Ojos que todo lo ven

Tristemente acostumbrada a la represión judicial de organismos y estructuras políticas por su orientación ideológica, la sociedad vasca está viendo ahora cómo se persiguen también simples palabras y conceptos, y se criminaliza a personas. Julen Arzuaga constata en este artículo que son, siempre han sido, las ideas las que son objeto de persecución por parte de un Estado que no tiene ningún apego a la libertad de expresión y que está aquejado de nerviosismo paranoico en este nuevo tiempo.

Estamos bajo vigilancia -¡qué novedad!-. Pero el contexto provoca evoluciones. Como el efecto mariposa, si se mueven fichas en un ámbito, se generan seísmos en otro. En este caso, en el del control social, o en la persecución que lo vehiculiza.

A la represión judicial ya dolorosamente clásica -casos de Segi y Bateragune pendientes del TS y ahora D3M-Askatasuna de la AN- se le añade una faceta más sutil, soterrada, aunque igualmente desfasada en el actual momento político. Hechos de, tal vez, no tanta dimensión criminógena. Pero la unión hace la fuerza: imposición de «cautelas» por parte de la Audiencia Nacional para ejercer el derecho de manifestación si se expresan conceptos como «amnistía» o «presos políticos»; procesamiento en un Juzgado de Donostia de Garbiñe Alkiza por calumnias al responsabilizar al Estado español y francés de la muerte de su familiar Jon Anza; decisión del Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa de avalar el veto a una charla del TAT por tener «contenido político»; 12 vecinos de Sestao sometidos a juicio por pedir la abstención en el año 2008 en el juzgado de Barakaldo; 19 vecinos de Laudio, Amurrio y Areta recién juzgados en la Audiencia Nacional por rechazar la ilegalización y mostrar su respaldo al entonces alcalde, Pablo Gorostiaga; condena impuesta por un Juzgado de lo Penal de Gasteiz contra 6 ciudadanos que protestaban contra el TAV en las obras de Urbina; citación a la Audiencia Nacional de 5 vecinos de Erandio por la inclusión de una foto de la presa política Erika Bilbao en el programa de fiestas y, por similar razón, imputación del presidente de la Comisión de Fiestas de Erromo por un supuesto delito de «enaltecimiento del terrorismo». Las últimas actividades supervisadas, si bien todavía sin judicialización por medio -pendiente de expediente policial- son la colocación de pancartas en la tamborrada de Donostia por su contenido «presunto» y la realización de recolectas navideñas a favor de los presos, ya tildada públicamente de «extorsión terrorista».

Por qué considero que se está apretando la tuerca hasta el ahogo? Veamos: En aquellos recientes y aún presentes procesos políticos contra partidos o asociaciones en la Audiencia Nacional se invocan acciones, conexiones, implicaciones -¿contubernios?- para justificar la persecución. Un argumento envenenado. Pero ahora, son simples palabras y conceptos políticos los que están en el punto de mira y generan una reacción judicial. Palabras concretas, vinculadas a pensamientos concretos que excitan respuestas represivas.

Sin dejar de ser grave, los juicios políticos que hemos conocido hasta ahora eran contra organismos o estructuras. Además de esos, personas individuales, ajenas a un colectivo, a una directriz o a un «plan», son los reclamados a disposición judicial.

Eso conlleva un problema de concreción del delito que se pretende imponer. Pasaron de perseguir acciones armadas a sabotajes, y de estos, a expresiones político-sociales organizadas que supuestamente daban coherencia a las acciones mencionadas. A ellos se les extendían los delitos de pertenencia o colaboración ¿Y ahora? No hay tipificación penal concreta. Vale cualquier vehículo de la idea proscrita -protesta, recolecta, exhibición…- al que poner el apellido de «terrorista». En el ámbito más concreto de la libertad de expresión, emplearon el tipo penal de la apología, para después difuminarlo con el de enaltecimiento, y por último, transitar ahora entre brumas sin respaldo legal. Brumas «terroristas».

Hace unos años a nadie se les ocurriría presentir la deriva que supone hoy que el presupuesto de un tribunal de orden público y el sueldo de magistrados especiales se justifique en vigilar el empleo de una palabra concreta en una movilización, un concepto en una declaración o en una pancarta. A nadie sensato, digo. Una lupa que no puede distorsionar más la realidad. Pero que además tribunales autóctonos entren en el juego -en los ejemplos dados, los de las cuatro provincias- me parece, asimismo, un grave derrotero.

Un último apunte: el elemento legitimador. Los anteriores juicios políticos se basaban en un soporte de legitimación muy potente y extendido: la defensa del orden público o la seguridad ciudadana. Si se prefiere, con el inconfundible estilo de Basagoiti, porque «la gente estaba harta de ellos». El poder justificador actual se reduce a la dignidad de un grupo muy concreto y minoritario -las víctimas de ETA- o la susceptibilidad de unos pocos -los francotiradores del PP y algún otro organismo ultra- aquejados de hipergonadismo. Si aquel concepto de «alarma social» era ya demasiado abstracto e interpretativo, la humillación u ofensa de suspicacias de «una poca gente harta de muchos» -siguiendo con Basagoiti- resulta demasiado insoportable para un sistema que no es democrático, pero que además ahora se queda sin excusas para no parecerlo.

Claro que todos presentíamos que, desde un principio, eran las ideas subyacentes lo que realmente se impugnaba con la inflación de la reacción pseudojurídica.

Sin embargo, el «cambio de tiempo» que ya apenas nadie niega, ha desvelado, más si cabe, la obsesiva persecución de la palabra. Es un axioma del derecho que las ideas no delinquen. No es de recibo ensañarse violentamente contra ellas, más aún cuando resulta imposible alegar que se defienden con esos instrumentos.

La obsesión por cerrar las puertas al debate público con todo el arsenal a su disposición, sea este en formato panfleto, pancarta, charla o manifestación multitudinaria, es demostrativa. Demostrativa de la falta de apego a la libertad de expresión por un lado. Por otro, del nerviosismo paranoico que conlleva la nueva batalla por las ideas, se denomine memoria cuando se mira hacia atrás, se denomine derecho a decidir cuando se mira hacia adelante.

Son viejas las herramientas y los protagonistas. Grande Marlaska persigue la reivindicación de «Amnistía». Ares -«no se aceptarán salidas individuales camufladas en decisiones colectivas» ¿o era al revés?- echa un órdago diciendo que no habrá tal amnistía. Ah, para negarla, se puede emplear el término. ¿Cómo puedo yo contradecir esa opinión? ¿Cómo se lo discuto sin emplear el vocablo proscrito? Otro viejo protagonista, aunque estrenando designación, es el nuevo Delegado del Gobierno, Carlos «Jamás-Urkijo» Urquijo. La última vez apenas pudo ser, por la agonía política de su valedor Jose María Aznar. Pero ahora le ha llegado el ansiado momento. Y, sin duda, viene hiperactivo, cargado de furor y marcial tesón. Pero el libro de instrucciones de uso es otro, a pesar de lo que le pese.

En efecto, cuando muchos proponen vías de distensión él y otros pocos rebuscan nuevas y absurdas motivaciones para seguir desenfundando. Seguro que hubiese preferido prestar sus servicios en otro escenario. La situación política es la que es. Tardará en darse cuenta. Mientras, mantiene avizor esos ojos que todo lo ven.