De nuevo la tortura y su impunidad: Hospitalizado uno de los últimos detenidos vascos al autolesionarse tras cinco días de incomunicación

Gara.- El oreretarra Aitor Alberdi, encarcelado en la prisión madrileña de Valdemoro por orden del juez Fernando Grande-Marlaska, intentó cortarse las venas de la muñeca mordiéndoselas con sus propios dientes en los calabozos de la Audiencia Nacional española. Actuó así como consecuencia de las continuas torturas sicológicas que dijo haber padecido a manos de la Policía española durante los cinco días de incomunicación, y después de que el joven testificase lo que se le reclamaba. Según ha podido saber GARA, la autolesión de Alberdi derivó en hospitalización e intervención quirúrgica.

GARA ha confirmado el extremo de que Alberdi, que ayer mismo pudo hablar con su familia, «se hundió» por completo después de las torturas sicológicas que afirmó haber padecido durante la incomunicación y cuyo culmen, para el joven, supuso el hecho de que los policías españoles le mostrasen una orden de detención, firmada, contra su compañera sentimental, con la que lo presionaron durante todos los días. El sentimiento de culpabilidad que se apoderó del joven en los calabozos del tribunal especial, sumado a la claustrofobia, fue el detonante que forzó a Alberdi a autolesionarse, según ha relatado a sus allegados.

Chantaje sicológico

El oreretarra, que se encuentra fuera de peligro y apoyado en todo momento por tres prisioneros políticos de Donostia en la cárcel de Valdemoro, pasó la noche del martes al miércoles ingresado en un centro hospitalario de la capital española.

Según ha comunicado a sus familiares, Alberdi «enseguida se dio cuenta de que tenía que hacer frente a la situación» y que la acción de autolesionarse la realizó en un momento en el que el sentimiento de culpabilidad le superó del todo; «se hundió». No obstante, el joven de Errenteria ya ha comunicado a su abogado la determinación de comparecer de nuevo ante el magistrado español y retractarse de su testificación, que afirmó haber hecho bajo la coacción y presión de policías españoles.

Unas amenazas y malos tratos que parecen no haber sido solamente contra este oreretarra. Todos los jóvenes de Oarsoaldea que la Policía española detuvo en la madrugada del viernes 18, así como los dos del martes pasado, han denunciado haber sido objeto de malos tratos en las dependencias de la Policía.

Cinco de ellos, los que recuperaron la libertad el miércoles por la tarde después de abonar las fianzas económicas que les impuso el juez Grande-Marlaska, comparecieron ayer ante los medios de comunicación para dar cuenta de lo ya anunciado el mismo día en el que ingresaron en la prisión de Soto del Real, el martes: todos los jóvenes fueron maltratados por los agentes de la Policía española.

Golpes, amenazas y más golpes

Los oreretarras Haizea Iriarte, Beñat Burlata, Gorka Etxeberria y los oiartzuarras Jon Mikel Otxoa y Alex Etxeberria participaron en la rueda de prensa convocada por Torturaren Aurkako Taldea (TAT).

El semblante de los jóvenes dejaba traslucir lo que, acto seguido, confirmaron mediante las denuncias que ayer mismo interpusieron en el Juzgado de Instrucción número 2 de Donostia. Pero en esta ocasión, los medios de comunicación que acudieron a la convocatoria del TAT casi no llegaba a la cifra que respondió a la filtración de las FSE para cubrir in situ las detenciones de estos jóvenes.

Con voz entrecortada y evidentes secuelas del calvario padecido, Haizea Iriarte relató que los interrogatorios policiales fueron incesantes durante el periodo de incomunicación, así como «las amenazas, los gritos, los golpes, las humillaciones; han jugado con nosotros como han querido y hemos recibido un trato que ni imaginábamos y que no se lo deseamos a nadie».

Jueza de Donostia ni les atiende

Iriarte relató cómo, entre otros métodos de maltrato, la colocaron frente a su compañero sentimental -también detenido y a fecha de hoy encarcelado-, en cuartos separados pero comunicados mediante un cristal. Una luneta por la que él sí podía verla, pero ella no a él. El joven, contemplaba cómo ella era obligada a desprenderse de sus ropas por cada respuesta que él daba y que a los policías «no les gustaba». Mientras, según denunció Iriarte, también pegaban y maltrataban a su compañero.

El abogado del TAT Aiert Larrarte, además de denunciar de nuevo que «la incomunicación posibilita y ampara la tortura», insistió en que la tortura se traduce en todo un sistema «en el que también participan de forma activa, amparándola, los tribunales y sus jueces». Y como botón de muestra, con un tono de gran enfado e indignación, Larrarte denunció la «increíble» actitud que mantuvo ayer con estos jóvenes la titular del Juzgado número 2 de Donostia.

Según relató el letrado, la jueza de Donostia ni siquiera quiso tomar declaración a los jóvenes en persona. Pese a las denuncias de los miembros del TAT, la jueza rechazó la petición y se limitó a leer, en un cuarto contiguo, las declaraciones que recogía una secretaria a los cinco jóvenes. Larrarte alertó de que, aunque en la denuncia judicial se recoge como si la declaración la hubiera tomado en persona la magistrada, no fue así. También anunció que denunciarán ese proceder en otras instancias.

Pero lejos de ser ésa la única crítica contra el proceder de la jueza, el letrado destacó que negó a los jóvenes el derecho de nombrar a sus abogados de defensa, por lo que imposibilitó que el TAT participase como acusación particular y exigiera el desarrollo de otras medidas. Por si fuera poco, TAT denunció que la magistrada también negó a los jóvenes la petición de que les examinara, acto seguido, un médico forense del Juzgado.

