La Mayoría sindical vasca rechaza los juicios políticos

Durante más de seis meses ha tenido lugar en Madrid un juicio contra cuarenta personas, buena parte de las cuales fueron parte de la Mesa Nacional de Herri Batasuna, Batasuna y dirigentes de Euskal Herritarrok.

Durante este tiempo se han manifestado en contra de este proceso numerosas personas, agentes y organizaciones. También numerosos comités de empresa. Como era de prever, sobre las personas enjuiciadas no se ha podido establecer ningún hecho concreto que establezca su vinculación o colaboración con ETA. Como han señalado destacados y destacadas juristas de muy diferente adscripción ideológica, se ha hecho un uso ajeno al derecho de la llamada "teoría del entorno" para acabar inculpando y procesando a un espacio ideológico o cultural, algo absolutamente inespecífico y arbitrario.

Junto a todas las irregularidades previas al proceso (detenciones innecesarias, incomunicaciones, privaciones de libertad, fianzas millonarias, bloqueo de cuentas corrientes, limitación de salida del territorio del Estado, obligación de firmar periódicamente, informes tendenciosos…) hay que añadir que en el transcurso del juicio las pruebas que se han practicado se han basado exclusivamente en testimonios policiales, lo cual constituye una práctica que no tiene parangón en toda Europa.

En definitiva, se han presentado como prueba de cargo actos que no son delictivos, y así se ha reconocido; se juzgan los fines políticos de las personas y organizaciones, no los medios; se juzga la actividad política y no hechos punibles.

Este juicio no constituye un ataque solamente contra las personas arbitrariamente procesadas, sino que es un ataque contra toda la sociedad vasca que pretende, y así lo ha manifestado, alcanzar una situación realmente democrática y libre de persecuciones y juicios políticos.

Por todo ello, las organizaciones sindicales CGT, CNT, EHNE, ELA, ESK, HIRU, LAB y STEE EILAS reclaman la nulidad del procedimiento, la absolución o el sobreseimiento de tal manera que queden en libertad todas las personas juzgadas.

Exigimos asimismo:

• Que no se celebren más juicios políticos;

• Que desaparezca de los procesos judiciales la aplicación del derecho penal del enemigo

• Que se respeten de manera incondicional el pluralismo político y los derechos fundamentales de asociación, libertad ideológica y de expresión

• Que se sienten unas bases sólidas de convivencia democrática.

Para que todo esto sea posible seguirá siendo necesaria la determinación de una sociedad movilizada para mostrar su rechazo a todas las prácticas antidemocráticas, hasta conseguir un escenario de paz y resolución.