La defensa reclama la libre absolución de los condenados en el sumario 18/98

Los abogados de los 47 ciudadanos vascos condenados en el sumario 18/98 han censurado hoy ante el Tribunal Supremo el modo en el que el juez Baltasar Garzón llevó a cabo la instrucción del sumario y han denunciado que el magistrado sometió la causa a "indebidas dilaciones" que, según han advertido, podrían tener consecuencias de cara a un posible recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH), según la agencia española Efe.

"En caso de que se dictase una sentencia condenatoria, cómo se podría explicar ante los tribunales europeos una causa que comenzó a investigarse en 1989, que no se juzgó hasta 2007 y que en 2009 aun no hay una sentencia firme, cómo se podrá explicar que no se han practicado dilaciones indebidas", ha advertido el abogado Kepa Landa.

Primera jornada de la vista pública

El Tribunal Supremo comenzó ayer a analizar los recursos presentados a la sentencia del macroproceso 18/98. La resolución fue emitida en diciembre de 2007 por la Audiencia Nacional española y condenó a 525 años de cárcel a 47 ciudadanos y ciudadanas vascas. Los abogados de los procesados reclamaron durante la vista pública celebrada en el Alto Tribunal la libre absolución de todos los condenados, ya que a su juicio en la sentencia no se aportan pruebas para sustentar las acusaciones y porque, además, no se han respetado las garantías jurídicas y han sido vulnerados derechos fundamentales.

El letrado Kepa Landa censuró que la sentencia "hace afirmaciones que están sustentadas en el vacío" y citó como ejemplo las acusaciones basadas en el "Proyecto Udaletxe". En la sentencia se asegura que KAS fue la encargada de elaborar un proyecto de financiación de ETA bajo esa denominación, pero según denunció el abogado no se ha aportado ningún movimiento económico ni documento que lo certifique y tampoco existe un sumario abierto en la Audiencia Nacional al respecto.

Landa pidió también al tribunal que no valore los informes periciales, ya que los policías debieron declarar como testigos en el juicio. La abogada Jone Goirizelaia, por su parte, explicó que la sentencia no recoge que cuatro de los imputados denunciaron haber realizado las declaraciones policiales tras haber sufrido torturas. Asimismo, alegó que se ha vulnerado el derecho a un juicio sin dilaciones indebidas, ya que las primeras diligencias se iniciaron en 1998 y se ha mantenido parado durante años.

Los letrados José María Elosua y Álvaro Reizabal sostuvieron ante el tribunal que no se han producido delitos económicos ni contra la Seguridad Social. En la sesión de tarde, el abogado Iñigo Iruin denunció que no existen pruebas para condenar por pertenencia y colaboración con ETA a los procesados ya que no se especifica qué actos habrían cometido.

Rebaja de condenas

La vista para analizar los recursos presentados en el Supremo se alargará hasta mañana. Será entonces cuando la Fiscalía haga públicos los razonamientos por los que ha decidido apoyar parcialmente los recursos de casación presentados por 33 de los 47 condenados.

Asimismo, solicitará la libre absolución, por falta de pruebas, de cinco de los nueve condenados por su vinculación con la Fundación Joxemi Zumalabe: Sabino Ormazabal, Olatz Altuna, Alberto Frías, Mario Zubiaga y Mikel Aznar. En este sentido, ayer 500 voces dieron a conocer un manifiesto suscrito por políticos, artistas y organizaciones sociales catalanas en el que reclaman la libre absolución de los imputados por la Fundación Zumalabe.