Pablo González cumple un año en prisión en Polonia abandonado a su suerte

Un año después de la detención del periodista Pablo González por parte de la policía polaca acusado falsamente de ser un espía al servicio de Rusia, continúa en prisión preventiva. El periodista fue detenido el 28 de febrero de 2022 en Rzeszów, una ciudad del sureste de Polonia situada a unos 100 kilómetros de la frontera con Ucrania, a la que se trasladó para realizar un reportaje sobre los refugiados tras el estallido de la guerra de la OTAN contra Rusia.

«En la última vista que se celebró del caso el pasado 15 de febrero volvieron a prorrogarle otros tres meses la prisión provisional sin poner ninguna prueba encima de la mesa», explica Juan Teixeira, amigo cercano del periodista y miembro de #FreePabloGonzález, una asociación en apoyo a González.

«Está aislado 23 horas al día en una celda sin ventanas. Nos ha costado muchísimo meterle ropa de invierno para que no pase frío», relata su abogado, Gonzalo Boye, en conversación con infoLibre. Boye no ha podido visitarlo pero explica que González está sometido a estas condiciones porque le consideran un «preso peligroso». Y por ese motivo podría permanecer sine die en prisión provisional. «Polonia tiene un plazo límite para la prisión provisional, pero en algunos casos se lo saltan. Creemos que ellos van a hacer eso, saltárselo», señala. «La Unión Europea le ha exigido a Polonia que no se superen los dos años, pero hay casos hasta de ocho años», completa Teixeira. Y en esos casos la UE no dice ni mu.

Las autoridades polacas acusan a González de cometer un delito de espionaje tipificado en el artículo 130 del Código Penal del país que castiga con penas de uno a diez años de cárcel a quien «esté involucrado en actividades de inteligencia extranjera contra la República de Polonia». Una redacción tan laxa que se puede aplicar a cualquiera que moleste al régimen derechista polaco.

El periodista, que hasta la fecha de su detención trabajaba como 'freelance' para medios como La Sexta, Público o Gara, cubre desde hace diez años las relaciones del Kremlin con las antiguas repúblicas soviéticas y es experto en asuntos de seguridad. «Tiene un vínculo con Rusia innegable, tanto familiar como profesional, se ha especializado en las áreas postsoviéticas porque es el tema que más le ha interesado», resume su amigo, que lamenta el «oscurantismo» que se ha generado alrededor de González, para no molestar al amo estadounidense. «Ha habido muchísimo hermetismo alrededor del caso», expone.

Recientemente el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional recibió una comisión rogatoria desde Polonia en la que se solicitaba información acerca de si González había adquirido la nacionalidad española y, en caso de que así fuera, desde cuándo. «Han tardado un año en hacer esta pregunta al Estado español. Un año entero. Los abogados desde el primer momento lo dejaron clarísimo: enseñaron el libro de familia y explicaron la historia, con toda la documentación pertinente y ahí quedó archivado. Ahora, un año después, no sabemos muy bien por qué motivo piden esta prueba a la Audiencia Nacional. A mí me parece de cachondeo. Un periodista lleva detenido un año sin pruebas en un estado de la Unión Europea e incomunicado», lamenta Teixeira.

González, nieto de un niño de Rusia exiliado como consecuencia de la Guerra Civil Española, nació en Moscú en 1982 y fue inscrito con el nombre de Pavel Rubtsov, por lo que contaba con pasaportes de ambas nacionalidades. «¿Realmente están cuestionando una nacionalidad que tiene desde los nueve años? Cuando Pablo vino a España a vivir todavía existía la Unión Soviética. ¿Qué nos están queriendo decir? ¿Es un agente durmiente de la Unión Soviética que luego empezó a trabajar para Moscú? Esto parece una película de Forsyth«, lamenta Boye.

Su abogado indica los próximos pasos: «Estamos a la espera de que autoricen, de una vez por todas, que yo le pueda visitar y que la Fiscalía nos entregue una copia de todo el procedimiento. Ahora solo tenemos una parte, y en esa parte no nos podemos defender porque no hay nada ilegal. Lo que sí sabemos es que no le acusan de haber recabado información para Rusia, sino de redactar información favorable a Rusia», explica. «Hemos revisado todo para ver de dónde sacan eso», se pregunta Boye.

González figura desde agosto de 2016 en una lista de periodistas considerados «prorrusos» que obraba en poder de la Open Society Fundation del magnate George Soros, organización al servicio del Departamento de Estado de EEUU. Sin embargo, no es difícil encontrar críticas al gobierno ruso en su blog, en sus crónicas y en su cuenta de Twitter.

