"La reforma fiscal del bloque PNV-PSE-PP es un fraude"

Tras el acuerdo fiscal alcanzado entre PNV, PSE y PP, en las Juntas Generales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa ya se han registrado las correspondientes iniciativas para tramitar por el procedimiento de urgencia las reformas del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades.

Es evidente que la suma de los tres partidos firmantes del pacto cuenta con la mayoría suficiente para sacar adelante sus propuestas en los tres parlamentos territoriales. Sin embargo, el impacto recaudatorio no será del mismo signo en todos los herrialdes, destacando especialmente el efecto negativo que tendría en Gipuzkoa la reforma del Impuesto sobre Sociedades presentada por el bloque PNV-PSE-PP.

Según la información elaborada por la Sección de Estudios de la Diputación de Gipuzkoa, la Proposición de Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades tramitada a iniciativa de PNV-PSE-PP supondrá una disminución recaudatoria estimada en 24,3 millones de euros. Esta cifra representa un 18% de la recaudación aportada en la campaña de 2012 (última disponible) por las empresas que tributan conforme a la normativa guipuzcoana del impuesto .

Por el contrario, y según las mismas fuentes, el proyecto de reforma de este impuesto impulsado por Bildu permitiría recaudar 25,4 millones de euros más, es decir, cerca de un 19% más de lo ingresado en la campaña de 2012 por las empresas sujetas únicamente a normativa guipuzcoana.

A este hecho debemos añadir que también el tratamiento fiscal concedido a las rentas del capital en el proyecto de IRPF diseñado por PNV-PSE-PP es más favorable y menos progresivo. Como consecuencia de ello, la modificación de la normativa vigente en Gipuzkoa provocaría una pérdida recaudatoria de10 millones de euros en este territorio.

En definitiva, cabe concluir que la “nueva política fiscal” anunciada en el acuerdo fiscal suscrito por PNV, PSE y PP es en realidad un fraude, en la medida que traiciona los principios y objetivos que dice perseguir: proporcionar la suficiencia recaudatoria necesaria para garantizar la prestación de los servicios públicos, y conseguir un sistema tributario más progresivo y justo.

No cabe duda que estos partidos políticos han optado por seguir amparando los intereses de las clases sociales económicamente más favorecidas, y por ello mantienen privilegios fiscales para las rentas del capital, los beneficios empresariales y las grandes fortunas.