El tiro en la nuca lo daba el CESID: el caso de Lutxi Urigoitia

El asesinato de Urigoitia y toda la actuación posterior del Estado fue todo un acto al servicio del ocultamiento. Todos los involucrados siguen vivos y sin que hayan sido juzgados.

El 22 de julio de 1987, una unidad especial de la Guardia Civil asalta un piso del barrio de Trintxerpe, en Donosti. Según la nota oficial: como consecuencia del tiroteo que se produjo en el interior de la vivienda, resultó muerta la militante de ETA Lucía Urigoitia. Según el atestado elaborado por los agentes, Urigoitia iba armada e hizo frente a los guardias.

Días después, el diario Egin publicaba la autopsia, que aclaraba que Urigoitia había recibido «dos disparos en dos momentos distintos» y que la bala que la mató fue disparada con el cañón de la metralleta «prácticamente tocando la piel», y el abogado de la familia, Iñaki Esnaola, consiguió la apertura de un sumario judicial para determinar de qué manera había muerto la joven, ya que todo indicaba que había sido ejecutada mediante un tiro en la nuca.

Aunque no figuraba en ningún documento, los guardias civiles que protagonizaron el asalto sabían lo que había pasado y también lo conocieron sus mandos en el cuerpo y en el Ministerio del Interior, según reveló posteriormente el ex director de la Guardia Civil, Luís Roldán. Como podía ser un descrédito para la lucha antiterrorista, alguien decidió que había que tapar los agujeros que podían llevar a demostrar que el tiro en la nuca lo daba el CESID.

Unidades especiales de la Guardia Civil entraron en el domicilio del juez para sustituir un proyectil por otro. En el laboratorio de balística se cambió secretamente el cañón y se manipuló un chaleco antibalas. Sin que nadie se hubiera enterado, habían desaparecido todas las pruebas que podían apoyar la versión del tiro en la nuca. De hecho, en octubre de 1990, el juez instructor dictó el sobreseimiento provisional de la causa, sin que hubiera motivos para que el abogado de la familia Urigoitia presentara recurso. Por no haber, no hubo ni denuncia de la desaparición de las pruebas por parte de los encargados de custodiarlas. Era todo una opereta.

En el CESID tenían cabal conocimiento de lo que en realidad había pasado. El 3 de noviembre de 1987, el jefe del Departamento de Acción Operativa, Alberto Perote, escribió una «nota interior», en la que informaba al director de todos los extremos de las actuaciones irregulares de la Guardia Civil, información que procedía de agentes del cuerpo destinados en el cuartel de Intxaurrondo.

¿Qué hizo el director o alguien del servicio secreto respecto al tema? Absolutamente nada. Según escribió Perote en el informe, «esta información parece ser que es conocida por el presidente del Gobierno, el ministro del Interior, Rafael Vera y alguna persona más«. Según el periodista Fernando Rueda, autor del libro «Las Alcantarillas del poder», todo fue un acto al servicio del ocultamiento donde todas las estructuras del Estado estuvieron involucradas.