«Esas dos semanas antes de su detención los servicios de inteligencia ucranianos se ponen en contacto con él y lo interrogan, le hacen ver que sospechan que puede ser un espía ruso porque escribe para el diario Gara y tiene una tarjeta de la caja laboral Kutxa, esas son todas las pruebas que ponen sobre la mesa. Ahí decidimos abandonar el país por las presiones y, tras los interrogatorios del CNI, decide volverse. Él me llamó para que me fuera con él y me decía ‘me han investigado ya y han visto que no hay nada, no voy a dejar de trabajar por esto’. Nadie se imaginaba que pudiera acabar así», relata su compañero, que cree que el hecho de que González sea periodista 'freelance' también le ha perjudicado. «Si hubiera habido un medio potente detrás, esto no se hubiera desarrollado de la misma manera. Es una de las razones más de la precariedad en la que vivimos los freelance»

El papel del Gobierno y la visita del CNI

Tal y como relata Teixeira, antes de su encarcelamiento el periodista fue interrogado por los servicios de inteligencia polacos. En paralelo, el tenebroso CNI español se presentó en el domicilio de su familia, en Nabarniz, un pequeño pueblo al noreste de Bilbao. Los agentes hicieron un "interrogatorio orientado" a su esposa y a un pequeño núcleo de amigos de González acerca de las actividades del periodista.

Fue entonces cuando tomó la decisión de volver a España, por miedo a que los servicios españoles actúen contra su familia, aunque antes de marchar mantuvo una conversación en Kiev con el cónsul general de la Embajada española, para explicar su caso. Tanto Boye como su compañero afirman que el cónsul es el único que se ha preocupado «humanamente» por las condiciones de González, al que ha visitado en nueve ocasiones.

En contraposición, Boye lamenta el papel que está jugando el Ejecutivo español en todo el caso. «El Gobierno lo que está generando es más dudas que certezas, son los primeros que vulneraron la presunción de inocencia de Pablo. Parte del problema surge del propio CNI. A veces se nos desordenan las fechas y podría parecer que España va a remolque de Polonia, pero fueron ellos quienes empezaron todo esto», explica. Desde el ministerio de Exteriores lavan las manos y se remiten a la última comparecencia del ministro José Manuel Albares en sede parlamentaria, en la que aseguró, contra todas las evidencias, que los derechos de González se están respetando. Pero de intervenir o al menos preguntar en la UE o ante el régimen polaco, nada de nada.

«No sabemos si están haciendo algo o no, si están llevando las negociaciones en secreto o qué, no sabemos nada. Lo único que nos dicen es que la justicia polaca es independiente y que se está cumpliendo la legalidad polaca, que se le está dando apoyo como a cualquier otro ciudadano del Estado español detenido en el extranjero. Es su mantra. Más allá de ahí, absolutamente nada», afirma, por su parte, Teixeira.

#FreePabloGonzalez: una campaña de crowfunding para financiar la defensa

En el intento de defender sus derechos, la familia ha contratado hasta a tres equipos legales: al citado Gonzalo Boye, a un abogado polaco llamado Bartosz Rogala y un equipo de penalistas polacos que contrataron hace un par de meses. «Tres equipos trabajando supone mucho dinero y la familia llegó a un punto en el que no se podía hacer cargo de mucho más. De ahí surge la organización #FreePablo, para dar apoyo económico a través del crowfunding y tener vivo el caso a través de los medios», explica Teixeira.

«La respuesta pública ha sido maravillosa, creo que hay recaudados más de 40.000 euros desde que lo abrimos. Es una pasada, aunque es verdad que eso nos lo gastamos en la primera tanda de abogados. Pero no nos esperábamos que en estos momentos difíciles económicos que vive tanta gente pudiéramos tener este apoyo. Ha sido la única noticia positiva en todo esto», señala el periodista.

Además, también le envían entre 300 y 400 euros al mes a la cárcel. Con este dinero el periodista compra las «pocas cosas» que le dejan, como suplementos que necesita «por no ver nunca la luz del sol». «La alimentación que le proporcionan en prisión es bastante deficitaria y necesita intentar cubrir sus necesidades con suplementos alimenticios y vitamínicos tanto comprados en el economato como encargados al exterior”, explica.

Un año después de su encarcelamiento, desde la asociación han solicitado vídeos de apoyo de profesionales del gremio y personas vinculadas al periodista, también se están recogiendo los comunicados de asociaciones de prensa y por los DDHH para enviar a la Fiscalía y también hay previstos actos en el pueblo de González, Nabarniz, y en Bilbao. «La mayoría de estos actos no están organizados por #FreePablo, sino por gente que lo conoce de la universidad o del pueblo. No está todo centralizado. Todo el mundo que lo conocía lo apoyó y tiene claro que lo que están haciendo con él es un atentado a los DDHH», zanja Teixeira.