Iruñean desalojatzen da: Respuesta a las mentiras del ayuntamiento de Iruñea

El jueves pasado, 21 de marzo, se llevó a cabo el desalojo de un piso okupado situado en la calle Jarauta, por parte de la empresa municipal Pamplona Centro Histórico – Iruña Biziberritzen SA, propietaria del piso (y de todo el edificio). Aquella mañana tuvimos que soportar momentos desagradables: la calle Jarauta plagada de munipas, amenazas a quienes protestaban por el desalojo, hostigamiento e intentos de entrar al resto de pisos del bloque aunque la resolución judicial solo les permitía desalojar un piso… No debemos olvidar que PCH es una empresa dependiente del Ayuntamiento de Pamplona. Recordemos el origen de esta empresa: PCH fue creada en 2003 por el Ayuntamiento de Pamplona gobernado por UPN, cuando la entonces alcaldesa Yolanda Barcina nombró a Enrique Maya gerente de urbanismo. Al poco tiempo adquirieron el frontón Euskal Jai a través de esta sociedad, y lo acontecido después es de sobra conocido. En agosto del año 2004, cuando el gaztetxe Euskal Jai fue desalojado y derruido, era propiedad de PCH.

Volviendo a nuestros días, desde PCH se llenan la boca con la rehabilitación de las viviendas y su “uso social”, pero si nos atenemos al caso del edificio de Jarauta que antes he mencionado, la redacción del proyecto para su derribo se le adjudicó a una empresa el 18 de febrero de 2016, y se preveía aprobar el proyecto en 2017. Por el contrario, no volvimos a tener noticias sobre ese proyecto hasta finales del año 2018, cuando afirmaron que el comienzo de las obras de derribo se preveía para el último trimestre de 2019 (habrá que ver si esta vez cumplen los plazos que ellos se han marcado…). Y mientras tanto, quieren el edificio vacío. Ese es el destino que guarda la burocracia de las instituciones para sus espacios; mantenerlos vacíos, contribuyendo de esta manera a la absurda lógica de la vivienda-mercancía: tantas y tantas viviendas vacías, y al mismo tiempo cuántas personas sin vivienda, o con enormes dificultades para acceder a una vivienda digna. En última instancia, las instituciones, al igual que los bancos y empresas, no pueden pasar de ser meras reproductoras del modelo capitalista de vivienda-mercancía por los límites que el propio sistema impone, y de esta manera, a pesar de su supuesto carácter “público”, son partícipes de la especulación. También podríamos poner en cuestión la función que cumple la propia PCH: ¿a quién benefician sus proyectos? ¿Cuántas empresas se lucran con dinero público en estos procedimientos? ¿Qué modelo de barrio quieren para el Casco Viejo? ¿Por qué ese interés en derribar algunos edificios del Casco Viejo con la excusa de hacer “viviendas sociales”, cuando el Ayuntamiento tiene en su propiedad cientos de inmuebles sin uso que podrían usarse como viviendas sociales?

Por otro lado, el mismo día del antes mencionado desalojo de la calle Jarauta, el medio Naiz.eus publicó una noticia que contenía información falsa, y me veo en la necesidad de desmentirla. http://iruindarra.naiz.eus/eu/info_iruindarra/20190321/desalojado-un-inmueble-de-irunea-que-el-ayuntamiento-rehabiltara-para-uso-social

En esa noticia se reproduce la versión del Ayuntamiento de Pamplona, según el cual “Pamplona Centro Histórico había alcanzado un acuerdo con la persona que vivía en este inmueble, por el que asumía una serie de responsabilidades ante la constatación de que el edificio se encontraba en un estado precario. Este acuerdo garantizaba a esta persona que podía continuar habitando esta vivienda”. Para empezar, el acuerdo que mencionan jamás ha existido. Según la única conversación mantenida directamente con el ayuntamiento, hasta que empezaran las obras previstas para el edificio (como antes se ha dicho, se prevé que su comienzo sea en el último trimestre del año 2019), no tenían intención de vaciarlo ni de proceder a ningún desalojo. Hasta ahí de acuerdo, antes de que empezaran las obras del edificio tenía intención de marcharme; pero cuál fue mi sorpresa cuando a finales de febrero recibí una orden de desahucio para el 21 de marzo, sin que hubiera ningún tipo de obras sobre la mesa, claro. La noticia sigue así: “Tras alcanzarse un acuerdo, esta persona comunicó ayer [20 de marzo] que se desmarcaba del mismo”. Hace falta tener poca vergüenza para afirmar algo así, cuando ellos no cumplieron lo que les correspondía de ese supuesto acuerdo (¿dónde están las obras del edificio?) y me mandaron, un día antes del desalojo, un documento que me permitiría estar allí hasta principios de junio para que lo firmara. Vaya manera de negociar, con una orden de desalojo sobre la mesa, mandando un documento un día antes de la fecha prevista para el desalojo, para que les entregara las llaves de “manera pacífica” antes del 1 de junio (aún sin fecha para las obras; ¿dónde está ese acuerdo que mencionáis?). Es la negociación del chantaje; o firmas o mañana mismo te echamos. En esas condiciones, claro, no firmé nada. Y, además, ahora se cuelgan la medalla del acuerdo. Una jugada redonda. Por último, al final de la noticia se puede leer lo siguiente, en boca del Ayuntamiento de Pamplona: “no dejamos a nadie en la calle”. Pues ninguno de ellos se ha preocupado de buscar un sitio donde pudiera vivir después del desalojo; he tenido un sitio donde dormir estos días gracias a unxs amigxs. ¿Es eso asegurar una “alternativa habitacional” antes de un desahucio?

Para terminar, quisiera lanzar una pregunta. ¿Por qué desaloja el Ayuntamiento de Pamplona a un vecino del Casco Viejo de una vivienda que de otra manera llevaría años vacía, para la cual (además) en estos momentos no hay unas obras sobre la mesa? Y detrás de todo lo contado, una realidad que está a la vista, pero que me veo en la obligación de decir: en Iruñea se desaloja, sea cual sea el partido en el gobierno.