La plataforma GUNE, exige que se tomen medidas para terminar con la pobreza y la precariedad

Durante el mes de marzo, se han realizado por Euskal Herria diversas marchas en contra de la precariedad y la pobreza. Hoy, 20 de marzo, con la participación de Txiki Muñoz (Secretario general de ELA) y Ainhoa Etxaide Secretaria general de LAB), se ha dado por finalizada la marcha mediante una manifestación que ha recorrido las calles de Iruñea. Los organismos y sindicatos que componen la plataforma GUNE han denunciado que es doble la problemática que padecemos; Por un lado, en Madrid se toman las decisiones sobre los modelos sociales y económicos y luego se imponen en Euskal Herria. Y por otro lado, los Gobiernos de Nafarroa y de la CAV, realizan una política neoliberal y en consecuencia, la precariedad se extiende al mundo laboral, y la pobreza a las calles. Para paliar toda esta problemática, desde el GUNE se plantean diez medidas: 1.- Aumento del SMI, que evite que tener empleo sea compatible con la pobreza 2.- Prestación por desenpleo digna y mientras dure la situación de falta de empleo. 3.- Aumentar la cuantia de las RGI y Renta Básica por encima del SMI actual. Garantizar que ambas prestaciones sean consideradas un derecho social. 4.- Establecer las ayudas de emergencia social como derecho; y que cubran la totalidad de las necesidades. 5.- Eliminar los recortes y los criterios restrictivos que se están aplicando a la hora de gestionar las prestaciones sociales. 6.- Aumento presupuestario para contar con unos servicios públicos (educación, sanidad, empleo, atención social) universales y de calidad. 7.- Garantizar el derecho a la atención sanitaria de todas las personas y el acceso a una vivienda digna. 8.- Que ninguna persona quede sin electricidad, gas o agua por falta de recursos. 9.- Garantizar el derecho a la libertad de expresión y la acción política, social y sindical. Rechazar la reforma del código penal y el anteproyecto de ley de seguridad ciudadana. 10.- Dotarnos de instrumentos propios en Euskal Herria para disponer de un sistema de protección social que garantice que todas las personas disfruten de una vida digna, autónoma y de calidad.