Juicio contra el movimiento pro amnistía: La jueza ayuda a un guardia civil a corregir su declaración

Madrid.- La denuncia de la tortura y de su utilización para obtener declaraciones inculpatorias de los detenidos en comisaría al amparo de la Audiencia Nacional quedó ayer de manifiesto en la segunda sesión del juicio contra el movimiento pro-amnistía que se está desarrollando en la madrileña Casa de Campo.

Los tres represaliados vascos que acudieron a la vista como testigos propuestos por el Ministerio fiscal y la AVT aseguraron que fueron torturados durante el periodo en que estu- vieron incomunicados tras ser detenidos, y que fueron «obligados» por la Guardia Civil a declarar los hechos en los que se sustentan las acusaciones.

Jorge Olaiz y Susana Atxaerandio explicaron que interpusieron una denuncia ante los tribunales por las torturas sufridas, pero que después éstas fueron archivadas sin que nadie les preguntara nada. Ibon Aranalde, por su parte, relató que no denunció el «infierno» sufrido a manos de la Guardia Civil ante el juez porque los agentes le amenazaron con que si lo hacía sus familiares, y sobre todo su hermana, iban a padecer el mismo calvario.

El fiscal, Carlos Bautista, y el abogado de la AVT trataron de desacreditar sus declaraciones aferrándose a que no se ha celebrado ningún juicio contra los agentes que participaron en su día en sus tomas de declaración. Y la juez que preside la sala, Teresa Palacios, tuvo también una intervención significativa.

A uno de los guardias civiles que participó en la instrucción de las diligencias abiertas tras el arresto de Olaiz en diciembre de 2001, que se identificó con el número S-19990, se le «escapó» que la «preparación» de las manifestaciones fue espontánea tras ser preguntado por el fiscal si, como había relatado antes el preso político vasco, éstas fueron preparadas en comisaría y obtenidas bajo tortura.

La magistrada que preside la sala, Teresa Palacios, reaccionó y concedió al agente la oportunidad de que rectificara al preguntarle directamente si su alusión a la «preparación» se debía a un «lapsus» o debía ser tomada en cuenta literalmente.

«Traición del subconsciente»

En nombre de los imputados, Juan Mari Olano señaló tras finalizar la sesión, en declaraciones a GARA, que «hemos asistido a un espectáculo en el que ha quedado escenificado el círculo al completo en el que se sustenta el sistema de impunidad de la tortura».

Olano consideró que al guardia civil «le ha traicionado el subconsciente» cuando estaba realizando la declaración y censuró que la posterior corrección de la juez «resume» cómo funciona el «sistema de impunidad» de la tortura que «cierra» la Audiencia Nacional.

En este sentido, manifestó que las declaraciones bajo tortura en comisaría se producen porque «los jueces de la Audiencia Nacional prolongan el periodo de incomunicación y ante las denuncias no emprenden ni la más mínima investigación, con lo que son archivadas».

El portavoz del movimiento pro-amnistía añadió que, «por desgracia», las denuncias de torturas en comisaría «no son cosas del pasado», y recordó que los jóvenes detenidos en la última redada realizada por la Policía española en Orereta han sufrido malos tratos. Por ello, señaló que es un tema que tiene plena «vigencia» y ante el que los ciudadanos vascos «debemos sensibilizarnos y hacerle frente».

«Nadie me pregunto nada»

Olaiz, que se encuentra en prisión desde finales de 2001, fue el primero en declarar como testigo de la acusación. El fiscal le cuestionó si fue «captado» para entrar en ETA a través de una carta que le entregó Josu Beaumont, según consta en las diligencias abiertas tras su arresto, y el preso político explicó que esa declaración no fue «voluntaria».

Olaiz relató que su testimonio se produjo tras cuatro días incomunicado «sufriendo torturas y malos tratos» por parte de la Guardia Civil. El preso vasco señaló que interpuso una denuncia por esos hechos, pero que ha sido archivada sin que «nadie me preguntara nada» sobre lo sucedido.

Atxaerandio también denunció que, cuando fue detenida en 2002, la Guardia Civil «tenía interés en que declarase» que Maite Díaz de Heredia era la responsable de Gestoras pro-Amnistía en Araba y que le prepararon una declaración en la que le dijeron «las preguntas y las respuestas que tenía que dar».

«Me hicieron miles de preguntas entre golpes, humillaciones, abusos sexuales y vejaciones», refirió.

El abogado de la AVT le preguntó por qué no le contó nada de eso al médico forense que le asistió durante los días que estuvo incomunicada y Atxaerandio reveló que los agentes amenazaron con «arrancarme la cabeza» si lo hacía. La testigo contraatacó incluso criticando que lo que no entiende es cómo el forense no se percató del trato que estaba recibiendo cuando «tenía marcas de quemaduras y un esguince cervical que me impedía levantar la cabeza. Además, estaba temblando porque me obligaron a estar desnuda y me echaron agua fría».

Además de ello, recordó que no ratificó la declaración policial ante el juez de la Audiencia Nacional y que cuando fue enviada después a la prisión de Soto del Real el médico que le examinó confirmó sus lesiones.

«Anulado» sicológicamente

Aranalde explicó igualmente ante el tribunal que juzga este macroproceso que las manifestaciones que realizó tras ser detenido fueron producto de los malos tratos y que todo lo que dijo eran datos aportados por los agentes del instituto armado, que le obligaron a repetirlos en la declaración ya que él no conocía ni los locales que utilizaba Askatasuna ni a los responsables del organismo antirrepresivo.

Según declaró Aranalde, «al margen de los golpes físicos, me anularon sicológicamente como persona. Me tuvieron con los ojos tapados durante los cuatro días y me amenazaron con mi familia si lo denunciaba».

Gara