Leo Castro, torturador y GALoso

Según una «Resolución de 12 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Seguridad» que acaba de publicar el BOE, «se declara la pérdida de la condición de funcionario del Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía don Leoncio Castro López».Y ello, porque «La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Vizcaya, en Sentencia de 28 de enero de 1997», lo condenó «como autor de un delito de torturas a la pena, entre otras, de ocho años y un día de inhabilitación especial».

La Audiencia de Bizkaia lo consideró autor material de las torturas infligidas a Ana Ereño, conocida militante feminista y trabajadora de Egin, que fue detenida el 28 de abril de 1982, y al quedar en libertad presentaba numerosas contusiones, tumefacciones, equimosis y hematomas que fueron recogidas en los informes forenses.

Más de treinta y un años después, el Ministerio del Interior acaba de retirar su condición de funcionario a Leoncio Castro. Entre tanto, la torturada ya ha fallecido, después de arrastrar toda su vida las secuelas de las terribles torturas que padeció, e Interior, como de costumbre, no ha dado explicación alguna que justifique que haya necesitado dieciséis largos años para ejecutar la sentencia condenatoria en todos sus extremos.

Las debería dar, y rápido, porque la legislación es muy clara al respecto: «La pena principal o accesoria de inhabilitación especial, cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga, produce la pérdida de la condición de funcionario». La única explicación posible es que Interior arguya que la sentencia que le fue impuesta no ha sido firme hasta ahora, dieciséis años después de que se dictara. En ese caso, eso sí, deberá explicar a qué se ha debido esa extraordinaria tardanza.

De paso, también debería dar alguna explicación sobre lo que publicó el diario El Mundo el 10 de octubre de 1995. Dicho diario afirmó que era Leo Castro quien dirigía la trama navarra de los GAL cuando se produjeron los 27 asesinatos reivindicados utilizando aquellas siglas. Entonces, ocupaba una de las tres jefaturas de grupo de la Brigada de Información de Iruñea. Había estado destinado antes en la Brigada Central Operativa antiterrorista y después se fue con el comisario Manuel Ballesteros al Gabinete de Información que se creó en Interior.

En el mencionado artículo de El Mundo, titulado «El inspector Leoncio Castro era el jefe de operaciones del GAL» y escrito por el periodista Fernando Múgica, se afirmaba que éste «pagaba de su bolsillo y en metálico -con dinero procedente de los fondos reservados- entre 5.000 y 30.000 pesetas a policías de Pamplona que viajaban al sur de Francia para marcar etarras. Ayudaba mucho la colaboración, pagada también con fondos reservados, de policías franceses».

Según Múgica, dichas actividades se realizaban «Con el conocimiento y el apoyo económico de la Delegación del Gobierno, encabezada por Luis Roldán» que transmitía las informaciones al Ministerio del Interior donde «se daba la luz verde para los atentados y se enviaban los fondos reservados necesarios para cada operación, aproximadamente 20 millones de pesetas».

Múgica aseguró que Leo Castro «Era muy amigo de Roldán», y que «De hecho fue al único al que abrazó éste cuando se celebró el acto de despedida antes de ir a Madrid como director general de la Guardia Civil. Luis Roldán condecoró más tarde a Leoncio Castro con la Cruz Roja al Mérito de la Guardia Civil».

Otra medalla pensionada más concedida a un torturador que, como se ve ahora, con semejante historial ha seguido siendo funcionario del Cuerpo Nacional de Policía durante dieciséis largos años tras haber sido condenado en firme a ocho años y un día de inhabilitación especial, lo cual debería haber conllevado la inmediata perdida de su condición de funcionario.

Una prueba más de la enorme impunidad de la que han gozado siempre los torturadores en el Estado español y de que no pocos de ellos han sido también organizadores y ejecutores de la guerra sucia.

Xabier Makazaga, investigador del terrorismo de Estado
27 de junio de 2013