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Nacionales E.Herria :: 30/11/2006

Lakua, Audiencia Nacional y montajes

Gara
Anteayer un juez daba a conocer sus sospechas y críticas a la Ertzaintza por la instrucción sobre los enfrentamientos que se produjeron el pasado día 10 en Bilbo y ayer la Policía autonómica procedía a la detención de cinco personas en Gasteiz y Tolosaldea a las que acusa de participar en los incidentes.

La sucesión de los hechos permitía inferir la existencia de una relación entre la acción del juez y la reacción del Departamento de Interior. Pero fue el propio consejero, Javier Balza, quien disipó cualquier duda al respecto al declarar que las detenciones «desmienten claramente la acusación de un magistrado».

Resulta tan llamativo como preocupante que una consejería del Gobierno de Ibarretxe responda a las críticas judiciales y a las de los voceros de la derecha española deteniendo a jóvenes y poniéndolos a disposición de un tribunal especial ícuya disolución pedirá mañana el Parlamento de Gasteizí para que sean procesados y juzgados en base a leyes de excepción endurecidas por el Pacto PP-PSOE.

Se diría que la libertad de determinados ciudadanos depende de las necesidades propagandísticas del Gobierno tripartito o del PNV, porque no cabe olvidar que el pasado 19 de setiembre, al día siguiente de que Josu Jon Imaz relacionara a Batasuna en la kale borroka, la Ertzaintza detuvo a dos personas en Errenteria y en base a falsedades les acusó públicamente de haber participado en un ataque a la estación de Eusko Tren.

Pero el caso actual tiene además otros agravantes, habida cuenta de que el alcalde de Bilbo, Iñaki Azkuna, aseguró en su día que en los enfrentamientos se había intentado «quemar vivo» a un policía municipal.

Aquella versión, de las que se hicieron amplio eco numerosos medios sin mayores comprobaciones, elevó notablemente la tensión política, y a pesar de que el Ayuntamiento ya no quiere hablar de ella, sus efectos se mantienen, como se sigue viendo en la incidencia que ha tenido el caso para las cinco personas ahora detenidas.

Las declaraciones de los testigos señalan que no existió un ataque premeditado contra la Policía Municipal y que si un agente se salpicó con líquido inflamable fue en un forcejeo.

Como fruto de sus investigaciones, el Departamento de Interior de Lakua debe tener su propia información de lo que realmente ocurrió. Información que no ofrece a la sociedad vasca, mientras hace «propaganda armada» con detenciones de personas a las que acusa de participar en los incidentes, aunque «no tienen relación directa» con la supuesta agresión.


La Ertzaintza responde con cinco arrestos a la crítica del juez

Las detenciones de cinco jóvenes producidas a primera hora del día de ayer en Gasteiz, Tolosa y Alegia «desmienten claramente la acusación que nos hemos encontrado hoy en los medios de comunicación de un magistrado de Bilbao de que la Ertzaintza había ocultado parte de la información». Así lo admitió el consejero de Interior, Javier Balza, ayer en Madrid. El Departamento había respondido anteayer por la noche a la filtración judicial (que apunta a «irregularidades» en la tramitación del caso de los incidentes del día 10) exponiendo la posibilidad de apelar al Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, la respuesta llegó ayer en forma de detenciones de cinco jóvenes de edades entre los 18 y 20 años.

Por orden del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en Alegia fue arrestado Eneko Elola, de 19 años, cuando se dirigía a su centro de estudios y en Tolosa, la Ertzaintza arrestó a Haritz López en su domicilio. En Gasteiz, mientras, fueron tres las personas detenidas en régimen de comunicación; Mikel Ruiz, Haritz Díaz de Durana y Olatz Urbina, que fue detenida en la comisaría de la Ertzaintza tras personarse.

La Policía autonómica registró sus domicilios. Según señalaron testigos a este medio, de la vivienda de Urbina se llevaron un ordenador y ropa.

Askatasuna rechazó esta actuación policial y que los cinco sean trasladados a la Audiencia Nacional, «una herramienta que está al servicio de los intereses del Gobierno español». Resaltó también «la incomunicación de facto» aplicada a Elola porque «han pasado horas sin tener noticias de él». El joven, finalmente, pudo estar con su abogado.

En apoyo a los cinco jóvenes, 150 personas se manifestaron ayer por la tarde en Tolosa. Antes de que comenzara la movilización, solidarios denunciaron estas detenciones en la plaza del Triángulo. Posteriormente, fueron identificados por la Ertzaintza que los puso contra la pared. En Gasteiz, alrededor de 300 personas participaron en una asamblea informativa.

Tal y como admitió el propio Balza, al igual que ocurrió con las dos detenciones producidas el 10 de noviembre, a ninguno de estos cinco jóvenes se le vincula con el supuesto «intento de agresión directa» a un agente de la Policía Municipal de Bilbo (volvió a utilizar la expresión de que se le «intentó quemar», en la línea de la versión oficial lanzada por el alcalde, Iñaki Azkuna). Sin embargo, al contrario de lo que ocurrió con aquellos dos arrestados, en esta ocasión serán llevados a Madrid para declarar ante la Audiencia Nacional.

«Lo que tengo que decir es que, desde el punto de vista policial, la Ertzaintza está convencida de la participación de estas personas en las algaradas que hubo en Bilbao, pero que no hay una conexión directa con un intento de agresión concreta», argumentó Balza, que dio por cerrada esta redada.

Batasuna pide a Ibarretxe que explique estas detenciones

Batasuna emplazó ayer a Juan José Ibarretxe a que explique «por qué se detiene a jóvenes vascos y se les lleva a la Audiencia Nacional». «¿Es este su impulso al proceso bloqueado?», se preguntó y exigió que se ponga fin a «estas agresiones». Segi, por su parte, acusó a la Ertzaintza, «la Policía del PNV», de «utilizar la intoxicación mediática y la mentira» para practicar estos arrestos. Subrayó en que con esta redada se demuestra, una vez más, que «los jóvenes vascos estamos en el punto de mira de la estrategia de guerra del Estado español y de los autonomistas». Segi llamó a denunciar «la intoxicación mediática y la criminalización».

 

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