Ofensiva represiva del Estado español: realidades e ilusiones

Para impedir este derecho, y por medio de un proceso político-judicial escandaloso, que deja las garantías jurídicas y legales en el Estado español a la altura del barro, ha sido condenado de nuevo, ahora, a una pena de prisión añadida de 12 años y siete meses, por el "terrible" hecho de haber escrito dos artículos de opinión publicados en su día por el diario Gara. Dos huelgas de hambre para exigir su derecho a la libertad, en las que además se están de nuevo vulnerando sus derechos al ser alimentado por la fuerza.

En la misma línea, la reciente "Doctrina Parot" del Tribunal Supremo español, supone un importante y regresivo cambio de criterio en cuanto a redención de penas, y está hecha descaradamente para impedir la excarcelación de un buen número de presos políticos vascos que en los próximos meses y años, tendrían que quedar en libertad conforme a la aplicación de la legislación española. Esta nueva doctrina, significa el alargamiento de condenas, instaurando de facto algo bastante parecido a la cadena perpetua. A día de hoy, son en total 22 los presos políticos vascos que, habiendo cumplido sus condenas íntegramente, permanecen bajo secuestro en las cárceles españolas. Juan Fernando López Aguilar, ministro español de Justicia, dejó el pasado febrero claramente expuesta la posición de su Gobierno al hablar de "construir imputaciones"con el fin de impedir estas excarcelaciones.

Esta situación afecta también a muchos más presos, tanto del PCE(r), GRAPO, como a presos comunes, va a suponer una mayor masificación aun de las prisiones españolas, una degradación creciente en sus condiciones de vida, y sin duda, incrementará el sufrimiento de quienes estén encarcelados.

La burguesía monopolista pretende que aceptemos sus leyes y que además creamos en ellas. Cómo vamos a hacerlo si son ellos los primeros en saltárselas, tantas de ellas y tantas veces como crean necesario, salvo, como no, aquellas que imponen el modelo explotador capitalista y la unidad del estado.

¿Existe un proceso de paz en Euskal Herria?

¿Puede hablarse con algún grado de rigor de la existencia de algo que se asemeje a un proceso de paz, cuando lo descrito es una mínima parte del panorama represivo que el estado ejerce sobre Euskal Herria?

Cuando el 22 de marzo de este año, la organización armada nacionalista ETA, declaró un alto el fuego permanente, se abrieron expectativas, ilusiones y esperanzas entre amplios sectores populares en Euskal Herria, y en cierta medida también del resto del Estado español, ante la posibilidad de que se dieran condiciones para un proceso de paz, y para que se abriera una nueva etapa política que pudiera, sino desembocar en un ejercicio del derecho de autodeterminación nacional, sí al menos en un mayor nivel de reconocimiento de Euskal Herria como nación, y en una cierta ampliación de derechos democráticos.

El PP, como era de esperar, reaccionó de inmediato oponiéndose frontalmente a cualquier posibilidad de diálogo o de negociación. Pero, si se quiere entender algo de por qué las cosas están donde están, hay que huir de cómodos análisis unilaterales que solo nos llevan a disculpar al PSOE y su gobierno, y más en general a olvidar cual es el papel que juega este partido en el régimen de la democracia burguesa española.

La ofensiva reaccionaria del estado español viene definida por un lado, por una intensa y sostenida, en el tiempo, campaña de agitación fascista del neofranquismo español, con el PP como su más conspicuo representante, importantes sectores del aparato judicial, y toda una tupida trama de organizaciones de extrema derecha que va desde la AVT hasta la Conferencia Episcopal española, con su cadena de radio, COPE, compartiendo vanguardia con el diario El Mundo en esta tarea.

Por otro lado tenemos al gobierno del PSOE, incapaz de despegarse en los hechos de la política desarrollada por el anterior gobierno de Aznar, política compartida por el PSOE y que hay que recordar llevó, por ejemplo, a la creación de la Ley de Partidos, con la aplicación que conocemos. La realidad es que no solo no se han dado pasos efectivos en la dirección opuesta, sino que bien al contrario se complace a los sectores más reaccionarios de la oligarquía española representados por el PP, y se están aplicando a fondo viejas y nuevas medidas represivas, hasta el extremo de llegar a jactarse de haber hecho menos que el PP en el anterior alto el fuego de ETA. La cuadratura del círculo que pretende el gobierno español es imposible, hablar por una parte de "proceso de paz", y por otra, pretender que no haya ningún precio político es algo ridículo, y ha conducido a una situación de bloqueo de expectativas.

ETA y Batasuna sin hacer renuncia formal en ningún momento a la autodeterminación, asumiendo ciertos riesgos, han rebajado su discurso político, no están en estos momentos poniendo como condiciones el derecho de autodeterminación, ni mucho menos aún defienden un proceso revolucionario para Euskal Herria que pudiera dar paso a la construcción del socialismo en nuestro país. Es por ello que los conceptos manejados en esta fase por la izquierda nacionalista de cara a lo que ha denominado como "resolución del conflicto" son habitualmente bastante más ambiguos.

Lo que proponen es el poder defender ese derecho sin necesidad de sufrir por ello la represión del estado, y un cierto compromiso por parte de los Estados español y francés de que en un futuro se puedan desarrollar aquellas opciones que Euskal Herria decida con respecto al estatus en las relaciones con estos estados, así como una solución honrosa para los presos políticos que debería terminar con su salida de las cárceles cuanto antes, objetivos sentidos como propios por amplias masas del pueblo trabajador, son democráticos, son un avance, y hay que apoyarlos.

Estos objetivos, aunque sin duda democráticos, son limitados y no alteran en esencia la propia naturaleza del estado ni sus estructuras de explotación y opresión. Para el comunismo revolucionario vasco, la auténtica autodeterminación y libertad de Euskal Herria, es algo mucho más profundo que la celebración de una o varias consultas, aunque estas contengan en sí un significado democrático. Con una clase trabajadora vasca dominada por la ideología capitalista, sumisa e insolidaria, secuestrada por un partido tan burgués como el PNV, es imposible hablar de una Euskal Herria libre.

Al PNV, como representante de un sector de la burguesía vasca, lo que realmente le importa es la cuenta de beneficios anuales, su posición de clase a la hora de poder competir en los mercados capitalistas-imperialistas mundiales, y por supuesto, seguir controlando las instituciones políticas que domina en la CAV desde hace más de veinticinco años, como queda demostrado por enésima vez con la mezquina actitud de ese partido de culpar a ETA y Batasuna del estancamiento de un proceso que es más una posibilidad que una realidad, mientras sumisamente la Consejería de Interior da orden de ejecutar los mandatos de la Audiencia Nacional española. Los jeltzales tienen claro que no van a admitir que el pueblo sea protagonista del proceso político en curso, ni de ningún otro. Su intención, como siempre ha hecho, es negociar con los representantes políticos de turno del estado imperialista español, con el fin de sacar mayor tajada y meter cabeza en el "club" imperialista que es la Unión Europea.

Por lo tanto, es poco menos que imposible que en la actual etapa del capitalismo-imperialismo pueda ser aliado de nuestro pueblo trabajador, pues sus intereses son muy distintos, y los sectores concretos de la burguesía que representa no están dispuestos a dejar resquicio alguno para que el proletariado vasco y las clases populares tome las riendas en un proceso de autodeterminación plena, es decir, tomar conciencia de sus potencialidades de clase, y de que sus intereses pasan necesariamente por la necesidad de instaurar el socialismo en nuestro país, como base de apoyo de la revolución mundial.

Kimetz