás hecha por los autores materiales de los atentados, en nombre del Batallón Vasco Español (BVE). En una ocasión de la Triple A (Alianza Apostólica Anticomunista).

La actuación a cara descubierta de Piti y sus compañeros y la protección con la que se movían provocaron la indignación ciudadana. Pronto comenzó a circular un dossier con diez nombres posibles de los autores de las muertes, entre ellos el de Piti. El Ayuntamiento de Donostia denunció incluso su impunidad. Martínez Torres fue interpelado. Pero miró a otro lado.

Llegó el fracaso del golpe de Estado de febrero de 1981. La denuncia de la impunidad militar y policial saltó a las calles. Nombres y apellidos circularon con profusión. Martínez Torres quiso salvar su pellejo y a la semana del golpe detuvo a Piti y Zabala y a cuatro de sus compañeros. Martínez Torres fue ascendido, como ha quedado señalado, e Iturbide y Zabala condenados a 231 años de cárcel.

El eco del golpe les llevó a intentar sumarse a la ola patriótica. Antonio Muñoz Perea, abogado de Milans del Bosch, uno de los diseñadores de la asonada, les defendería. Piti se negó a hablar en el juicio, celebrado en 1985, pero acertó a decir que elegía a sus víctimas por considerarlas “separatistas”. Muñoz Perea apoyó su estrategia y pidió la absolución por “miedo insuperable” a los separatistas. El juez determinó que en todas las muertes, Piti fue el autor material. Zabala su compinche.

Iturbide fue internado en la prisión de Zamora. Poco más de diez años después salió de la cárcel. Sin ruido, sin cámaras. Al contrario que otros, mantuvo su identidad. Zabala se ubicaría en Madrid, donde fundó, juntó a Ynestrillas, el grupo Patria Libre. Piti, en cambio, se mantuvo más discreto. Se trasladó a Bilbao y trabajó por su cuenta. Con el cambio de siglo se mudó a un piso en la calle Iparragirre de la capital vizcaina. Hasta ayer, que falleció sin que se hayan aclarado, todavía, esos lazos tan estrechos que han mantenido las redes parapoliciales con las sedes gubernamentales.

 

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