Nuevo calendario para un acuerdo pendiente

Esa llamada a las urnas se hará independientemente de que haya o no un acuerdo con el Estado, lo que se antoja muy improbable si nos atenemos no ya sólo al rechazo expresado ayer mismo por Moncloa a tal deseo, sino al huidizo comportamiento mantenido por el PSOE durante el frustrado proceso de negociación reciente. Lo que sí resulta seguro a esta hora es que Ibarretxe se colgará de la percha de esa consulta para la próxima campaña electoral autonómica, ya que ayer dejó claro que sea cual sea el resultado del dictamen ciudadano disolverá el Parlamento y anticipará los comicios. La decisión recuerda a la de febrero de 2005, cuando tras recibir un portazo en el Congreso español al acuerdo avalado por la mayoría de la Cámara de Gasteiz el lehendakari no hizo nada para superar ese veto. No hubo consulta, sí elecciones.

Lo sustancial, con todo, debería empezar ese 25 de octubre de 2008. Una consulta «habilitadora», como la denominó Ibarretxe, tendría como única virtualidad instar a todas las partes implicadas a buscar el acuerdo político -y también técnico- al que curiosamente tanto el PNV como el PSOE han dicho no hace unos meses después de la negociación política más intensa y profunda realizada entre los partidos vascos en 30 años. Y le han dicho no, además, en el marco de un proceso que llevaba aparejada la garantía de la desaparición de la lucha armada de ETA. Así que visto el horizonte electoral, visto el modo en que los jelkides se levantaron de la mesa, y vista su actuación política diaria entonces y ahora, los motivos para desconfiar de la iniciativa de Juan José Ibarretxe están plenamente justificados.

Tiene razón el lehendakari en una cosa: con voluntad es posible alcanzar un acuerdo en 2008. Pero no ya un pacto con el Estado, sino un auténtico acuerdo de solución. Será el grado de compromiso de los agentes políticos vascos, trasladado a la actuación política del día a día, el que determine el calendario real para la apertura de un ciclo político nuevo, basado en el derecho a decidir de toda la ciudadanía vasca.