No ponérselo fácil al estado ni a su burguesía

Estos días se han vivido iniciativas y jornadas de movilización importantes. Sean las que han llevado a declarar a las localidades de Bakaiku y Dima dentro de una Euskal Herria independiente llevando a cabo un referéndum de autodeterminación, algo ilegal y perseguido por la ley de materializarse. Miles de personas participaron en una movilización pro-amnistía en Bilbo por la liberación de todo y toda represaliada política vasca, una reivindicación que hace apenas un año estaba guardada en el baúl de los recuerdos pero que sigue extendiéndose interconectada con el proceso de liberación nacional y social. Nutridas movilizaciones del 25N contra la violencia del patriarcado, nutridas movilizaciones internacionalistas en recuerdo a Fidel y en apoyo a la revolución cubana. Altsasu se quedó pequeña en protesta por la represión y montaje que ha llevado a la cárcel a numerosos jóvenes. La universidad de Leioa también se quedó pequeña en contra de la farsa electoral y un modelo caduco y a favor de una enseñanza propia del pueblo y para el pueblo…

Sin embargo no es el objeto de este artículo tratar sobre la movilización social sino sobre la desmovilización y sobre todo el peligro represivo que entraña el uso del sectarismo, el dogmatismo ideológico en relación a las herramientas de lucha o la deslegitimización organizada de iniciativas “que no se controlan”.

Los estados y la burguesía hacen un análisis constante de la salud de las diversas iniciativas populares y de las debilidades ideológicas de haberlas, en todo el campo rico y variado de lo que podríamos denominar disidencia al sistema. Entre muchas de las razones de ello se encuentra la modulación de la represión.

El caso histórico más paradigmático y sangrante de ello se vivió en Euskal Herria en 1984 y los asesinatos de la emboscada de Pasaia fueron su resultado directo debido al efecto inmediato que supuso que partes de la izquierda abertzale se posicionaran por primera vez con el estado tanto en la huelga general contra el movimiento autónomo independentista como en una estrategia de aislamiento y silenciamiento. Eso dio pie al estado español para pisar el acelerador represivo y terminar mediante una matanza y una razzia generalizada con el movimiento autónomo. Siendo este movimiento en realidad el más cercano en su día a la izquierda abertzale por encima de las discrepancias. Posteriormente sería contra la propia izquierda abertzale contra la que se usaría la misma medicina.

Cierto es que no estamos en 1984, pero los estados y la burguesía no olvidan sus éxitos y paradigmas que intentan adaptarlos al presente, ya que lo que funciona no se arregla. Sería lógico e inteligente que la contraparte tampoco olvide sus derrotas, ya que la derrota si algo tiene de positivo es que es de donde se pueden sacar siempre enseñanzas profundas.

Recientemente vivimos en Altsasu un montaje policial de manual. En los primeros momentos la respuesta institucional fue tibia y en cierta manera también criminalizadora de la juventud. Estilo modelo copy-paste por encima del bien y del mal. No fue hasta que la presión popular desbordó todos los diques, tanto los estatales como las limitaciones ideológicas, para poner encima de la mesa el alde hemendik, la verdadera coyuntura en la que se mueven pueblos asediados por las fuerzas de ocupación y para finalmente poner negro sobre blanco en torno a lo que pasó realmente. No se han podido evitar estas encarcelaciones pero la masiva movilización y la protesta que se ha levantado precisamente ha levantado por sí mismo un muro frente a la represión y no le ha salido gratis al estado sus maquinaciones. Sino que ha sufrido un coste. La acumulación de esos costes es lo que puede hacer en un momento dado el condicionar la represión. Esa enseñanza debe guiar cualquier ejemplo que pueda surgir, siempre teniendo en cuenta que las versiones oficiales están históricamente probadas como contenedoras de más mentira que verdad. Por lo que es inadmisible que ante una versión oficial, cualquiera que sea, la respuesta institucional sea de entrada tibia o criminalizadora como ante unos supuestos hechos ocurridos en Bilbo que podrían haber sido perfectamente otro Altsasu. Es bastante probable que de cara al futuro y especialmente si las luchas van emergiendo que esta situación sea explotada por los estados de cara a un enfrentamiento contra el movimiento popular.

De la misma forma, en los últimos días ha sido desalojado con mentiras el Gaztetxe de Alde Zaharra de Iruñea, se está intentando desalojar la casa ocupada Huarte 24, y esto se une a la expulsión de jóvenes de Compañia-3 o el brutal desalojo de Sarasate. Esto ha sido llevado a cabo por las fuerzas del cambio en Nafarroa.

Como se comentaba antes, los estados y la burguesía hacen un análisis constante de la salud de las diversas iniciativas populares y de las debilidades ideológicas de haberlas, en todo el campo rico y variado de lo que podríamos denominar disidencia al sistema. Y nos encontramos con que esta misma semana se ha dado la orden de desalojo del gaztetxe de Barakaldo junto a multas de 11.500 euros, y también se ha iniciado un proceso judicial para el desalojo del gaztetxe de Hendaia.

Pocas cosas son casuales en Euskal Herria, y la mejor forma de parar los montajes policiales así como la evidente estrategia que está en activo para barrer al movimiento de okupación es la presión popular. El 3 de diciembre tenemos una cita en Iruñea contra los desalojos y a favor de una de las puntas más afiladas del movimiento popular vasco: los espacios ocupados, gaztetxes y la autogestión.