Las aristas de la memoria

En una sociedad en la que la red asociativa tejida en torno a la recuperación de la memoria histórica tiene una notable importancia sociopolítica y cultural, resulta complejo explicar las razones por las que están produciéndose situaciones de bloqueo (incluso de boicot) en el desarrollo de líneas de trabajo que cuentan con el aval de la comunidad internacional y están fundadas en prácticas de probada efectividad. En Euskal Herria esta situación es consecuencia, a nuestro entender, de tres factores que podríamos llamar aristas de la memoria.

Primera arista: las consecuencias de la “Transición”.

La situación de impunidad ha ido consolidándose tras la muerte del dictador debido a la estrategia “pactista” que los partidos “electoralmente mayoritarios” desarrollaron desde finales de los 70.

Aquellas fuerzas políticas, que contaban con un bagaje histórico de lucha antifascista, condenaron al olvido a los represaliados por la dictadura y garantizaron la impunidad a sus verdugos fascistas, agrupados, después de 1977, en los partidos “democráticos” de la derecha española: UCD, AP y PP fundamentalmente. Fue el tributo que los “demócratas” pagaron para lograr una supuesta “reconciliación nacional” entre las “dos españas enfrentadas en la guerra civil”.

La cruda realidad es que las direcciones del PSOE, PNV y PCE antepusieron sus intereses partidistas para participar en la gestión de las instituciones políticas, y establecieron mecanismos de control social sobre los movimientos rupturistas que se estaban desarrollando en los distintos ámbitos de la sociedad, a fin de evitar tensiones con los sectores socioeconómicos y militares incrustados en los poderes del Estado franquista. Las víctimas y represaliados se convierten en moneda de cambio y son los primeros en ser sacrificados en aras a la consecución de un “nuevo” escenario político “beneficioso para el conjunto de la sociedad”. En todo este proceso tuvo un papel determinante la amenaza de golpe militar. Es bien sabido que, tras el 23-F, el desarrollo del incipiente movimiento memorialista quedó frenado en seco. La única excepción a destacar fue la Asociación de Familiares de Asesinados Navarros (AFAN) y Altaffayla K.E. que desarrollaron una importante labor durante toda la década de lo 80 y siguientes. La clase política había optado por cerrar un falso, mediante leyes de punto final, las consecuencias de las graves vulneraciones de derechos. Pasarían dos décadas hasta que una nueva generación empezase a construir el movimiento memorialista que conocemos en la actualidad.

Está siendo actualmente afilada debido a que ciertos sectores sociopolíticos que hasta el presente defendían posiciones rupturistas han optado por “transitar” hacia escenarios que contradicen la legalidad internacional y se imbrican con aquellas “políticas públicas” que adolecen de los graves deficiencias: la aceptación como marco de gestión la limitada y tantas veces denunciada por los movimientos sociales, de la ley de memoria histórica, en segundo lugar la falta de consideración y respeto a las aportaciones de los movimientos sociales memorialistas que son, en definitiva, los que han mantenido la lucha reivindicativa y de defensa de los DDHH y la identidad sociopolítica de los represaliados, y en tercer lugar, la repetición de los “vicios” adquiridos de los partidos institucionalizadas (a quienes desde estas posiciones rupturistas se les ha venido criticando) consistentes en primas social y económicamente a ciertas organizaciones, de distinto carácter jurídico, que en ciertos momentos y lugares adquieren carácter de tráfico de influencias y corrupción.

La segunda arista:

Las políticas públicas y la investigación histórica. Esta arista deriva de la anterior y se proyecta en el campo de la investigación de la verdad y su articulación con los otros ejes definidos por la legalidad internación: la justicia y la reparación, incluidas las garantías de no repetición. Ciertas instituciones científicas se ven, con excesiva frecuencia, condicionadas y mediatizadas por las políticas públicas decididas por los mismos partidos que pactaron la anterior “Transición” y los que hoy se encuentran embarcados en similares procesos “transicionales”, con las mismas bases programáticas discriminatorias de los derechos de las victimas de la rebelión militar de 1936 y el terrorismo de Estado. En este contexto, las entidades científicas interiorizan la visión-sociopolítica de los gestores de las instituciones públicas con el fin de acceder a sus recursos financieros y como vía de promoción individual e institucional. Para estos agentes “científicos”, además, las asociaciones sociales de víctimas no somos personas y entes jurídicos asistidos y dotados de derechos que deben de ser garantizados mediante procesos de trabajo contrastado, sino que somos simples fuentes de información “gratuita” y, por consiguiente, de alta rentabilidad.

En consecuencia, es la casta política dominante, en cada ámbito de actuación, y los intereses socio-económicos coincidentes, quienes definen los objetivos, las metodologías de trabajo y las líneas de investigación de la verdad. Podemos afirmar que estamos muy lejos de que la investigación de la verdad sobre vulneraciones de DDHH sirva para que las víctimas y sus familiares obtengan justicia y reparación.

La tercera arista corresponde al propio movimiento memorialista.

En este ámbito nos encontramos con problemas derivados de una falta de coordinación de nuestras líneas de trabajo, que provocan desequilibrios en el desarrollo de los ejes de actuación definidos por la legalidad internacional en DDHH: Verdad, Justicia y Reparación, incluidas las garantías de no repetición. La persistencia de esta arista contribuye a que las reivindicaciones de las asociaciones memorialistas sean sistemáticamente ignoradas por no ser coincidentes con los intereses coyunturales de los partidos y ciertas instituciones “científicas”.

Por todo ello, resulta de la máxima importancia consolidar organismos de coordinación de las organizaciones sociales memorialistas para acordar en su seno estrategias homogéneas y coherentes, ante las presiones o políticas de hechos consumados practicados por aquellos grupos de poder político y de interés económico que se han convertido en verdaderos obstáculos para el desarrollo íntegro de los derechos de las víctimas de la rebelión militar de 1936, el régimen franquista y el terrorismo de Estado.

De nuestra actuación coordinada y nuestro grado de interpelación social dependerá, poder evitar que los agentes sociopolíticos actualmente en “transición” incurran en los mismos “vicios de poder” que determinaron, tras la muerte de Franco, la impunidad de las vulneraciones de DDHH y el poder hacer realidad los objetivos de VERDAD, JUSTICIA y REPARACIÓN (incluidas las GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN).

Gotzon Garmendia, Alberto Muñoz y Ana Irastorza. Miembros de Eusko Lurra Fundazioa.