Una medida que imposibilita demostrar, por ahora, las marcas de golpes que tiene en la cabeza Alex Etxeberria; o que el oreretarra Gorka Etxeberria haya perdido 9 kilos de peso durante la incomunicación. Todas estas denuncias podrían resultar demostradas habida cuenta de que tras su detención fueron también atendidos por facultativos forenses del mismo Juzgado de la capital guipuzcoana.

«¡Es increíble! Y, más aún, cuando en casos como estos las únicas pruebas de torturas son los propios testimonios de los jóvenes. ¡Y ni siquiera ha querido atenderles!», denunció con gran enfado el representante de Torturaren Aurkako Taldea.

Los cinco jóvenes quisieron ejercer en vano su derecho a declarar en su lengua, en euskara. Pero tras la petición de que llamasen a un traductor, la respuesta llegó cuando se personó una persona que traducía del castellano al italiano. Ante el cúmulo de excesos, finalmente, tuvieron que testificar en castellano, en contra de su deseo.

La asociación contra la tortura puso especial énfasis en que la tortura comienza con la impunidad que otorga el periodo de incomunicación de las personas detenidas, pero que se trata de todo un sistema «bien engrasado», en el que también, y de forma evidente, «es parte activa el sistema judicial y las leyes que aprueban los partidos políticos».

Merino se levanta y se va

Después de abordar todos los puntos del Pleno que se realizó ayer en Errenteria, los ediles independentistas interpelaron al alcalde del PSE, Juan Carlos Merino, para que se posicionase ante las denuncias de torturas de los jóvenes. Se levantó y se fue.

Protestas en Oiartzun y Orereta

Tal y como ha sucedido a lo largo de toda la semana, ayer también se llevaron a cabo protestas en Oiartzun y Errenteria para denunciar el operativo policial y sus consecuencias. Los estudiantes de Oiartzun realizaron un paro a las 12.00, y después, a las 12.30, con gran parte de los comercios cerrados, 250 personas se manifestaron. Por la tarde, lo hicieron 500. En Errenteria también fueron cientos los vecinos que salieron a la calle.

Cajero calcinado en Erro

Un cajero automático de Caja Rural quedó totalmente calcinado en la localidad navarra de Erro, como consecuencia del ataque que sufrió por desconocidos ayer a las 6.50, según informó la Delegación del Gobierno español en Nafarroa.

«No hay voluntad política para acabar con la tortura»

El grupo parlamentario Ezker Abertzalea salió ayer al paso de las denuncias de torturas de los jóvenes de Oarsoaldea y denunció que «no hay voluntad política para acabar con esta situación, y las personas detenidas siguen sufriendo este trato inhumano y degradante». Censuraron que ante estos testimonios de maltratos, estos jóvenes «no han tenido la respuesta política ni institucional que debería, ante hechos graves que ocurren porque se permite la incomunicación».

Criticaron que tanto los informes de Amnistía Internacional como los informes del relator de Naciones Unidas en los que se denuncia la práctica de la tortura por parte del Estado español, caen en saco roto. También recordaron que la Cámara de Gasteiz aprobó el pasado 1 de diciembre una declaración en la que se pedía la derogación de la Ley Antiterrorista y la exigencia de la desaparición de la incomunicación. «El Gobierno español hace oídos sordos a estas peticiones, pero en un país democrático debería ser el propio gobierno el que tomara medidas para que no hubiera ni siquiera sospechas», concluyeron.

G.M.

De nuevo la tortura y su impunidad
Editorial Gara

En este país son poco menos que habituales los relatos de malos tratos, como el de los cinco jóvenes de Oarsoaldea detenidos la semana pasada y puestos en libertad el pasado miércoles. O como el de Aitor Alberdi, detenido en la misma operación y actualmente encarcelado, quien, según ha podido saber GARA, se autolesionó mordiéndose las venas de las muñecas en un momento en que las circunstancias le superaron. Esas terribles circunstancias fueron el continuo maltrato, la presión psicológica, para la que utilizaron incluso a sus seres queridos, a fin de que confesara en contra de su voluntad. Difícilmente el «trato correcto» dispensado a un detenido puede llevarle a esa situación límite.

La legislación española no sólo permite sino que dispone la incomunicación, procedimiento a partir del cual la tortura tiene cabida y cobertura, especialmente cuando se aplica a quienes previamente han sido señalados por su supuesta tendencia ideológica. Esa criminalización cuenta, además, con una inestimable ayuda mediática. Pero las responsabilidades se reparten a lo largo de toda una cadena en la que ningún eslabón puede fallar. Por eso son posibles los casos de tortura y existe impunidad para quienes la practican, proporcionada precisamente por quienes mayor celo deberían poner en investigar y sancionar esos delitos. En numerosas ocasiones ciudadanos que han pasado por la Audiencia Nacional española se han referido a la indiferencia del juez ante las denuncias de malos tratos; indiferencia extensible a otros estamentos, como recientemente advertía el Relator especial de la ONU sobre los informes de los forenses. Esas actitudes propician que los malos tratos queden impunes y, por tanto, son una forma de alentarlos.

Esa actitud, no obstante, también se puede observar en la justicia ordinaria, a tenor de lo que los cinco jóvenes oreretarras y oiartzuarras, que ayer interpusieron sendas denuncias en el Juzgado número 2 de Donostia, dijeron. La titular de ese juzgado no quiso tomarles declaración -declararon ante una secretaria- ni que un forense los examinase. Es preciso denunciar la práctica de la tortura, pero también a quienes la amparan.