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La Guardia Civil deja en evidencia la versión del Ministerio de Interior
El auto judicial emitido el pasado 27 de febrero por el Juzgado de Instrucción número 1 de Donostia, por el que acuerda continuar en un tribunal superior con el proceso contra quince guardias civiles por un delito de torturas y lesiones contra Igor Portu y Mattin Sarasola, añade nuevos elementos probados que se agregan a otros ya publicados que evidencian la falsedad de la versión y de las consiguientes declaraciones que ha mantenido el Ministerio de Interior.
En el escrito judicial, el magistrado de Donostia hace hincapié, sobre todo, en tres elementos que contradicen la versión oficial: la verosimilitud de la declaración prestada por el testigo presencial de la detención de los dos lesakarras; la contradicción en la que caen los agentes del instituto militar en su declaración; y, por último, el informe de los forenses independientes.
Para desgranar todos los elementos que refuerzan las denuncias de los lesakarras, aún más si cabe que el propio ingreso hospitalario in extremis de Portu, la cronología de los hechos resulta ser la información más objetiva a ofrecer.
Arranca con la hospitalización
Inmediatamente después de que Igor Portu y Mattin Sarasola fuesen arrestados en la mañana del 6 de enero del pasado año en Arrasate, el Ministerio de Interior informó, según recogía "El País", de que las detenciones se practicaron a las 13.00 en un control rutinario y que "no opusieron resistencia".
Aunque la defensa de los quince militares imputados intentó detener el proceso aduciendo que el caso arranca con las denuncias de Portu y Sarasola, presumiendo que son de ETA, lo cierto es que, tal y como subraya el juez, se inicia cuando el Juzgado recibe la llamada del director del Hospital Donostia informando del ingreso en la UCI de Igor Portu al correr riesgo su vida, con un cuadro clínico de múltiples golpes, un pulmón perforado y neumotórax.
Acto seguido, por la tarde, y mientras que Mattin Sarasola seguía incomunicado, el ministro español de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, compareció para cambiar la versión oficial, señalando que las lesiones producidas a Portu fueron consecuencia del uso de la fuerza para poder reducir a los jóvenes cuando intentaban, según Rubalcaba, huir del arresto. El control ya deja de existir.
Credibilidad del testigo ocular
A los tres días, el 10 de enero, el testigo ocular de los arrestos echó por tierra la versión oficial cuando declaró en un Juzgado de Bergara. El joven relató que las detenciones se practicaron ente las 10.00 y las 10.30 ante la escuela Erguin de Arrasate. Además de ofrecer una descripción muy detallada del entorno, el testigo relata cómo vio descender del camino de Udala a dos montañeros, momento en el que apareció la Guardia Civil.
Señala que "se dirigieron a ellos directamente" y que les pidieron las mochilas y les cachearon, y que también registraron el coche de los navarros, "un Volkswagen Caddy". Agrega que "la detención fue limpia", que no opusieron resistencia alguna al arresto.
Sobre este testimonio, una vez que se emprendieron las diligencias, la defensa de los militares -que durante el proceso introdujo a un abogado traído expresamente desde Madrid- intentó desprestigiarlo, argumentando que cuenta con un familiar encarcelado acusado de ser de ETA. Pero el juez instructor hace especial hincapié en este testimonio, ofreciéndole verosimilitud, ya que relató datos que en ese momento no eran de conocimiento público y que después fueron confirmados también por los dos lesakarras.
El otro control que sí existió
Para entonces, varios vecinos de la zona donde se produjeron los arrestos habían confirmado a GARA la presencia de la Guardia Civil sobre las 10.00. Este diario también confirmó -ver edición del 11 de enero-, recabando varios testimonios, la existencia de un retén policial que se prolongó hasta cerca del mediodía en la "muga" de Gipuzkoa con Araba, en el que los militares retuvieron y negaron el paso a decenas de paseantes.
Igor Portu y Mattin Sarasola coincidieron en sus relatos con la declaración del testigo ocular, así como que les llevaron a "un puerto", desde donde les bajaron a un río, en el que les golpearon y torturaron, además de sumergirles la cabeza en el río.
En este punto es de especial trascendencia recordar que los testimonios de Portu y Sarasola coincidieron plenamente, y que ese relato cobra aún más fuerza teniendo en cuenta que ambos se encontraban incomunicados, sin contacto alguno entre ellos.
Marlaska no obvió lo evidente
Pero es que, además, el juez Grande-Marlaska subrayó este extremo tras la toma de declaración a Sarasola en Madrid, tras lo cual se "lavó las manos" y dejó el caso en Donostia.
Después de que el juez instructor ordenase identificar a los que les detuvieron, trasladaron y custodiaron, el 22 de febrero declararon en Donostia ocho guardias civiles imputados por torturas a Igor Portu.
Pillados en su propia mentira
Ese día, en el que la Ertzaintza cargó de forma salvaje contra decenas de ciudadanos que se concentraban en el exterior, los guardias civiles, casualmente, mimetizaron lo expuesto por GARA sobre el retén policial.
Los militares adujeron que, tras el arresto, los coches camuflados se dirigieron a Intxaurrondo con los detenidos, y que los Patrol se fueron a realizar "un reconocimiento de zona de la muga con Álava y Vizcaya". Pero los guardias civiles han caído en su mentira, después de que el juez recibiese los tickets de los vehículos policiales a su paso por el peaje de Zarautz.
En los informes de Bidegi se recoge cómo todos los vehículos implicados pasaron la barrera de Arrasate entre las 9.50 y 9.53, cuando adujeron que los arrestos se practicaron a las 11.00. Y que de regreso, tanto los Patrol como los coches camuflados con los detenidos pasaron por Zarautz a las 12.07 y 12.10. Los tickets demuestran la falsedad de lo relatado por los militares.
Los forenses independientes
Respecto a las lesiones que mostraron Portu y Sarasola, el juez otorga credibilidad a los informes de los forenses independientes que afirman con rotundidad que "algunas de las lesiones no hubieran podido producirse nunca" según la versión oficial. Y, evidencian, que los daños avalan el testimonio de los navarros. El juez también rechaza la petición de la defensa de los agentes para citar a declarar a los peritos forenses.
Es así que el juez mantiene la imputación contra los quince militares por un delito de torturas y lesiones, que, añade, "son perfectamente imputables tanto a los agentes que materialmente las causan como a quienes las consiente, por la posi- ción de garante que ocupaban los agentes custodios".
